PRONUNCIAMIENTO ASAMBLEA CIUDADANA

El 17 de junio, 75 personas reunidas en Asamblea Ciudadana, integrantes de organizaciones sociales, comunitarias y no gubernamentales que trabajamos en la defensa y promoción de los derechos humanos, tras deliberar en torno a la situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales DESCA en la ciudad de Medellín, manifestamos que:

1. Defendemos una noción integral de los derechos humanos que va más allá de la vida y la integridad. Consideramos que una vida digna implica la construcción de un entorno en el que se garanticen las condiciones para que cada quien cuente con posibilidades reales de desplegar sus proyectos de vida y sus capacidades para desarrollarse íntegramente como ser humano.

2. Consideramos que es una responsabilidad irrenunciable del Estado, asumir la garantía de los DESCA si pretende ser un Estado democrático. Dejar la garantía de estos derechos en manos del sector privado, como lo ha hecho el modelo neoliberal, asumir que los DESCA no son derechos sino servicios y pretender convertir a los ciudadanos y ciudadanas en consumidores, se constituye en una grave violación de los derechos humanos, que va en contra de instrumentos internacionales ratificados por el Estado colombiano y sobre todo, constituye una afrenta para la vida digna.

3. Nos preocupa especialmente la situación de la ciudad en torno a los derechos que hemos trabajado hoy, en especial en materia de:

· Agua y servicios públicos domiciliarios:
*El trámite del referendo del Agua en su paso por el Congreso, sufrió cambios sustanciales en su contenido, que afectan su concepción del agua como un derecho fundamental y existe una gran incertidumbre sobre la fecha de su realización.
*La carencia de agua potable en diferentes zonas periféricas de la ciudad incide en la calidad de vida de las comunidades por múltiples factores, entre ellos, la frecuente aparición de enfermedades, que afectan en su mayoría a la población infantil.
*Crece día a día el número de familias en la ciudad que se encuentran en situación de desconexión de los servicios públicos domiciliarios esenciales, lo cual lesiona de manera significativa sus condiciones de vida.

· Salud y soberanía alimentaria:
*La situación de pobreza en que vive más de la mitad de la población de la ciudad, afecta directamente el goce del derecho a la salud y a la seguridad alimentaria, en especial la situación de vulnerabilidad económica que padecen las mujeres cabeza de familia.
*La creciente mercantilización de los alimentos afecta la soberanía alimentaria y va en detrimento del goce efectivo de este derecho.
*Los programas en materia de seguridad alimentaria diseñados por el Municipio, no garantizan el goce de este derecho de manera integral, ya que no cuentan en su formulación con un enfoque diferencial que permita especificar sobre las costumbres alimentarias de los diferentes grupos poblacionales.
*La seguridad alimentaria es considerada como un problema de los particulares y no como un problema del Estado.
*Es lamentable que en la contradicción entre tierras para la siembra de alimentos vs agro combustibles, predomine un enfoque rentístico que privilegia la producción para abastecer el mercado internacional en detrimento de las necesidades alimentarias de las comunidades.
*Es urgente desmercantilizar el derecho a la salud, en cuanto este no es un negocio, sino una obligación a cargo del Estado y que su eficacia obedece al cumplimiento integral del respeto y promoción de otros derechos.
*La vulneración sistemática del derecho a la salud obedece estructuralmente a la inoperancia de las leyes sobre seguridad social que desconocen los criterios de oportunidad, calidad, calidez y nivel técnico.

· Educación, trabajo y vivienda
*La creciente pauperización de la población incide en la permanencia de los y las estudiantes en las instituciones educativas, así, como en la poca capacidad adquisitiva de los maestros y las maestras.
*No existe una modelo pedagógico y formativo que incorpore un enfoque diferencial para las poblaciones que confluyen en las instituciones educativas.
*La situación en materia de empleo y seguridad social es muy precaria en el país y en la ciudad. La mayoría de las personas se encuentran en el sector informal de la economía o desempleadas y hay un gran déficit de cobertura con respecto a la seguridad social.
*Hay un bajo nivel de sindicalización y esto se constituye en una limitación de los derechos humanos económicos.
*No existe un programa de provisión real de vivienda de interés social, que se enmarque en una perspectiva de derecho a una vivienda digna y adecuada en coherencia con las normas internacionales.
*La expropiación de viviendas por parte de grupos paramilitares en la ciudad, ha afectado de manera grave el derecho a la vivienda y no existen medidas efectivas de restitución para las víctimas.

4. Es destacable la organización y acción de miles de personas en la ciudad que construyen iniciativas ciudadanas para trabajar en la garantía de los derechos:

· El amplio apoyo ciudadano en la organización del Referendo por el agua.
· La tradición de lucha por los servicios públicos universales, la cual se remonta a la década del setenta, con la lucha desarrollada en la región del oriente antioqueño.
· Algunas experiencias de gobiernos escolares que impulsan procesos democráticos, basados en la participación y los derechos humanos.
· La experiencia organizativa construida en los últimos años en la ciudad por las Organizaciones de Vivienda Popular.
· La construcción de iniciativas de fomento de ingresos propios, que garantizan acceso a la seguridad alimentaria.
· La organización ciudadana para el mejoramiento en la capacidad de gestión del sistema alimentario de la ciudad bajo los criterios de acceso, oportunidad, calidad y cantidad.

5. Finalmente nos comprometemos a trabajar por la garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales DESCA en Medellín, mediante el impulso de acciones de educación, promoción, exigibilidad jurídica, de movilización y de acción política, así como acciones de veeduría para que las diferentes instancias del Estado asuman sus obligaciones de garantía de todos los derechos humanos para todas las personas, y que si asumen un criterio de progresividad, esto no sea en detrimento de la obligación de garantizar a todos y todas un núcleo esencial que no se puede desconocer. Un Estado que renuncia a garantizar a la ciudadanía sus derechos es un Estado que está lejos de ser un ordenamiento democrático.

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