Consejos Territoriales de Planeación Antioquia
Cordial saludo,
Diferentes organizaciones sociales nos dirigimos a ustedes para solicitarles, de manera fraterna, que en los municipios en los cuales se estén discutiendo Planes de Desarrollo Municipal emitan un concepto negativo. Esta solicitud la hacemos basadas en una primicia fundamental de nuestro modelo de Estado, es que aún en los estados de excepción y en los de emergencia – como es el caso de la actual coyuntura – hay unas garantías mínimas que el gobierno no puede transgredir ni suspender, como es el respeto a los derechos humanos, entre los que se encuentran los civiles y políticos. Además, en la misma línea, los gobiernos locales deben buscar afrontar la crisis respetando integralmente la Constitución, lo que implica velar porque el mandato de participación se materialice en su mayor medida posible.
Ahora bien, ustedes se constituyeron en virtud del artículo 340 de la Constitución Política y la Ley 152 de 1994 como organismos no solamente consultivos, sino también como un espacio para garantizar la participación en la construcción y seguimiento de las diferentes políticas públicas, como materialización de la planeación participativa, pero ¿Acaso están dadas las condiciones para poder garantizar ese principio? ¿Pueden todas las personas participar en las reuniones de los CTP? ¿Pueden hoy las consejeras y los consejeros adelantar reuniones con los sectores que representan?
Continuar discusiones o validar PDM en las actuales condiciones es desconocer que el Estado Social de Derecho no es sólo un mandato legal sino también material, lo que hace necesario que de ser preciso se hagan las pausas necesarias que permitan garantizar el mayor número de derechos, aunque ello implique retrasar otros ejercicios, por lo expuesto es que les invitamos a dar su concepto negativo, exigiendo que se suspendan las formulaciones y debates hasta tanto no se tengan las garantías necesarias para este ejercicio democrático.
Suscriben:
Corporación Jurídica Libertad
Corporación de mujeres Afrodiasporicas Rosa Parks
Espacio Autónomo Comunidad NARP Medellín.
Comité de Arte y Cultura Departamental Poblacional NARP.
Ex Concejal Luz Marina Múnera
Ciudad en Movimiento
UBUNTU – Plataforma de Juventud La Unión
Tulpa Comunitaria
Escuela Marta Cecilia Yepes
Colectivo AWA
Corporación Cocorná Consciente
Congreso de los Pueblos
Colectivo de Mujeres Tejiendo Red.
Partido Comunista Colombiano – Regional Antioquia
Juventud Comunista Colombiana – Local Luis Tejada
Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC
Corporación Ecológica Cultural Penca de Sábila
Asociación Campesina de Antioquia - ACA
Cinesquemas
Asociación de Pequeños y Medianos Productores del Oriente Antioqueño ASOPROA
Red de Acción Frente al Extractivismo
Corporación en Derechos Humanos Contracorriente
Mesa Interbarrial de Desconectados de Servicios Públicos y Vivienda Digna
Mesa de Vivienda y Servicios Públicos Domiciliarios Comuna 8
La Moradia – Diseño y Arquitectura.
Consejo Territorial de Planeación Argelia
Familiares de Detenidos y Desaparecidos de la Vereda La Esperanza
El Carmen de Víboral
ASOARRAYANEROS
Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio del Oriente Antioqueño - MOVETE
Nodo Nariño - MOVETE
Nodo La Unión - MOVETE
Nodo Argelia - MOVETE
Nodo Santuario – MOVETE
Corporación de Derechos Humanos Gustavo A. Marulanda
Tejearañas
Colectivo Santo Domingo Libre
Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna
Mil Colores El Santuario
Mesa Ambiental de Sabaneta
Corporación Contracorriente
Corporación Jurídica Libertad
La Moradia, Colectivo de Arquitectas
Mesa de vivienda Comuna 8
Mesa Interbarrial de Desconectados
Proyecto Colectivo Tejearaña
Conscientes del momento que vivimos como humanidad y sabiendo que estas situaciones emergen como consecuencias de un sistema desigual e injusto, hacemos unos apuntes a las instituciones gubernamentales, para ser tenidas en cuenta y realizar medidas que ayuden a mitigar el impacto de la crisis sanitaria y ambiental que estamos afrontando con el Covid-19.
Si bien las medidas son pensando en el caso Medellín, algunas son de carácter Nacional, las cuales deben ser gestionadas por las autoridades locales ante los órganos que correspondan.
1. Destinación de recursos: Esta emergencia implica un reto económico de toda la sociedad y en particular del Estado, en esa medida hacemos las siguientes propuestas.
a. Prioridad de inversión: dirigir la inversión estatal hacia la superación de la emergencia, esto implica la suspensión del pago de la deuda pública y de la regla fiscal. Suspender y reorientar el presupuesto de las inversiones no estratégicas, dirigiéndola hacia la atención y estabilización de esta emergencia. La reducción del gasto militar, de los gastos de publicidad, así como la reducción inmediata de salarios de funcionarios de alto nivel y aumentar de manera inmediata el gasto social, en particular el médico, el apoyo psicosocial y la asistencia humanitaria.
b. Recuperación y estabilización: dirigir los esfuerzos del plan de desarrollo a la estabilización de la emergencia y la recuperación de la población en situación de vulnerabilidad. Para esto, es necesario dirigir los esfuerzos hacia la recuperación económica de la PyMs y la economía informal; el fortalecimiento del sistema de salud, buscando la cobertura universal, y la construcción de mejores condiciones sanitarias de los barrios informales mediante servicios públicos domiciliarios, saneamiento básico y mejoramiento de vivienda.
c. Protección del presupuesto participativo: los recursos destinados a atender la emergencia, no sean los designados a PP; protegiéndolos para que sean parte de las acciones que permitan la estabilización, desde la continuidad a los temas priorizados por las comunidades.
d. Formulación del Plan de Desarrollo Municipal: revisar y ajustar el anteproyecto del PDM, adecuándolo a la actualidad dada por la contingencia, para así destinar recursos y formular proyectos y programas destinados a la estabilización y recuperación, en particular a la economía informal, pequeños y medianos empresarios. Intervenciones en infraestructura para el mejoramiento de la salubridad, como acueducto y alcantarillado e infraestructura médica y las medidas de adaptación a cambio climático.
2. Activación de comités de gestión del riesgo de desastres: Decretar los comités de emergencia en sesión permanente y con comunicación diaria por múltiples medios de difusión sobre la emergencia, esto con el fin de mitigar las noticias falsas que inevitablemente van a seguir circulando.
a. Escala municipal: de acuerdo a la Ley 1523 de 2012, el Comité Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres debe coordinar la acción del estado y dar lineamientos para el cual debe ser dirigido por el DAGRD y convocar a la ciudanía y a la academia para una pertinente acción del Estado.
b. Escala zonal y comunal: se debe activar comités zonales y/o comunales de gestión de riesgo con las JAC, JAL y comités comunitarios de gestión de riesgo con el fin de ayudar a coordinar las acciones locales de atención en emergencia, informar particularidades territoriales al DAGRD y sobre todo activar las redes solidarias propias de los barrios de nuestra ciudad.
3. Servicios públicos domiciliarios: Los SPD son estratégicos para la reducción de vulnerabilidad ante la pandemia, en ese sentido, es fundamental garantizar el suministro constante de ellos tanto en la emergencia como de forma permanente, para ello:
a. Reconexión inmediata: garantizar el suministro constante y suficiente de agua y energía eléctrica para todos los habitantes de la ciudad, asegurando la reconexión a las familias que por falta de pago no se encuentran con acceso a estos derechos.
b. Camiones cisterna: en los barrios de difícil acceso, de precaria conectividad a agua potable o de no conexión, garantizar suministro mediante camino cisterna durante el tiempo de la emergencia.
c. Mínimo vital: garantizar mínimo vital de agua y energía para todos los habitantes durante la emergencia y posterior a ésta, con el fin de evitar enfermedades como el Covid 19 y otras asociadas a la calidad del suministro. En el caso de las familias con conexión prepagada, garantizar su acceso independiente a la recarga que puedan realizar.
d. Saneamiento básico: garantizar a mediano plazo el saneamiento básico de todas las viviendas con el fin de disminuir el impacto en la salud pública de enfermedades oportunistas, asociadas al contexto socio-económico y sanitario. e. Internet gratuito: Asegurar el suministro de internet en todas las viviendas con el fin de poder garantizar un mínimo de telecomunicación que permita información pertinente en tiempo de aislamiento, así como la posibilidad de recibir atención de telemedicina (Ver punto 6d)
4. Seguridad alimentaria: Proyectando una emergencia superior a la capacidad de respuesta de las personas que viven de la economía informal y que se les dificulta el abastecimiento de alimentos por las redes privadas (las cuales el Estado debe regular para evitar la especulación del precio de los alimentos), se propone las siguientes medidas.
a. Banco de alimentos: Construir un banco de alimentos de administración estatal y con distribución coordinada por los comités zonales o comunales de gestión de riesgos mencionados en el punto 1b, las JAL o JAC.
b. Redes de abastecimiento local: Construir una red de abastecimiento local de alimentos que priorice las compras a los campesinos de Medellín y municipios cercanos, priorizando el abastecimiento a personas que viven en la economía informal, madres gestantes y lactantes y adultos mayores en situación de abandono.
c. Asistencia alimentaria: mantener y potenciar las redes de suministro de alimentos direccionadas a ciertas poblaciones (Buen Comienzo para primera infancia, subsidios a tercera edad como Colombia Mayor, población en situación de discapacidad, mujeres gestantes y lactantes)
5. Apoyo psicosocial: Se debe asumir que esta emergencia incluye un reto a la salud pública mental y emocional, por lo cual se debe priorizar las siguientes acciones.
a. Al personal médico: se debe priorizar la salud mental del personal médico y trabajadores hospitalarios, generando condiciones de tranquilidad mental y emocional para afrontar las difíciles decisiones que tendrán que tomar.
b. Adultos mayores: destinar personal de apoyo psicosocial a los adultos mayores en situación de abandono o que viven solos, incluso sin descartar la visita domiciliaria (contando con las medidas que sean pertinentes) para evitar mayor inmunodepresión asociado al estado de ánimo.
c. Línea telefónica: habilitar una línea gratuita de atención psicosocial que permita escuchar a las personas que cuenten con cuadros de ansiedad, evitando así suicidios e inmunodepresión de las personas.
d. Apoyo a personas en contexto de abuso y violencia: estructurar medidas efectivas de protección a mujeres, trans, niñas y niños, adultos mayores, que se encuentren en exposición en contextos familiares de violencia o abuso sexual; así como medidas para el apoyo de trabajadoras sexuales.
6. Apoyo médico: Este punto es neurálgico en toda la crisis, en particular en el momento de máxima infección, por lo tanto, debemos dirigir la mayor proporción de esfuerzo para generar capacidad de respuesta:
a. Cobertura universal: garantizar la cobertura universal de salud a todos los habitantes independiente de la enfermedad y el tipo de afiliación durante toda la emergencia y posterior a esta.
b. Aumento de las UCI: dirigir los recursos financieros para aumentar el número de UCI disponibles en la ciudad, asumiendo el control estatal de la capacidad de todas las IPS por parte del Estado.
c. Ingeniería medica local: como la consecución de UCI son complejas por estos días de crisis, se debe convocar a todas las universidades para que, de manera inmediata diseñen prototipos de equipos médicos y retrovirales, validen para su uso en tiempo record y que de esta manera, el Estado, pueda generar un escalamiento de la producción de dichos equipos diseñados con tecnología y talento local.
d. Telemedicina: convocar a las facultades de medicina, EPSs y cajas de compensación familiar para generar líneas de atención a población que se encuentre en zonas distantes, como bordes y corregimientos, para con esto asegurar parte de la atención de salud requerida.
7. Emergencia económica: Es inevitable el impacto económico que el mundo y el país van a tener asociado a esta pandemia, como es habitual, los impactos económicos se verán más exacerbados en las personas que están en situaciones de mayor pobreza, en ese sentido proponemos para mitigar dicho impacto lo siguiente.
a. Congelar deudas bancarias: Congelación del aporte a capital y de intereses de todas las deudas durante el periodo que dure la emergencia, esto con el propósito de dirigir los recursos financieros de las familias a las necesidades básicas del hogar.
b. Apoyo a venteros ambulantes y otras actividades informales: generar subsidios en especie asociados a alimentos (ver 4a y 4b), mínimo vital (ver 3c) durante el tiempo de la emergencia y su estabilización. Realizar un apoyo de microcrédito para volver a la actividad comercial en el momento que se supere la emergencia.
c. Apoyo a pequeños y medianos empresarios PyMEs: exención de impuestos, apoyo en pago de nómina a pequeños empresarios que se comprometan a no despido de los trabajadores. Así como créditos blandos posterior a la emergencia. Priorización dentro de las compras estatales a las pequeñas empresas de alimentos y otros suministros claves, fomentando así las pequeñas economías, responsables de la mayor generación de empleo en el país.
8. Vivienda: Dada la contingencia por la emergencia actual, para muchas familias la posibilidad de desmejoramiento de sus condiciones habitacionales, por pérdida por no pago de crédito o arrendamiento, así como por exposición en zonas con condiciones de amenaza, lo que impediría la acción preventiva del aislamiento en casa, proponemos:
a. Suspensión de órdenes de desalojo: evitar cualquier acto administrativo dirigido a el desalojo de inmuebles destinados a vivienda familiar ya sea por deudas, obras públicas o litigios entre privados. Esto teniendo presente que estas acciones pueden generar una desmejora inmediata en las condiciones de vida, además de generar aumento de número de habitantes en la calle y exponer a generar focos agudos de contagio. Lo anterior, según la Observación General 7 del PIDESC que establece: “Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a otras tierras productivas, según proceda”, tratado ratificado por Colombia que debe ser aplicado y observado, más ahora que estamos frente a una coyuntura que exige priorizar los derechos sociales sobre netamente económicos y para ello se requiere una intervención decidida del Estado.
b. Adopción inmediata de Política Pública de Protección a Moradores: considerando que estamos próximos a la temporada de lluvia donde se aumentan los eventos de emergencia por remoción en masa, se debe activar la Política Pública de Protección a Moradores con especial énfasis en las órdenes de evacuación por riesgo de desastre, lo que implica la evaluación con especial cuidado de las recomendaciones de evacuación, la generación inmediata de albergues definitivos.
c. Monitoreo de riesgo: el pico de la emergencia se desarrollará en el periodo de lluvias, el cual está asociado a las inundaciones y las remociones en masa, con el fin de prevenir que esta situación agrave la crisis sanitaria al concentrar a las personas en albergues cuando deben de estar en aislamiento, para ello es necesario fortalecer los procesos técnicos y comunitarios de sistemas de monitoreo y alertas tempranas.
d. Auxilio de vivienda y albergues: generar un fondo de auxilio de vivienda para las personas que cuenten con dificultad de pago del arrendamiento de la vivienda; así como el aumento del presupuesto asignado a ISVIMED para el apoyo de arrendamientos temporales en caso de emergencia.
e. Albergues: aumentar los sitios de alberge para habitantes de calle con condiciones adecuadas para superar la emergencia y con la posibilidad, si así lo desea, de iniciar un proceso de superar la condición de calle.
f. Congelación de cuotas de pago de créditos de vivienda: suspensión de los pagos de cuotas, intereses y mora durante el periodo que dure la emergencia, esto con el propósito de dirigir los recursos financieros de las familias a las necesidades básicas del hogar.
Estos puntos fueron pensados y ajustados colectivamente, en aras de aportar a tomar las mejores decisiones en estos casos de contingencia, sin perder de vista las condiciones actuales de los pobladores populares, quienes habitamos los barrios que se han sostenido mediante la economía informal y la solidaridad comunitaria. Barrios y pobladores que hemos sido segregados por la ciudad, pero que también contribuimos a la construcción de esta.
¡PORQUE ESTA CIUDAD TAMBIÈN ES NUESTRA!
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La consolidación de dicha iniciativa legislativa se encuentra en grave peligro con ocasión de los intereses políticos y electorales presentes por esta época en el país. Integrantes del Congreso han puesto por encima de los derechos de las víctimas y de la paz, sus intereses personales y el temor a la actuación de la justicia.
El Congreso de la República tiene el compromiso de cumplir un papel trascendental en la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP. Una parte importante de sus integrantes ha respondido al clamor de las víctimas y de la sociedad de aprobar las reformas necesarias para la terminación del conflicto armado interno, ejemplo de ello, fue la creación el pasado mes de marzo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como elemento esencial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Esta misma corporación tiene hoy en sus manos el proyecto de ley que dará viabilidad al funcionamiento de dicha jurisdicción la cual se propone hacer justicia para las víctimas de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado interno, honrando la obligación trascendental que tiene con el pueblo colombiano de tramitar los proyectos de ley necesarios para luchar contra la impunidad y alcanzar la paz.
Tanto las fuerzas militares como los excombatientes de las Farc-EP han decidido acogerse a la JEP para responder a las víctimas y a la sociedad por sus conductas, por lo que esta jurisdicción se presenta como una oportunidad para que todos los actores involucrados en el conflicto garanticen los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, superando la impunidad y generando condiciones para la no repetición.
Ahora bien, la consolidación de dicha iniciativa legislativa se encuentra en grave peligro con ocasión de los intereses políticos y electorales presentes por esta época en el país. Integrantes del Congreso han puesto por encima de los derechos de las víctimas y de la paz, sus intereses personales y el temor a la actuación de la justicia.
Por lo anterior, las 144 organizaciones firmantes, hacemos un llamado a los integrantes de las comisiones primeras constitucionales del Senado y la Cámara de Representantes, y al conjunto de los congresistas, para responder con altura y garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado, al desafío histórico que enfrentan en estos momentos de construcción de la paz y, para que lo antes posible, avancen en la aprobación del proyecto de ley estatutaria de la JEP.
Un Sí a la JEP significa un No a la impunidad.
Suscriben:
Organizaciones de víctimas en Colombia y en el exterior:
1. Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos – ASFADDES Barrancabermeja
2. Asociación de víctimas de crímenes del estado, Asorvimm
3. Asociación SOS Víctimas del Conflicto Armado Colombiano en Panamá, SOVIC Panamá
4. Colectiva de mujeres Refugiadas Exiliadas y Migradas
5. Colectivo 16 de mayo, víctimas de la Masacre de Barrancabermeja
6. Colectivo de migrantes y exiliados colombianos por la paz, MECOPA Argentina
7. Colectivo de víctimas Vida Memoria y Dignidad
8. Colectivo por la paz en Colombia desde México – COLPAZ
9. Constituyentes exiliados perseguidos por el Estado Colombiano.
10. Coordinación de víctimas y derechos humanos del nororiente
11. Ecos de Colombia – Costa Rica
12. Enda América Latina
13. Foro Internacional de Víctimas
14. Gestapaz Barcelona
15. Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, H.I.J.O.S
16. Hijos e Hijas Por la Memoria y contra la Impuntualidad
17. Mesa de víctimas del conflicto interno colombiano en Argentina
18. Mesa Nacional de Victimas Pertinentes a Organizaciones Sociales
19. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE
20. Movimiento nacional de víctimas y ciudadanos por la paz
21. Mujeres caminando por la verdad, víctimas de la Comuna 13 en Medellín
22. Organización de Colombianos Refugiados en Chile
23. Organización de víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y Desaparición Forzada del Eje Cafetero Voces Unidas Exigiendo Justicia
24. Red de Víctimas Colombianas por la Paz en Latinoamérica y el Caribe REVICPAZ – LAC
25. Victimas colombianas en Perú: Colombia Vida y Paz, Covipaz
Organizaciones sociales y de derechos humanos:
26. Asociación de Trabajo Interdisciplinario, ATI
27. Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – ANDAS
28. Asociación para la Promoción del Desarrollo Integral del Caribe, Aprodic Cartagena
29. Baja Bota Caucana y Cofanía Jardines de Sucumbios de Nariño
30. Centro de Estudios Territorio y Ciudad
31. Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)
32. Colectivo ANSUR
33. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Cajar
34. Colectivo de Jóvenes Trabajadores- CJT
35. Colectivo Deformación
36. Colectivo Educación para la Paz
37. Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
38. Colombia Humana
39. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
40. Comisión Colombiana de Juristas - CCJ
41. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP
42. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH
43. Comité Regional de Planeación Participativa del Magdalena Medio
44. Comunidades Construyendo Paz – CONPAZ
45. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES
46. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU
47. Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, CAHUCOPANA
48. Corporación Centro Consultoría De Conflicto Urbano C3
49. Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
50. Corporación construyendo poder, democracia y paz, PODERPAZ
51. Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, Ciase
52. Corporación Jurídica Libertad
53. Corporación Jurídica Yira Castro – CJYC
54. Corporación Otra Escuela
55. Corporación Pacipaz, Territorio, Identidad y Cultura para la Paz
56. Corporación para la educación y autogestión ciudadana, CEAC
57. Corporación PODION
58. Corporación Reiniciar
59. Corporación SIMBIOSIS
60. Corporación Vínculos
61. Corporación Yurupari
62. Equipo Colombiano Interdisciplinario De Trabajo Forense Y Asistencia Psicosocial – EQUITAS
63. Equipo Multisectorial de Planeación Participativa de Barrancabermeja
64. Escuela de Liderazgo por la Paz
65. Escuela Nacional Sindical – ENS
66. Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos y humanos del Magdalena Medio
67. Fenalpaz Antioquia
68. Foro Nacional por Colombia
69. Fundación Alimentando Sueños
70. Fundación Arlequines
71. Fundación FUNDEXCO-COLOMBIA
72. Fundación Hasta Encontrarlos
73. Fundación Lazos de Dignidad
74. Fundación Nydia Erika Bautista
75. Fundación Paz y Trabajo Digno
76. Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro de Colombia - DHOC-
77. Fundación Procrear
78. Fundación Waki - Semillas de Cambio
79. Humanidad Vigente
80. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativos ILSA
81. Instituto Popular de Capacitación, IPC
82. Manada Disidente Abya Yala
83. Mesa de Cerros Orientales
84. Mesa de Unidad de Trabajadores del Municipio de Puerto Guzman – MUTPG
85. Mesa Psicosocial Colombia
86. Movimiento Político y Social Marcha Patriótica
87. Movimiento Social Discapacidad Colombia, MOSODIC
88. Observatorio DDHH U. Distrital, Bogotá
89. Observatorio de víctimas, convivencia y seguridad ciudadana
90. Paz a la calle
91. Periódico el Macarenazoo
92. Plántate en Si a La Paz, Utradec
93. Red DDHH del Putumayo
94. Red de Derechos Humanos del Sur Occidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes RedFIC
95. Red Nacional en Democracia y Paz.
96. Red Popular de Derechos Humanos Bogotá, REDHUS
97. Red Universitaria por la Paz. RedUnipaz-Nodo centro
98. Redepaz
99. Sindiconcejo
100. Sinestesia ONG
101. Veeduría Campamento por la Paz
102. Viva La Ciudadanía
103. Quinto mandamiento de Barrancabermeja
Cumbre Nacional de Mujeres y Paz:
104. Alianza Iniciativa de Mujeres por la Paz -IMP-
105. Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas de Colombia -ANMUCIC
106. Casa de la Mujer
107. Colectivo de Pensamiento y Acción “Mujeres Paz y Seguridad”
108. Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas -CNOA-
109. Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad -LIMPAL Colombia
110. Mujeres por la Paz
111. Ruta Pacífica de las Mujeres.
Organizaciones de mujeres y de promoción y defensa de la diversidad sexual:
112. Caribe Afirmativo
113. LGBTIporLaPaz
114. Un Millón de Mujeres de Paz
Organizaciones sindicales y campesinas:
115. Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT
116. Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, AHERAMIGUA
117. Asociación de Trabajadores Campesinos Amazonicos del Alto Mecaya
118. Asociación de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC
119. Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia ANUC
120. Central Unitaria de Trabajadores - CUT
121. Comité por el sí a la paz la economía solidaria campesina y comunal
122. Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales Ambientales y Campesinas del Caquetá – COORDOSAC
123. Federación Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO
124. Sindicato Sector Agropecuario, SUMA
125. Unidad Nacional Agropecuaria, UNA
126. Unión Sindical Obrera, USO
Organizaciones étnicas:
127. Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas -CNOA
128. Coordinación Étnica Nacional de Paz, CENPAZ
129. Coordinación Regional del Pacífico
130. Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC
Organizaciones comunales:
131. Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna 8 Nuestra Señora de Chiquinquirá municipio de Dosquebradas Risaralda
132. Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna 9 "Manuel Elkin Patarroyo" municipio de Dosquebradas, Risaralda
133. Asociación de Juntas de Acción Comunal del Corregimiento de La Marcada, Municipio de Dosquebradas, Risaralda
134. Corporación Comunales Por Colombia
135. Corporación CorpoColombia - verde
136. Federación de Acción Comunal de Bogotá
137. Federación de Acción Comunal de Choco
138. Junta Municipal de la Unión Patriótica, UP Cali
Organizaciones estudiantiles y juveniles:
139. Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios – ACEU
140. Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria – ANDES
141. Federación de Estudiantes Universitarios FEU-Colombia
142. Juventud Comunista Colombiana - JUCO
Programas académicos:
143. Especialización en Acción sin Daño y Construcción de Paz, Universidad Nacional de Colombia
144. Maestría en Planeación para el Desarrollo – Universidad Santo Tomás
Personalidades y activistas por la paz:
1. Ana Teresa Bernal
2. Andrés Jiménez – Docente de la ESAP Bogotá y Uniminuto Soacha
3. Ángela Liliana Mazuera León
4. Carlos Eduardo Trejos Delgado
5. Carlos Mauricio Llanten, Diputado Asamblea Departamental del Putumayo
6. Claudia Patricia Herrera
7. Diana Arias
8. Diana Castro Benetti
9. Dilia Lozano
10. Fabio Monroy Martinez - Activista Caribe por la Paz
11. Gloria Florez Schneider
12. Guillermo Castro
13. Jorge Enrique Posada
14. Juan Carlos Castellano
15. Ligia Peñuela – Mujeres por la Paz
16. María Victoria Duque López
17. Martha Delgado
18. Mauricio Alzate Giraldo - Activista LGBTI
19. Mauricio Garcés - Activista LGBTI
20. Omar Gómez - representante estudiantil ante el Consejo Nacional de Paz
21. Óscar Alfredo Tibaduiza Rodríguez
22. Patricia Camacho
23. Patricia Lara - Periodistas
24. Patricia Sierra, docente Departamento de Trabajo Social, Universidad Nacional de Colombia
25. Rodrigo Sandoval
26. Socorro Ramírez
27. Stella Cano
28. Yury Sirleny Quintero, diputada Asamblea Departamental del Putumayo
A un año del Acuerdo de Paz, manifestamos a instancias internacionales que el Estado Colombiano no está respetando lo Pactado y, al contrario, ha generado un manto de impunidad para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, de guerra y graves violaciones a los derechos humanos.
Los tres poderes públicos del Estado Colombiano a lo largo de este año han modificado el Acuerdo Final de Paz atendiendo a los intereses de sectores políticos, económicos y militares, principalmente de alto rango. Ante este panorama, 142 organizaciones de víctimas y DDHH; y 44 personalidades, nacionales e internacionales, enviamos esta carta y se anuncia la conformación de un equipo de litigio internacional para presentar ante sus instancias los casos de los máximos responsables y solicitar que se abra de manera formal las investigaciones correspondientes. Creemos que, ante la inactividad de la justicia ordinaria y la exclusión de responsables de la justicia transicional, el único camino que nos queda para alcanzar la justicia son los estrados internacionales.
Entregada a la Fiscal Bensouda de la CPI; al presidente del Consejo de Seguridad; y a Pablo De Greiff, Relator Especial de las Naciones Unidas. En el texto completo se explica cada uno de los puntos de modificación inconstitucional a lo largo del año que favorecería a máximos responsables responsabilidad de mando y de terceros.
Conozca la carta completa y las organizaciones que firmaron ¡Aquí!
Para la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías para la Labor de defensores de Derechos Humanos de Antioquia el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y Marcha Patriótica Antioquia, la paz estable y duradera es una condición inaplazable para el país y la construcción de una mejor democracia en la que hemos invertido nuestros históricos esfuerzos.
En tal sentido, compartimos la preocupación de Alcaldes y Gobernadores que han denunciado el avance de los grupos paramilitares en los territorios dejados por la FARC- EP en el país, especialmente Antioquia.
Sin embargo, hemos analizado en detalle la figura de las Vicealcaldías propuestas por el Gobernador de Antioquia Luís Pérez y consideramos que dicha iniciativa va en contravía de la naturaleza propia del Estado Social de Derecho.
Su puesta en marcha es una decisión inconveniente, regresiva en términos de reconocimiento de la descentralización y la autonomía de los entes territoriales. Por el contrario, el desafío de la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios supone el fortalecimiento de la institucionalidad civil local y la participación autónoma de las organizaciones sociales. Las Vicealcaldías suplantan las funciones de los Alcaldes elegidos por voto popular, creando paralelismos dañinos e innecesarios de carácter administrativo, político y jurídico, además genera altos niveles de burocracia y concentración de poder en la Gobernación para la toma de las decisiones, contrariando los principios de democracia y participación establecidos en la Constitución Política de 1991.
Propuestas similares de militares tomando decisiones reservadas para las autoridades civiles, terminaron fortaleciendo los grupos paramilitares y generando consecuencias negativas en los territorios , como fue el caso de las alcaldías militares impuesta por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez (1995-1997) en los municipios de San Carlos y Amalfi, donde el capitán del Ejército, Juan Francisco Díaz Quiñonez fue acusado por graves violaciones de derechos humanos; otro caso es la declaración de Zona Especial de Orden Público bajo decreto 2035 de mayo 10 de 1996 que fue determinante en la perpetración de la masacre del 22 de abril de 1996 en Segovia.
Los intentos de soluciones militaristas a problemas sociales y de seguridad no han sido la salida correcta, así sucedió en la Comuna 13 con las operaciones militares, particularmente Mariscal y Orión, avaladas por el hoy gobernador Luis Pérez Gutiérrez, donde el Estado pasó de ser de protector a victimario dejando cientos de víctimas, hechos que aún hoy gozan de total impunidad.
La propuesta de Vicealcaldías representa un desconocimiento de la esencia, el espíritu y la finalidad del Acuerdo de Paz que se propone fortalecer las instituciones democráticas desde los territorios. Urge entonces, priorizar la implementación de las medidas acordadas y avanzar en la puesta en funcionamiento de la Unidad Especial de investigación para el Desmantelamiento de las Estructuras Paramilitares, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición, con participación de organizaciones de víctimas y de derechos humanos y la Mesa de Garantías para la Labor de defensores (as) de Derechos Humanos, entre otras.
Estas comisiones deben abordar la revisión integral de las Políticas de seguridad, la puesta en marcha de un servicio social para la paz con participación de las universidades públicas del departamento, la revisión de antecedentes y depuración de funcionarios vinculados con violaciones de DDHH, la revisión de archivos de seguridad y de inteligencia, la reducción de la fuerza pública, del presupuesto militar y la modificación de su doctrina que ve al movimiento social como un enemigo del Estado. Medidas que requieren el apoyo y acompañamiento de los gobiernos locales y de organizaciones sociales.
Por último como plataformas de derechos humanos y como espacios de la sociedad civil, hacemos un llamado a las FARC- Ep y al Gobierno Nacional, para que de manera pública de a conocer su postura sobre la propuesta de las Vicealcaldías, ya que la Gobernación, ha presentado esta estrategia como un aporte fundamental para consolidar el proceso paz a nivel territorial.
A la Gobernación de Antioquia replantear su decisión de implementar la propuesta de Vicealcaldías de Seguridad disfrazadas de Paz.
SUSCRIBEN:
NODO ANTIOQUIA DE LA COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS
PROCESO SOCIAL DE GARANTÍAS A LA LABOR DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES DE ANTIOQUIA
MOVICE ANTIOQUIA
MARCHA PATRIÓTICA ANTIOQUIA
CONGRESO DE LOS PUEBLOS
Con copia a:
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
ÓSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO
Vicepresidente de la República
LUIS CARLOS VILLEGAS
Ministro de la Defensa
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GUILLERMO RIVERA FLOREZ
ENRIQUE GIL BOTERO
Ministro de Justicia y del Derecho
NESTOR HUMBERTO MARTINEZ
Fiscal General de la Nación
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CARLOS ALFONSO NEGRET
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Procurador General de la Nación
anticorrupcióEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. reygon@procuraduría.gov.co
OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE
NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
