Bogotá, agosto 6 de 2020
La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia que define la situación jurídica y ordena medida de aseguramiento de detención domiciliaria en contra del senador Álvaro Uribe ha generado reacciones de descalificación y descrédito por parte del Presidente de la República y diversos altos funcionarios del partido de Gobierno que son incompatibles con el desempeño de funciones públicas en un Estado de Derecho y erosionan los fundamentos democráticos del régimen político.
El Presidente de la República como primera autoridad del país, tiene la obligación de respetar la Constitución y la ley que establece la división e independencia de poderes, y resulta de la más alta gravedad que haya salido públicamente ante los medios de comunicación a cuestionar los autos del máximo tribunal de justicia , presionándola indebidamente sobre el sentido de sus decisiones, como consecuencia de la medida de aseguramiento impuesta al Senador Álvaro Uribe, investigado por delitos contra la administración de justicia y en cuyo proceso obran pruebas y graves indicios sobre su responsabilidad como determinador de delitos de soborno a testigos y fraude procesal. La detención preventiva es una medida que se adoptó a partir del análisis probatorio para impedir que el procesado pueda entorpecer la actividad de investigación. La decisión de la Corte Suprema no solo está plenamente justificada sino que es acorde a lo ordenado por ley. Calificar de “persecución” o de “decisión política” la medida impuesta, amenazar con una reforma a la justicia orientada a suprimir las cortes, o llamar a una constituyente para crear una corte única que pueda ser controlada y produzca decisiones que favorezcan a miembros del partido de gobierno con problemas judiciales, constituye una presión indebida contra la justicia y una venganza en contra de sus integrantes cuando sus decisiones no los favorecen.
El desacato a su obligación de respetar las decisiones de la justicia ha sido seguido peligrosamente por parte de diversos funcionarios y servidores públicos del partido de gobierno, confiados en que ni la justicia ni los órganos de control los llevarán a rendir cuentas por sus acciones. Es inaceptable que la senadora del partido Centro Democrático Paola Andrea Holguín haya hecho un llamado a la reserva activa de las fuerzas armadas a ocuparse de defensa del senador ante la decisión proferida. Este acto es una instigación a la sedición en contra de las decisiones de la Corte y exige que las entidades judiciales y disciplinarias inicien las investigaciones y adopten las decisiones correspondientes para que tales actos no queden impunes en un Estado de Derecho.
Las declaraciones de altos funcionarios del actual gobierno, haciendo uso de su autoridad y empleando las redes sociales de la Presidencia de la Republica, constituyen también hechos ilícitos que dan a entender que antes que el acatamiento al derecho han priorizado la lealtad a su jefe político para desacreditar la legitimidad de las decisiones de la justicia. En este sentido, el llamado del presidente y congresistas de su partido a reformar la justicia, suprimir las cortes y especialmente la Jurisdicción Especial para la Paz, sea mediante decreto o mediante acto legislativo, constituye una acción inoportuna, vindicativa, equivocada y totalmente inconveniente y se dirige a completar el control vertical que sobre todos los órganos y entidades del Estado ha ido copando el partido centro democrático, en el contexto de imposición de mayorías impuestas mediante el control de la virtualidad de las sesiones del Congresos.
Es un acto reprochable que el Director del Centro Nacional de Memoria Histórica salga públicamente a atacar a la Corte acusándola de estar “enredada por versiones de criminales”. En su discurso se incita el odio cuando expresa que con la decisión de la Corte “nos han enterrado un puñal en el corazón”, pues sería “un triunfo de la perversidad”, de “la ignominia” y el llamado a que las expresiones de solidaridad a su jefe político y el repudio al fallo se haga izando el “tricolor a media asta y con cinta negra”, y más peligroso aun, legitima también otras acciones de manera ambigua cuando expresa que él ahora no puede realizar, pues si pudiera expresarlas o hacerlas “estaría en otra situación”. Aunque no explicita el tipo de acciones que reclama en sus sugerencias, resultan peligroso esta clase de insinuaciones, en un país donde la violencia sistemática se ha utilizado rutinariamente en contra de las víctimas, sectores sociales, oposición política y funcionarios judiciales. El señor director del Centro Nacional de Memoria, al igual que el presidente de la República y las demás autoridades públicas que se han expresado en contra de la decisión de la Corte Suprema, no pueden ampararse en el pretexto de usar su condición de ciudadanos para expresarse de manera pública y haciendo uso de su autoridad para influir en la opinión pública a seguir el ejemplo de su desacato y sus posturas de descredito a las decisiones de la justicia y a la legitimidad de sus actuaciones.
La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, red nacional de organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos exige al Presidente de la República y a los funcionarios del Partido de Gobierno que en todas y cada una de sus actuaciones y declaraciones públicas se ajusten a la ley y al respeto de la Constitución Nacional y que no pueden ampararse en su condición de ciudadanos para desacatar, desviar o propiciar el cuestionamiento a las decisiones judiciales. Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación, a las entidades judiciales, al Procurador General de la Nación y las entidades encargadas del control disciplinario y judicial del presidente, a investigar, reprimir y sancionar todas las actividades de desconocimiento de los mandatos constitucionales y legales, y la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, y el incumplimiento de sus obligaciones de neutralidad, imparcialidad y respeto irrestricto a la independencia de las decisiones judiciales.
Todas las personas en Colombia somos iguales ante la ley. Si en el pasado el senador Uribe tuvo la oportunidad de desempeñar altos cargos en el Estado, ello no lo sustrae a la obligación de ser investigado por cualquier conducta contraria a la ley en la que haya participado a título de autor, determinador o cómplice en que haya incurrido, al igual que el resto de los ciudadanos. Para que pueda hablarse de un Estado de Derecho se requiere que nadie, por poderoso que sea, se situé al margen de la ley o por encima de las decisiones judiciales, y que las entidades judiciales y organismos de control cumplan su obligación de garantizar esta condición esencial para el mantenimiento de la democracia. Para que la democracia se preserve, hoy se requiere más que recordatorios públicos de que los servidores deban acatar la constitución y no atacar la justicia, que se tomen acciones firmes para asegurar garantías de no repetición y la vigencia del orden democrático.
Comité Operativo Nacional
Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos
El 22 de septiembre de 2017 el domicilio del líder social e integrante del Movimiento Ríos Vivos FERNANDO DE JESUS EUSSE BAENA, fue impactado con proyectil de arma de fuego que según testigos había sido accionada por parte del entonces alcalde del municipio de Valdivia JONÁS DARIO HENAO CARDONA.
Esta acción se presentó en un contexto de ataques, señalamientos y estigmatizaciones por parte del exalcalde en contra del movimiento Ríos Vivos, por no estar de acuerdo con el ejercicio del derecho fundamental a la movilización y la protesta social que la organización realiza en contra del proyecto hidroeléctrico Hidroituago. Según las víctimas las expresiones del exmandatario hacia los integrantes del Movimiento y refiriéndose a este hecho en particular han sido las siguientes: “Jonás decía en las calles que todos los de Ríos Vivos son unos muertos de hambre, bandidos que se la pasan es protestando” “ese problema no va a parar a ninguna parte, a ese negrito miserable lo cuadro con un sancocho y una cerveza”
Hoy casi 3 años más tarde y después de la insistencia del Movimiento Ríos Vivos y la Corporación Jurídica Libertad en diferentes escenarios de interlocución, a instancia del Juzgado Primero Promiscuo del Municipio de Yarumal, la Fiscalía General de la Nación imputó el delito indicado en artículo 356-A del código Penal, Disparo de arma de fuego, “Quien teniendo permiso para el porte o tenencia de armas de fuego la dispare sin que obre la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente e inevitable de otra manera”, al señor JONÁS DARÍO HENAO CARDONA en calidad de autor y considerando que fue una acción realizada con toda la intención por parte de quien para el momento era el alcalde del municipio.
Si bien sabemos que esto no lo declara como culpable de los hechos denunciados, la imputación constituye un avance en contra de la impunidad y vinculan formalmente al señor JONÁS DARÍO HENAO CARDONA a un proceso penal en donde se pretende demostrar mediante el debate probatorio su responsabilidad penal.
MOVIMIENTO RÍOS VIVOS
CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD - CJL
Foto: Tomada de la web/ Katalina Vasquez
La Corporación Jurídica Libertad, expresa su solidaridad con los más de 90 hombres y mujeres, excombatientes reincorporados del ETCR Román RUÍZ de Santa Lucía – Ituango que hoy atraviesan una situación de riesgo eminente sobre sus vidas, integridad y dignidad por su compromiso en favor de la paz y la reconciliación.
Los reiterados incumplimientos por parte del gobierno de Iván Duque, no solo son una falta al Proceso de Paz, sino a la garantía de la vida de quienes se acogieron a dicho proceso y que desarrollan sus proyectos en este espacio territorial.
Desde hace algunos meses, las comunidades de las diferentes veredas ubicadas en este municipio, las Juntas de Acción Comunal y las Organizaciones Sociales presentes en el territorio y acompañantes, hemos denunciado la presencia de grupos paramilitares y disidencias de las FARC en la zona que ponen en riesgo la permanencia en el territorio y su integridad personal, agravado por el asesinato de 12 excombatientes en Ituango desde la firma.
Los reincorporados de las FARC han realizado diversos llamados al gobierno nacional y local para que garantice sus vidas allí, pero la falta de voluntad política y de soluciones reales y rápidas por parte del ejecutivo, hacen que hoy deban salir de la zona, hacia el municipio de Mutatá. Exigimos al gobierno nacional que brinde todas las garantías para su instalación en este lugar en condiciones de dignidad y seguridad. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, la Misión de Verificación de la ONU y organismos de derechos humanos a que acompañan y rodeen el proceso de reubicación.
Reiteramos el llamado al Ministerio Público, al Congreso de la República y a Iván Duque para que den cumplimiento del Acuerdo de Paz, las garantías a los derechos de los reincorporados y las garantías a las comunidades del Norte de Antioquia para permanecer en el territorio y se eviten desplazamientos masivos e individuales como los presenciados en meses anteriores.
Llamamos a la sociedad civil a rodear no solo la Implementación del Proceso de Paz, sino también el Proceso de Reincorporación de quienes le han apostado a la a la construcción de un mejor país para todos y todas.
Corporación Jurídica Libertad
Medellín 09 de Julio de 2020
Medellín 16 de julio de 2020
La Corporación Jurídica Libertad, envía un saludo fraterno y un reconocimiento al logro que el día de hoy obtuvieron los y las jóvenes estudiantes, que instalaron el campamento a las afueras de la Universidad de Antioquia – UdeA, y donde varias personas, mayoritariamente mujeres, iniciaron una huelga de hambre con el propósito de exigir que las y los estudiantes del Alma Mater, no tuviesen que pagar matriculas en el segundo semestre de este año.
Gracias a su valentía y convicción, hoy 16 de julio de 2020, las autoridades de la Universidad de Antioquia, anunciaron que ningún estudiante de pregrado pagará matricula, obteniendo #MatriculaCero. Esta importante victoria se da en medio de una situación de alta precariedad para quienes estudian en la universidad, en especial para las familias que en la actualidad no cuentan con los recursos para apoyar la educación de sus hijos e hijas.
Su decisión de adelantar una huelga de hambre y de acampar, pese al contexto de alta vulnerabilidad por el que hoy a travesamos en materia de salud pública, nos evidencia, que estas, son horas para seguir luchando por la defensa y exigibilidad de los derechos humanos.
Un abrazo y nuestro más sentido reconocimiento a sus logros, que al final terminan redundando en el bienestar de todas y todos.
Corporación Jurídica Libertad.
#QuePareElGenocidio #YoApoyoAlArzobispoDeCali
La Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico-CIVP, que articula a más de 30 organizaciones étnico-territoriales de Pueblos Indígenas y Afrocolombianos, junto con otras organizaciones y personas abajo firmantes, respaldamos las declaraciones de Darío de Jesús Monsalve Mejía, Arzobispo de Cali, pues reflejan el sentir y el pensar de nuestras comunidades en la región del Pacífico y de otros lugares de Colombia. Unidos con el Arzobispo, reiteramos sus palabras.
1. El Gobierno de Duque, y su partido, han sido fieles a su campaña electoral de “hacer trizas el Acuerdo de Paz”, al atacar a los distintos mecanismos allí pactados (la JEP, la Comisión de la Verdad, la UBPD) y debilitar de manera drástica su implementación en materia de reforma rural integral, sustitución de cultivos de uso ilícito, protección de las comunidades, desmonte de estructuras procedentes del paramilitarismo y reincorporación integral de excombatientes de la extinta Farc-Ep.
2. Las comunidades en muchos territorios del Pacífico y Suroccidente que padecen la agudización del conflicto armado están sometidas a un genocidio, como la soportan las dolorosas cifras: desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados más de 460 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, así mismo, 216 excombatientes y firmantes del Acuerdo de Paz. Es notorio el exterminio físico a los pueblos indígenas, reflejado en el asesinato de 167 líderes indígenas durante el gobierno del presidente Duque.
3. El planteamiento de “Paz con Legalidad” es un discurso engañoso, puesto que gobierna la ilegalidad en los territorios de la periferia, incluso con más fuerza. Es clara la negación a aceptar la existencia de un conflicto armado que debe ser solucionado mediante la vía de la negociación. Mientras tanto, hay una suerte de venganza contra nuestros territorios que seguimos apostando a la paz negociada.
La comunidad Internacional es testigo de estos hechos, por ejemplo, en reciente carta al Presidente Trump, 94 Congresistas de Estados Unidos afirmaron: “Nos dirigimos a usted para pedirle que inste a la Administración Duque a que renueve sus compromisos de implementar los históricos acuerdos de paz de 2016 y proteger a los amenazados defensores de los derechos humanos de Colombia… su persistente incapacidad (del gobierno colombiano) para prevenir y judicializar los ataques contra los defensores han permitido que esta tragedia se desate sin control.”
El Papa Francisco afirmó categóricamente, en su pasada visita a Colombia, que los obispos deben ser voz profética e independiente: “no se midan con el metro de aquellos que quisieran que fueran sólo una casta de funcionarios plegados a la dictadura del presente…” y a continuación les recalcó que, “Colombia tiene necesidad de vuestra mirada propia de obispos, para sostenerla en el coraje del primer paso hacia la paz definitiva, la reconciliación, hacia la abdicación de la violencia como método, la superación de las desigualdades que son la raíz de tantos sufrimientos, la renuncia al camino fácil pero sin salida de la corrupción, la paciente y perseverante consolidación de la “res pública” que requiere la superación de la miseria y de la desigualdad.”
Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía ha sido coherente y fiel a esta exhortación del Papa, en favor de los pueblos afrodescendientes, indígenas, campesinos y víctimas del conflicto armado. Cómodo sería que se mantuviera indiferente y complaciente ante esta tragedia fratricida. Su fidelidad con la paz le ha significado una persecución del Centro Democrático, que desde hace varios años y de diversas formas, le ha hecho acusaciones calumniosas para acallar su voz y deslegitimar su palabra profética, así como lo han hecho contra el movimiento social de trabajo por la paz, artistas, académicos, deportistas, entre otros.
Seguimos insistiendo, una vez más, que la Paz es un bien de toda la sociedad colombiana. El Gobierno Nacional le corresponde cumplir con su deber constitucional de hacer realidad este derecho para todos los colombianos y colombianas.
Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico-CIVP
Conozca las Organizaciones firmantes aquí
