Foto: Tomada de la web/ Katalina Vasquez
La Corporación Jurídica Libertad, expresa su solidaridad con los más de 90 hombres y mujeres, excombatientes reincorporados del ETCR Román RUÍZ de Santa Lucía – Ituango que hoy atraviesan una situación de riesgo eminente sobre sus vidas, integridad y dignidad por su compromiso en favor de la paz y la reconciliación.
Los reiterados incumplimientos por parte del gobierno de Iván Duque, no solo son una falta al Proceso de Paz, sino a la garantía de la vida de quienes se acogieron a dicho proceso y que desarrollan sus proyectos en este espacio territorial.
Desde hace algunos meses, las comunidades de las diferentes veredas ubicadas en este municipio, las Juntas de Acción Comunal y las Organizaciones Sociales presentes en el territorio y acompañantes, hemos denunciado la presencia de grupos paramilitares y disidencias de las FARC en la zona que ponen en riesgo la permanencia en el territorio y su integridad personal, agravado por el asesinato de 12 excombatientes en Ituango desde la firma.
Los reincorporados de las FARC han realizado diversos llamados al gobierno nacional y local para que garantice sus vidas allí, pero la falta de voluntad política y de soluciones reales y rápidas por parte del ejecutivo, hacen que hoy deban salir de la zona, hacia el municipio de Mutatá. Exigimos al gobierno nacional que brinde todas las garantías para su instalación en este lugar en condiciones de dignidad y seguridad. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, la Misión de Verificación de la ONU y organismos de derechos humanos a que acompañan y rodeen el proceso de reubicación.
Reiteramos el llamado al Ministerio Público, al Congreso de la República y a Iván Duque para que den cumplimiento del Acuerdo de Paz, las garantías a los derechos de los reincorporados y las garantías a las comunidades del Norte de Antioquia para permanecer en el territorio y se eviten desplazamientos masivos e individuales como los presenciados en meses anteriores.
Llamamos a la sociedad civil a rodear no solo la Implementación del Proceso de Paz, sino también el Proceso de Reincorporación de quienes le han apostado a la a la construcción de un mejor país para todos y todas.
Corporación Jurídica Libertad
Medellín 09 de Julio de 2020
#QuePareElGenocidio #YoApoyoAlArzobispoDeCali
La Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico-CIVP, que articula a más de 30 organizaciones étnico-territoriales de Pueblos Indígenas y Afrocolombianos, junto con otras organizaciones y personas abajo firmantes, respaldamos las declaraciones de Darío de Jesús Monsalve Mejía, Arzobispo de Cali, pues reflejan el sentir y el pensar de nuestras comunidades en la región del Pacífico y de otros lugares de Colombia. Unidos con el Arzobispo, reiteramos sus palabras.
1. El Gobierno de Duque, y su partido, han sido fieles a su campaña electoral de “hacer trizas el Acuerdo de Paz”, al atacar a los distintos mecanismos allí pactados (la JEP, la Comisión de la Verdad, la UBPD) y debilitar de manera drástica su implementación en materia de reforma rural integral, sustitución de cultivos de uso ilícito, protección de las comunidades, desmonte de estructuras procedentes del paramilitarismo y reincorporación integral de excombatientes de la extinta Farc-Ep.
2. Las comunidades en muchos territorios del Pacífico y Suroccidente que padecen la agudización del conflicto armado están sometidas a un genocidio, como la soportan las dolorosas cifras: desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados más de 460 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, así mismo, 216 excombatientes y firmantes del Acuerdo de Paz. Es notorio el exterminio físico a los pueblos indígenas, reflejado en el asesinato de 167 líderes indígenas durante el gobierno del presidente Duque.
3. El planteamiento de “Paz con Legalidad” es un discurso engañoso, puesto que gobierna la ilegalidad en los territorios de la periferia, incluso con más fuerza. Es clara la negación a aceptar la existencia de un conflicto armado que debe ser solucionado mediante la vía de la negociación. Mientras tanto, hay una suerte de venganza contra nuestros territorios que seguimos apostando a la paz negociada.
La comunidad Internacional es testigo de estos hechos, por ejemplo, en reciente carta al Presidente Trump, 94 Congresistas de Estados Unidos afirmaron: “Nos dirigimos a usted para pedirle que inste a la Administración Duque a que renueve sus compromisos de implementar los históricos acuerdos de paz de 2016 y proteger a los amenazados defensores de los derechos humanos de Colombia… su persistente incapacidad (del gobierno colombiano) para prevenir y judicializar los ataques contra los defensores han permitido que esta tragedia se desate sin control.”
El Papa Francisco afirmó categóricamente, en su pasada visita a Colombia, que los obispos deben ser voz profética e independiente: “no se midan con el metro de aquellos que quisieran que fueran sólo una casta de funcionarios plegados a la dictadura del presente…” y a continuación les recalcó que, “Colombia tiene necesidad de vuestra mirada propia de obispos, para sostenerla en el coraje del primer paso hacia la paz definitiva, la reconciliación, hacia la abdicación de la violencia como método, la superación de las desigualdades que son la raíz de tantos sufrimientos, la renuncia al camino fácil pero sin salida de la corrupción, la paciente y perseverante consolidación de la “res pública” que requiere la superación de la miseria y de la desigualdad.”
Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía ha sido coherente y fiel a esta exhortación del Papa, en favor de los pueblos afrodescendientes, indígenas, campesinos y víctimas del conflicto armado. Cómodo sería que se mantuviera indiferente y complaciente ante esta tragedia fratricida. Su fidelidad con la paz le ha significado una persecución del Centro Democrático, que desde hace varios años y de diversas formas, le ha hecho acusaciones calumniosas para acallar su voz y deslegitimar su palabra profética, así como lo han hecho contra el movimiento social de trabajo por la paz, artistas, académicos, deportistas, entre otros.
Seguimos insistiendo, una vez más, que la Paz es un bien de toda la sociedad colombiana. El Gobierno Nacional le corresponde cumplir con su deber constitucional de hacer realidad este derecho para todos los colombianos y colombianas.
Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico-CIVP
Conozca las Organizaciones firmantes aquí
Corporación Contracorriente
Corporación Jurídica Libertad
La Moradia, Colectivo de Arquitectas
Mesa de vivienda Comuna 8
Mesa Interbarrial de Desconectados
Proyecto Colectivo Tejearaña
Conscientes del momento que vivimos como humanidad y sabiendo que estas situaciones emergen como consecuencias de un sistema desigual e injusto, hacemos unos apuntes a las instituciones gubernamentales, para ser tenidas en cuenta y realizar medidas que ayuden a mitigar el impacto de la crisis sanitaria y ambiental que estamos afrontando con el Covid-19.
Si bien las medidas son pensando en el caso Medellín, algunas son de carácter Nacional, las cuales deben ser gestionadas por las autoridades locales ante los órganos que correspondan.
1. Destinación de recursos: Esta emergencia implica un reto económico de toda la sociedad y en particular del Estado, en esa medida hacemos las siguientes propuestas.
a. Prioridad de inversión: dirigir la inversión estatal hacia la superación de la emergencia, esto implica la suspensión del pago de la deuda pública y de la regla fiscal. Suspender y reorientar el presupuesto de las inversiones no estratégicas, dirigiéndola hacia la atención y estabilización de esta emergencia. La reducción del gasto militar, de los gastos de publicidad, así como la reducción inmediata de salarios de funcionarios de alto nivel y aumentar de manera inmediata el gasto social, en particular el médico, el apoyo psicosocial y la asistencia humanitaria.
b. Recuperación y estabilización: dirigir los esfuerzos del plan de desarrollo a la estabilización de la emergencia y la recuperación de la población en situación de vulnerabilidad. Para esto, es necesario dirigir los esfuerzos hacia la recuperación económica de la PyMs y la economía informal; el fortalecimiento del sistema de salud, buscando la cobertura universal, y la construcción de mejores condiciones sanitarias de los barrios informales mediante servicios públicos domiciliarios, saneamiento básico y mejoramiento de vivienda.
c. Protección del presupuesto participativo: los recursos destinados a atender la emergencia, no sean los designados a PP; protegiéndolos para que sean parte de las acciones que permitan la estabilización, desde la continuidad a los temas priorizados por las comunidades.
d. Formulación del Plan de Desarrollo Municipal: revisar y ajustar el anteproyecto del PDM, adecuándolo a la actualidad dada por la contingencia, para así destinar recursos y formular proyectos y programas destinados a la estabilización y recuperación, en particular a la economía informal, pequeños y medianos empresarios. Intervenciones en infraestructura para el mejoramiento de la salubridad, como acueducto y alcantarillado e infraestructura médica y las medidas de adaptación a cambio climático.
2. Activación de comités de gestión del riesgo de desastres: Decretar los comités de emergencia en sesión permanente y con comunicación diaria por múltiples medios de difusión sobre la emergencia, esto con el fin de mitigar las noticias falsas que inevitablemente van a seguir circulando.
a. Escala municipal: de acuerdo a la Ley 1523 de 2012, el Comité Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres debe coordinar la acción del estado y dar lineamientos para el cual debe ser dirigido por el DAGRD y convocar a la ciudanía y a la academia para una pertinente acción del Estado.
b. Escala zonal y comunal: se debe activar comités zonales y/o comunales de gestión de riesgo con las JAC, JAL y comités comunitarios de gestión de riesgo con el fin de ayudar a coordinar las acciones locales de atención en emergencia, informar particularidades territoriales al DAGRD y sobre todo activar las redes solidarias propias de los barrios de nuestra ciudad.
3. Servicios públicos domiciliarios: Los SPD son estratégicos para la reducción de vulnerabilidad ante la pandemia, en ese sentido, es fundamental garantizar el suministro constante de ellos tanto en la emergencia como de forma permanente, para ello:
a. Reconexión inmediata: garantizar el suministro constante y suficiente de agua y energía eléctrica para todos los habitantes de la ciudad, asegurando la reconexión a las familias que por falta de pago no se encuentran con acceso a estos derechos.
b. Camiones cisterna: en los barrios de difícil acceso, de precaria conectividad a agua potable o de no conexión, garantizar suministro mediante camino cisterna durante el tiempo de la emergencia.
c. Mínimo vital: garantizar mínimo vital de agua y energía para todos los habitantes durante la emergencia y posterior a ésta, con el fin de evitar enfermedades como el Covid 19 y otras asociadas a la calidad del suministro. En el caso de las familias con conexión prepagada, garantizar su acceso independiente a la recarga que puedan realizar.
d. Saneamiento básico: garantizar a mediano plazo el saneamiento básico de todas las viviendas con el fin de disminuir el impacto en la salud pública de enfermedades oportunistas, asociadas al contexto socio-económico y sanitario. e. Internet gratuito: Asegurar el suministro de internet en todas las viviendas con el fin de poder garantizar un mínimo de telecomunicación que permita información pertinente en tiempo de aislamiento, así como la posibilidad de recibir atención de telemedicina (Ver punto 6d)
4. Seguridad alimentaria: Proyectando una emergencia superior a la capacidad de respuesta de las personas que viven de la economía informal y que se les dificulta el abastecimiento de alimentos por las redes privadas (las cuales el Estado debe regular para evitar la especulación del precio de los alimentos), se propone las siguientes medidas.
a. Banco de alimentos: Construir un banco de alimentos de administración estatal y con distribución coordinada por los comités zonales o comunales de gestión de riesgos mencionados en el punto 1b, las JAL o JAC.
b. Redes de abastecimiento local: Construir una red de abastecimiento local de alimentos que priorice las compras a los campesinos de Medellín y municipios cercanos, priorizando el abastecimiento a personas que viven en la economía informal, madres gestantes y lactantes y adultos mayores en situación de abandono.
c. Asistencia alimentaria: mantener y potenciar las redes de suministro de alimentos direccionadas a ciertas poblaciones (Buen Comienzo para primera infancia, subsidios a tercera edad como Colombia Mayor, población en situación de discapacidad, mujeres gestantes y lactantes)
5. Apoyo psicosocial: Se debe asumir que esta emergencia incluye un reto a la salud pública mental y emocional, por lo cual se debe priorizar las siguientes acciones.
a. Al personal médico: se debe priorizar la salud mental del personal médico y trabajadores hospitalarios, generando condiciones de tranquilidad mental y emocional para afrontar las difíciles decisiones que tendrán que tomar.
b. Adultos mayores: destinar personal de apoyo psicosocial a los adultos mayores en situación de abandono o que viven solos, incluso sin descartar la visita domiciliaria (contando con las medidas que sean pertinentes) para evitar mayor inmunodepresión asociado al estado de ánimo.
c. Línea telefónica: habilitar una línea gratuita de atención psicosocial que permita escuchar a las personas que cuenten con cuadros de ansiedad, evitando así suicidios e inmunodepresión de las personas.
d. Apoyo a personas en contexto de abuso y violencia: estructurar medidas efectivas de protección a mujeres, trans, niñas y niños, adultos mayores, que se encuentren en exposición en contextos familiares de violencia o abuso sexual; así como medidas para el apoyo de trabajadoras sexuales.
6. Apoyo médico: Este punto es neurálgico en toda la crisis, en particular en el momento de máxima infección, por lo tanto, debemos dirigir la mayor proporción de esfuerzo para generar capacidad de respuesta:
a. Cobertura universal: garantizar la cobertura universal de salud a todos los habitantes independiente de la enfermedad y el tipo de afiliación durante toda la emergencia y posterior a esta.
b. Aumento de las UCI: dirigir los recursos financieros para aumentar el número de UCI disponibles en la ciudad, asumiendo el control estatal de la capacidad de todas las IPS por parte del Estado.
c. Ingeniería medica local: como la consecución de UCI son complejas por estos días de crisis, se debe convocar a todas las universidades para que, de manera inmediata diseñen prototipos de equipos médicos y retrovirales, validen para su uso en tiempo record y que de esta manera, el Estado, pueda generar un escalamiento de la producción de dichos equipos diseñados con tecnología y talento local.
d. Telemedicina: convocar a las facultades de medicina, EPSs y cajas de compensación familiar para generar líneas de atención a población que se encuentre en zonas distantes, como bordes y corregimientos, para con esto asegurar parte de la atención de salud requerida.
7. Emergencia económica: Es inevitable el impacto económico que el mundo y el país van a tener asociado a esta pandemia, como es habitual, los impactos económicos se verán más exacerbados en las personas que están en situaciones de mayor pobreza, en ese sentido proponemos para mitigar dicho impacto lo siguiente.
a. Congelar deudas bancarias: Congelación del aporte a capital y de intereses de todas las deudas durante el periodo que dure la emergencia, esto con el propósito de dirigir los recursos financieros de las familias a las necesidades básicas del hogar.
b. Apoyo a venteros ambulantes y otras actividades informales: generar subsidios en especie asociados a alimentos (ver 4a y 4b), mínimo vital (ver 3c) durante el tiempo de la emergencia y su estabilización. Realizar un apoyo de microcrédito para volver a la actividad comercial en el momento que se supere la emergencia.
c. Apoyo a pequeños y medianos empresarios PyMEs: exención de impuestos, apoyo en pago de nómina a pequeños empresarios que se comprometan a no despido de los trabajadores. Así como créditos blandos posterior a la emergencia. Priorización dentro de las compras estatales a las pequeñas empresas de alimentos y otros suministros claves, fomentando así las pequeñas economías, responsables de la mayor generación de empleo en el país.
8. Vivienda: Dada la contingencia por la emergencia actual, para muchas familias la posibilidad de desmejoramiento de sus condiciones habitacionales, por pérdida por no pago de crédito o arrendamiento, así como por exposición en zonas con condiciones de amenaza, lo que impediría la acción preventiva del aislamiento en casa, proponemos:
a. Suspensión de órdenes de desalojo: evitar cualquier acto administrativo dirigido a el desalojo de inmuebles destinados a vivienda familiar ya sea por deudas, obras públicas o litigios entre privados. Esto teniendo presente que estas acciones pueden generar una desmejora inmediata en las condiciones de vida, además de generar aumento de número de habitantes en la calle y exponer a generar focos agudos de contagio. Lo anterior, según la Observación General 7 del PIDESC que establece: “Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a otras tierras productivas, según proceda”, tratado ratificado por Colombia que debe ser aplicado y observado, más ahora que estamos frente a una coyuntura que exige priorizar los derechos sociales sobre netamente económicos y para ello se requiere una intervención decidida del Estado.
b. Adopción inmediata de Política Pública de Protección a Moradores: considerando que estamos próximos a la temporada de lluvia donde se aumentan los eventos de emergencia por remoción en masa, se debe activar la Política Pública de Protección a Moradores con especial énfasis en las órdenes de evacuación por riesgo de desastre, lo que implica la evaluación con especial cuidado de las recomendaciones de evacuación, la generación inmediata de albergues definitivos.
c. Monitoreo de riesgo: el pico de la emergencia se desarrollará en el periodo de lluvias, el cual está asociado a las inundaciones y las remociones en masa, con el fin de prevenir que esta situación agrave la crisis sanitaria al concentrar a las personas en albergues cuando deben de estar en aislamiento, para ello es necesario fortalecer los procesos técnicos y comunitarios de sistemas de monitoreo y alertas tempranas.
d. Auxilio de vivienda y albergues: generar un fondo de auxilio de vivienda para las personas que cuenten con dificultad de pago del arrendamiento de la vivienda; así como el aumento del presupuesto asignado a ISVIMED para el apoyo de arrendamientos temporales en caso de emergencia.
e. Albergues: aumentar los sitios de alberge para habitantes de calle con condiciones adecuadas para superar la emergencia y con la posibilidad, si así lo desea, de iniciar un proceso de superar la condición de calle.
f. Congelación de cuotas de pago de créditos de vivienda: suspensión de los pagos de cuotas, intereses y mora durante el periodo que dure la emergencia, esto con el propósito de dirigir los recursos financieros de las familias a las necesidades básicas del hogar.
Estos puntos fueron pensados y ajustados colectivamente, en aras de aportar a tomar las mejores decisiones en estos casos de contingencia, sin perder de vista las condiciones actuales de los pobladores populares, quienes habitamos los barrios que se han sostenido mediante la economía informal y la solidaridad comunitaria. Barrios y pobladores que hemos sido segregados por la ciudad, pero que también contribuimos a la construcción de esta.
¡PORQUE ESTA CIUDAD TAMBIÈN ES NUESTRA!
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Consejos Territoriales de Planeación Antioquia
Cordial saludo,
Diferentes organizaciones sociales nos dirigimos a ustedes para solicitarles, de manera fraterna, que en los municipios en los cuales se estén discutiendo Planes de Desarrollo Municipal emitan un concepto negativo. Esta solicitud la hacemos basadas en una primicia fundamental de nuestro modelo de Estado, es que aún en los estados de excepción y en los de emergencia – como es el caso de la actual coyuntura – hay unas garantías mínimas que el gobierno no puede transgredir ni suspender, como es el respeto a los derechos humanos, entre los que se encuentran los civiles y políticos. Además, en la misma línea, los gobiernos locales deben buscar afrontar la crisis respetando integralmente la Constitución, lo que implica velar porque el mandato de participación se materialice en su mayor medida posible.
Ahora bien, ustedes se constituyeron en virtud del artículo 340 de la Constitución Política y la Ley 152 de 1994 como organismos no solamente consultivos, sino también como un espacio para garantizar la participación en la construcción y seguimiento de las diferentes políticas públicas, como materialización de la planeación participativa, pero ¿Acaso están dadas las condiciones para poder garantizar ese principio? ¿Pueden todas las personas participar en las reuniones de los CTP? ¿Pueden hoy las consejeras y los consejeros adelantar reuniones con los sectores que representan?
Continuar discusiones o validar PDM en las actuales condiciones es desconocer que el Estado Social de Derecho no es sólo un mandato legal sino también material, lo que hace necesario que de ser preciso se hagan las pausas necesarias que permitan garantizar el mayor número de derechos, aunque ello implique retrasar otros ejercicios, por lo expuesto es que les invitamos a dar su concepto negativo, exigiendo que se suspendan las formulaciones y debates hasta tanto no se tengan las garantías necesarias para este ejercicio democrático.
Suscriben:
Corporación Jurídica Libertad
Corporación de mujeres Afrodiasporicas Rosa Parks
Espacio Autónomo Comunidad NARP Medellín.
Comité de Arte y Cultura Departamental Poblacional NARP.
Ex Concejal Luz Marina Múnera
Ciudad en Movimiento
UBUNTU – Plataforma de Juventud La Unión
Tulpa Comunitaria
Escuela Marta Cecilia Yepes
Colectivo AWA
Corporación Cocorná Consciente
Congreso de los Pueblos
Colectivo de Mujeres Tejiendo Red.
Partido Comunista Colombiano – Regional Antioquia
Juventud Comunista Colombiana – Local Luis Tejada
Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC
Corporación Ecológica Cultural Penca de Sábila
Asociación Campesina de Antioquia - ACA
Cinesquemas
Asociación de Pequeños y Medianos Productores del Oriente Antioqueño ASOPROA
Red de Acción Frente al Extractivismo
Corporación en Derechos Humanos Contracorriente
Mesa Interbarrial de Desconectados de Servicios Públicos y Vivienda Digna
Mesa de Vivienda y Servicios Públicos Domiciliarios Comuna 8
La Moradia – Diseño y Arquitectura.
Consejo Territorial de Planeación Argelia
Familiares de Detenidos y Desaparecidos de la Vereda La Esperanza
El Carmen de Víboral
ASOARRAYANEROS
Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio del Oriente Antioqueño - MOVETE
Nodo Nariño - MOVETE
Nodo La Unión - MOVETE
Nodo Argelia - MOVETE
Nodo Santuario – MOVETE
Corporación de Derechos Humanos Gustavo A. Marulanda
Tejearañas
Colectivo Santo Domingo Libre
Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna
Mil Colores El Santuario
Mesa Ambiental de Sabaneta
A un año del Acuerdo de Paz, manifestamos a instancias internacionales que el Estado Colombiano no está respetando lo Pactado y, al contrario, ha generado un manto de impunidad para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, de guerra y graves violaciones a los derechos humanos.
Los tres poderes públicos del Estado Colombiano a lo largo de este año han modificado el Acuerdo Final de Paz atendiendo a los intereses de sectores políticos, económicos y militares, principalmente de alto rango. Ante este panorama, 142 organizaciones de víctimas y DDHH; y 44 personalidades, nacionales e internacionales, enviamos esta carta y se anuncia la conformación de un equipo de litigio internacional para presentar ante sus instancias los casos de los máximos responsables y solicitar que se abra de manera formal las investigaciones correspondientes. Creemos que, ante la inactividad de la justicia ordinaria y la exclusión de responsables de la justicia transicional, el único camino que nos queda para alcanzar la justicia son los estrados internacionales.
Entregada a la Fiscal Bensouda de la CPI; al presidente del Consejo de Seguridad; y a Pablo De Greiff, Relator Especial de las Naciones Unidas. En el texto completo se explica cada uno de los puntos de modificación inconstitucional a lo largo del año que favorecería a máximos responsables responsabilidad de mando y de terceros.
Conozca la carta completa y las organizaciones que firmaron ¡Aquí!
