A un año del Acuerdo de Paz, manifestamos a instancias internacionales que el Estado Colombiano no está respetando lo Pactado y, al contrario, ha generado un manto de impunidad para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, de guerra y graves violaciones a los derechos humanos.
Los tres poderes públicos del Estado Colombiano a lo largo de este año han modificado el Acuerdo Final de Paz atendiendo a los intereses de sectores políticos, económicos y militares, principalmente de alto rango. Ante este panorama, 142 organizaciones de víctimas y DDHH; y 44 personalidades, nacionales e internacionales, enviamos esta carta y se anuncia la conformación de un equipo de litigio internacional para presentar ante sus instancias los casos de los máximos responsables y solicitar que se abra de manera formal las investigaciones correspondientes. Creemos que, ante la inactividad de la justicia ordinaria y la exclusión de responsables de la justicia transicional, el único camino que nos queda para alcanzar la justicia son los estrados internacionales.
Entregada a la Fiscal Bensouda de la CPI; al presidente del Consejo de Seguridad; y a Pablo De Greiff, Relator Especial de las Naciones Unidas. En el texto completo se explica cada uno de los puntos de modificación inconstitucional a lo largo del año que favorecería a máximos responsables responsabilidad de mando y de terceros.
Conozca la carta completa y las organizaciones que firmaron ¡Aquí!
La consolidación de dicha iniciativa legislativa se encuentra en grave peligro con ocasión de los intereses políticos y electorales presentes por esta época en el país. Integrantes del Congreso han puesto por encima de los derechos de las víctimas y de la paz, sus intereses personales y el temor a la actuación de la justicia.
El Congreso de la República tiene el compromiso de cumplir un papel trascendental en la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP. Una parte importante de sus integrantes ha respondido al clamor de las víctimas y de la sociedad de aprobar las reformas necesarias para la terminación del conflicto armado interno, ejemplo de ello, fue la creación el pasado mes de marzo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como elemento esencial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Esta misma corporación tiene hoy en sus manos el proyecto de ley que dará viabilidad al funcionamiento de dicha jurisdicción la cual se propone hacer justicia para las víctimas de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado interno, honrando la obligación trascendental que tiene con el pueblo colombiano de tramitar los proyectos de ley necesarios para luchar contra la impunidad y alcanzar la paz.
Tanto las fuerzas militares como los excombatientes de las Farc-EP han decidido acogerse a la JEP para responder a las víctimas y a la sociedad por sus conductas, por lo que esta jurisdicción se presenta como una oportunidad para que todos los actores involucrados en el conflicto garanticen los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, superando la impunidad y generando condiciones para la no repetición.
Ahora bien, la consolidación de dicha iniciativa legislativa se encuentra en grave peligro con ocasión de los intereses políticos y electorales presentes por esta época en el país. Integrantes del Congreso han puesto por encima de los derechos de las víctimas y de la paz, sus intereses personales y el temor a la actuación de la justicia.
Por lo anterior, las 144 organizaciones firmantes, hacemos un llamado a los integrantes de las comisiones primeras constitucionales del Senado y la Cámara de Representantes, y al conjunto de los congresistas, para responder con altura y garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado, al desafío histórico que enfrentan en estos momentos de construcción de la paz y, para que lo antes posible, avancen en la aprobación del proyecto de ley estatutaria de la JEP.
Un Sí a la JEP significa un No a la impunidad.
Suscriben:
Organizaciones de víctimas en Colombia y en el exterior:
1. Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos – ASFADDES Barrancabermeja
2. Asociación de víctimas de crímenes del estado, Asorvimm
3. Asociación SOS Víctimas del Conflicto Armado Colombiano en Panamá, SOVIC Panamá
4. Colectiva de mujeres Refugiadas Exiliadas y Migradas
5. Colectivo 16 de mayo, víctimas de la Masacre de Barrancabermeja
6. Colectivo de migrantes y exiliados colombianos por la paz, MECOPA Argentina
7. Colectivo de víctimas Vida Memoria y Dignidad
8. Colectivo por la paz en Colombia desde México – COLPAZ
9. Constituyentes exiliados perseguidos por el Estado Colombiano.
10. Coordinación de víctimas y derechos humanos del nororiente
11. Ecos de Colombia – Costa Rica
12. Enda América Latina
13. Foro Internacional de Víctimas
14. Gestapaz Barcelona
15. Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, H.I.J.O.S
16. Hijos e Hijas Por la Memoria y contra la Impuntualidad
17. Mesa de víctimas del conflicto interno colombiano en Argentina
18. Mesa Nacional de Victimas Pertinentes a Organizaciones Sociales
19. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE
20. Movimiento nacional de víctimas y ciudadanos por la paz
21. Mujeres caminando por la verdad, víctimas de la Comuna 13 en Medellín
22. Organización de Colombianos Refugiados en Chile
23. Organización de víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y Desaparición Forzada del Eje Cafetero Voces Unidas Exigiendo Justicia
24. Red de Víctimas Colombianas por la Paz en Latinoamérica y el Caribe REVICPAZ – LAC
25. Victimas colombianas en Perú: Colombia Vida y Paz, Covipaz
Organizaciones sociales y de derechos humanos:
26. Asociación de Trabajo Interdisciplinario, ATI
27. Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – ANDAS
28. Asociación para la Promoción del Desarrollo Integral del Caribe, Aprodic Cartagena
29. Baja Bota Caucana y Cofanía Jardines de Sucumbios de Nariño
30. Centro de Estudios Territorio y Ciudad
31. Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)
32. Colectivo ANSUR
33. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Cajar
34. Colectivo de Jóvenes Trabajadores- CJT
35. Colectivo Deformación
36. Colectivo Educación para la Paz
37. Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
38. Colombia Humana
39. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
40. Comisión Colombiana de Juristas - CCJ
41. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP
42. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH
43. Comité Regional de Planeación Participativa del Magdalena Medio
44. Comunidades Construyendo Paz – CONPAZ
45. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES
46. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU
47. Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, CAHUCOPANA
48. Corporación Centro Consultoría De Conflicto Urbano C3
49. Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
50. Corporación construyendo poder, democracia y paz, PODERPAZ
51. Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, Ciase
52. Corporación Jurídica Libertad
53. Corporación Jurídica Yira Castro – CJYC
54. Corporación Otra Escuela
55. Corporación Pacipaz, Territorio, Identidad y Cultura para la Paz
56. Corporación para la educación y autogestión ciudadana, CEAC
57. Corporación PODION
58. Corporación Reiniciar
59. Corporación SIMBIOSIS
60. Corporación Vínculos
61. Corporación Yurupari
62. Equipo Colombiano Interdisciplinario De Trabajo Forense Y Asistencia Psicosocial – EQUITAS
63. Equipo Multisectorial de Planeación Participativa de Barrancabermeja
64. Escuela de Liderazgo por la Paz
65. Escuela Nacional Sindical – ENS
66. Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos y humanos del Magdalena Medio
67. Fenalpaz Antioquia
68. Foro Nacional por Colombia
69. Fundación Alimentando Sueños
70. Fundación Arlequines
71. Fundación FUNDEXCO-COLOMBIA
72. Fundación Hasta Encontrarlos
73. Fundación Lazos de Dignidad
74. Fundación Nydia Erika Bautista
75. Fundación Paz y Trabajo Digno
76. Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro de Colombia - DHOC-
77. Fundación Procrear
78. Fundación Waki - Semillas de Cambio
79. Humanidad Vigente
80. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativos ILSA
81. Instituto Popular de Capacitación, IPC
82. Manada Disidente Abya Yala
83. Mesa de Cerros Orientales
84. Mesa de Unidad de Trabajadores del Municipio de Puerto Guzman – MUTPG
85. Mesa Psicosocial Colombia
86. Movimiento Político y Social Marcha Patriótica
87. Movimiento Social Discapacidad Colombia, MOSODIC
88. Observatorio DDHH U. Distrital, Bogotá
89. Observatorio de víctimas, convivencia y seguridad ciudadana
90. Paz a la calle
91. Periódico el Macarenazoo
92. Plántate en Si a La Paz, Utradec
93. Red DDHH del Putumayo
94. Red de Derechos Humanos del Sur Occidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes RedFIC
95. Red Nacional en Democracia y Paz.
96. Red Popular de Derechos Humanos Bogotá, REDHUS
97. Red Universitaria por la Paz. RedUnipaz-Nodo centro
98. Redepaz
99. Sindiconcejo
100. Sinestesia ONG
101. Veeduría Campamento por la Paz
102. Viva La Ciudadanía
103. Quinto mandamiento de Barrancabermeja
Cumbre Nacional de Mujeres y Paz:
104. Alianza Iniciativa de Mujeres por la Paz -IMP-
105. Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas de Colombia -ANMUCIC
106. Casa de la Mujer
107. Colectivo de Pensamiento y Acción “Mujeres Paz y Seguridad”
108. Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas -CNOA-
109. Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad -LIMPAL Colombia
110. Mujeres por la Paz
111. Ruta Pacífica de las Mujeres.
Organizaciones de mujeres y de promoción y defensa de la diversidad sexual:
112. Caribe Afirmativo
113. LGBTIporLaPaz
114. Un Millón de Mujeres de Paz
Organizaciones sindicales y campesinas:
115. Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT
116. Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, AHERAMIGUA
117. Asociación de Trabajadores Campesinos Amazonicos del Alto Mecaya
118. Asociación de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC
119. Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia ANUC
120. Central Unitaria de Trabajadores - CUT
121. Comité por el sí a la paz la economía solidaria campesina y comunal
122. Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales Ambientales y Campesinas del Caquetá – COORDOSAC
123. Federación Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO
124. Sindicato Sector Agropecuario, SUMA
125. Unidad Nacional Agropecuaria, UNA
126. Unión Sindical Obrera, USO
Organizaciones étnicas:
127. Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas -CNOA
128. Coordinación Étnica Nacional de Paz, CENPAZ
129. Coordinación Regional del Pacífico
130. Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC
Organizaciones comunales:
131. Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna 8 Nuestra Señora de Chiquinquirá municipio de Dosquebradas Risaralda
132. Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna 9 "Manuel Elkin Patarroyo" municipio de Dosquebradas, Risaralda
133. Asociación de Juntas de Acción Comunal del Corregimiento de La Marcada, Municipio de Dosquebradas, Risaralda
134. Corporación Comunales Por Colombia
135. Corporación CorpoColombia - verde
136. Federación de Acción Comunal de Bogotá
137. Federación de Acción Comunal de Choco
138. Junta Municipal de la Unión Patriótica, UP Cali
Organizaciones estudiantiles y juveniles:
139. Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios – ACEU
140. Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria – ANDES
141. Federación de Estudiantes Universitarios FEU-Colombia
142. Juventud Comunista Colombiana - JUCO
Programas académicos:
143. Especialización en Acción sin Daño y Construcción de Paz, Universidad Nacional de Colombia
144. Maestría en Planeación para el Desarrollo – Universidad Santo Tomás
Personalidades y activistas por la paz:
1. Ana Teresa Bernal
2. Andrés Jiménez – Docente de la ESAP Bogotá y Uniminuto Soacha
3. Ángela Liliana Mazuera León
4. Carlos Eduardo Trejos Delgado
5. Carlos Mauricio Llanten, Diputado Asamblea Departamental del Putumayo
6. Claudia Patricia Herrera
7. Diana Arias
8. Diana Castro Benetti
9. Dilia Lozano
10. Fabio Monroy Martinez - Activista Caribe por la Paz
11. Gloria Florez Schneider
12. Guillermo Castro
13. Jorge Enrique Posada
14. Juan Carlos Castellano
15. Ligia Peñuela – Mujeres por la Paz
16. María Victoria Duque López
17. Martha Delgado
18. Mauricio Alzate Giraldo - Activista LGBTI
19. Mauricio Garcés - Activista LGBTI
20. Omar Gómez - representante estudiantil ante el Consejo Nacional de Paz
21. Óscar Alfredo Tibaduiza Rodríguez
22. Patricia Camacho
23. Patricia Lara - Periodistas
24. Patricia Sierra, docente Departamento de Trabajo Social, Universidad Nacional de Colombia
25. Rodrigo Sandoval
26. Socorro Ramírez
27. Stella Cano
28. Yury Sirleny Quintero, diputada Asamblea Departamental del Putumayo
Las organizaciones sociales, de víctimas y derechos humanos abajo firmantes hacemos un llamado urgente al Congreso de la República a mantenerse a la altura del compromiso histórico y político que demanda la implementación del Acuerdo Final de Paz. El reciente fallo proferido por la Corte Constitucional en relación con el Acto Legislativo 1 de 2016, no puede frenar el desarrollo normativo del Acuerdo. Respetamos la decisión del alto tribunal, sin embargo, esperamos que no afecte los anhelos de paz del pueblo colombiano. En este sentido, instamos al legislativo a priorizar el trámite de las leyes que aseguran la implementación del Acuerdo, conservando su espíritu y el principio de centralidad de las víctimas de manera que en el ejercicio de sus funciones legislativas anteponga el derecho a la paz como máximo valor de una sociedad agobiada por la guerra, dejando atrás los intereses políticos. Exigimos a las y los congresistas que demuestren su compromiso con la paz.
Para la construcción de la paz es urgente avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz. Por ello, las organizaciones firmantes demandamos del Gobierno Nacional se expida la reforma de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo, manteniendo a las víctimas en el centro, para lo cual proponemos como mínimo, incluir en dicha reforma los siguientes puntos:
1. Derechos de las víctimas y reparación colectiva 1. Reconocer a las víctimas que se encuentran en el exterior, obligando a la reglamentación de los derechos para esta población, así como los procedimientos para su atención, asistencia, reparación integral y retorno voluntario.
2. Incluir el principio de No regresividad como uno de los principios rectores. Los derechos de las víctimas son intangibles y por tanto sus modificaciones no supondrán limitaciones, anulaciones o restricciones a los estándares actualmente reconocidos.
3. Fortalecer la definición del “Enfoque diferencial” incluyendo el enfoque territorial y de género para la aplicación de las medidas atención y reparación, así como la protección especial de mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas por la afectación diferencial que han vivido.
4. Incluir entre los derechos de las víctimas, el derecho a las Garantías de No Repetición, como un compromiso real del Gobierno Nacional con la materialización del Nunca más a través de la implementación de medidas concretas de transformación de las condiciones que han facilitado la victimización.
5. Formular una Política Pública de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, que permita superar las graves falencias que tiene actualmente el PAPSIVI y la articulación con la Ley estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015), entre ellas (i) asegurar afiliación y cobertura de las víctimas registradas y de aquellas en proceso de reconocimiento, con total gratuidad, (ii) la autonomía presupuestal a través de un documento CONPES para responder adecuadamente a la cobertura territorial, y (iii) aplicar los principios de gratuidad, atención preferencial y continuidad, en correspondencia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
6. Establecer que las medidas de atención humanitaria se brindarán hasta tanto la situación de vulnerabilidad de las víctimas cese y que el Estado fortalecerá a las instituciones responsables de su prestación en todos los niveles territoriales, acogiendo las disposiciones de la Corte Constitucional.
7. Disponer la reglamentación del Programa de Reparación Colectiva con la participación de las víctimas, atendiendo a las disposiciones del Acuerdo Final de Paz, fortaleciendo su dimensión territorial, sus potencialidades transformadoras y la memoria de los colectivos inmolados, promoviendo la participación paritaria de hombres y mujeres en todo el proceso.
8. Determinar la reapertura del registro Único de Víctimas por un término de cinco (5) años, atendiendo a la ampliación del universo de víctimas, a la articulación que deberá existir con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y para facilitar la inclusión de las víctimas que en el pasado no declararon los hechos, debido a la ausencia de garantías de seguridad.
9. Disponer de manera explícita que se reglamentarán las competencias de cada una de las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), estableciendo deberes explícitos de priorización del cumplimiento de los derechos de las víctimas en todas las entidades y presupuesto adecuado para su cumplimiento.
10. Fijar el compromiso de formulación de un nuevo CONPES para garantizar la adecuada financiación de la Ley, que incluya el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el presupuesto, el plan de ejecución de metas y un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las mismas.
11. Establecer que se actualizará el Protocolo de Participación de manera conjunta con las víctimas y sus organizaciones, para promover la mejora de los procesos de elección, democracia interna y funcionamiento de las Mesas de Participación Efectiva de las víctimas, garantizar el reconocimiento de los demás espacios y organizaciones de víctimas y promover la paridad entre hombres y mujeres.
12. Incluir la obligación para el Gobierno Nacional, de diseñar una Política Pública de Generación de Ingresos y Empleo para las Víctimas, que atienda al enfoque diferencial y de género.
13. Determinar la vigencia de la Ley con extensión de un período de quince (15) años, en coincidencia con la Jurisdicción Especial para la Paz, respetando en todo caso el derecho de las víctimas a acceder a las medidas de atención y reparación en un plazo razonable.
Derecho a la restitución de tierras
1. La política de restitución de tierras no fue objeto de una reformulación en los acuerdos suscritos en La Habana. Por el contrario el acuerdo refuerza la importancia de garantizar los derechos de las víctimas, razón por la cual cualquier propuesta de modificación a la ley 1448 de 2011 en el marco del fast track, que sea restrictiva a las víctimas o fuera de lo acordado, deberá ser rechazada de plano.
2. La propuesta de reforma presentada por la Unidad de Restitución de Tierras propone modificaciones y adiciones en diferentes aspectos de la política de restitución de tierras frente a los cuales desde las organizaciones sociales se evidencian problemas de procedimiento en relación con el alcance del mecanismo legislativo fast track y el uso de las facultades especiales del Presidente de la República para el desarrollo normativo y la falta de relación suficiente entre las modificaciones propuestas por el gobierno y las exigencias del acuerdo de paz en materia de restitución, es decir, la concordancia de la modificación con el acuerdo de paz. Algunas de las modificaciones se han hecho más para superar problemas operativos de la Unidad de Restitución, que para profundizar y mejorar la aplicación de la restitución. Resaltan entre los problemas sustanciales de las propuestas de reforma del gobierno: (i) la regresividad en los derechos de las víctimas porque se propone limitar la temporalidad para presentar la solicitud de restitución a un año a partir de la microfocalización de la zona; (ii) se establece que las personas que hayan adquirido sus predios con recursos provenientes de actividades ilícitas no serán sujetos de restitución, sin considerar la especial situación del campesinado vinculado a cultivos de uso ilícito que también ha sido víctima de despojo; (iii) se limita el goce efectivo de los predios restituidos a través de la imposición de servidumbres mineras; (iv) se permite revisar las áreas de los predios aun después de la sentencia generando inseguridad jurídica; (v) se limita la reparación integral de las víctimas del conflicto a la restitución al establecer como criterio suficiente para superar la condición de víctima la sentencia de restitución y (vi) se insta a los jueces y magistrados de restitución a inaplicar el estándar de buena fe exenta de culpa y a retrasar por un término muy extenso las entregas materiales de los predios restituidos en procesos con segundos ocupantes vulnerables.
3. En contraste con lo planteado por el gobierno nacional, lo que se ha propuesto desde las organizaciones es: i) Entender que la política pública de atención y reparación integral a las víctimas es una sola, en consecuencia los procesos de reparación colectiva, retornos y reubicaciones deben estar relacionados con restitución de tierras, se necesita la coordinación de las dos Unidades para avanzar adecuadamente, ii) el seguimiento y la veeduría a las acciones implementadas para la continuidad de los procesos y la garantía de los derechos de las víctimas, iii) mantener los proyectos productivos para los beneficiarios de restitución garantizando su sostenibilidad y enfoque de género para lograr el empoderamiento económico, iv) vincular la restitución a los programas de la reforma rural integral, v) permitir que los jueces se pronuncien sobre los procesos jurídicos subyacentes que tienen los predios para que haya una restitución de tierras integral, vi) lograr la interoperabilidad de los registros de tierras despojadas y de víctimas que administra respectivamente cada Unidad, y vii) generar medidas de atención a favor de los propietarios retornados y viii) Mayores facilidades para la restitución a víctimas en el exterior.
No podemos desaprovechar una coyuntura que invita a pensar y consolidar una propuesta que se integre con las políticas del posconflicto, que responda a las expectativas de las víctimas, garantice la debida financiación de las medidas de atención y reparación, y facilite la recuperación de la confianza en las instituciones. Contribuir al avance en el goce efectivo de derechos de los más de 8 millones de personas afectadas por la guerra en Colombia, se constituye en un paso decidido hacia la consolidación de una paz estable y duradera.
Organizaciones que suscriben,
1. Corporación Jurídica Yira Castro – CJYC
2. Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial - EQUITAS
3. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU
4. ANDAS
5. Corporación Jurídica Libertad
6. Fundación Comité de solidaridad con los Presos Políticos
7. Asociación de Víctimas del Nordeste Antioqueño – ASOVISNA
8. Cristianos y cristianas por la Justicia y la Paz
9. Comité Permanente de DD.HH Héctor Abad Gómez
10. Servicio Jesuita a Refugiados
11. Mujeres Caminando por la Verdad
12. Viva la Ciudadanía
13. Cahucopana
14. Fundación Sumapaz
15. Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos –GIDH
16. Asociación Campesina de San José de Apartadó
17. Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz MECOPA – Argentina
18. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES
19. Arlequin y los juglares
20. Corpades
21. Análisis Urbano y Asociación de Vivienda EMECE
22. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE
23. Casa de la Mujer
24. Cumbre Mujeres y Paz
25. Foro Nacional por Colombia
26. Caribe Afirmativo
27. Escuela Nacional Sindical
28. ILSA
29. Ruta Pacifica de las Mujeres
30. Unión Patriótica
31. Hijos por la identidad, la justicia, contra el olvido y el silencio
32. Colectivo de abogados “José Alvear Restrepo”
33. Organización de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada del eje cafetero Voces Unidas Exigiendo Justicia
34. Escuela Nacional Sindical (ENS).
35. Asociación Campesina de Antioquia (ACA)
36. Reiniciar
37. Fundación Nydia Erika Bautista
38. Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos
39. Corporación Sisma Mujer
40. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
41. Comisión Colombiana de Juristas – CCJ
42. Corporación de DDHH Gustavo Marulanda
43. FUNPAZ
44. CINEP
45. ANZORC
46. Red Colombiana de Lugares de Memoria
47. Mesa Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales
48. GPAZ
49. Corporación Región
50. Consejo Noruego para Refugiados
51. Corporación Comité de DDHH Jesús María Valle Jaramillo
52. Instituto Popular de Capacitación IPC
53. Corporación Talentos
54. Comunidades de base Medellín
55. ASFADDES Medellín
56. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH
57. Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
58. Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
59. Asociación Gente Emprendedora GEMPREN
60. Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Medellín
61. Asociación de Desplazados y Mujeres de Antioquia - ADMA
62. Asociación de Víctimas y Desplazados de la Comuna 13 – ASOVICT 13
63. Fundación internacional de derechos humanos, reclamantes de tierras, desplazados y víctimas nuevo amanecer FUNHUMANA
64. Asociación de Víctimas del Eje Cafetero Buena Fe
65. CARRERS DEL MON - DRETS HUMANS
66. Exiliadas y exiliados colombianos en España
67. Foro Internacional de Víctimas – FIV
68. Asociación Revivir víctimas del conflicto armado de Colombia en España.
69. María Elena Osorio, Organización de Colombianos Refugiados en Chile
70. Fundación FUNDEXCO
71. Red de derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes del Suroccidente Colombiano
72. Veeduría Nacional a la adecuación y fortalecimiento participativo de la política de atención y reparación integral a las víctimas en el marco del fin del conflicto y contribución a la reparación material de las víctimas
73. Colectivo Semillas de Memoria y Dignidad
74. Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad
75. Movimiento Político y Social Marcha Patriótica
76. Comisión verdad, memoria y reconciliación de mujeres en Londres
77. Organización lazos de sangre, desde Caracas Venezuela
78. Baudilio Antonio Calvo Bolaños, Asociación Exiliados Colombianos Exterior (Comisión Chile)
79. Asociación de víctimas del conflicto colombiano en Canadá - ASOVICA
80. Ecos De Colombia, Costa Rica
81. Connacionales USA.
82. Comunidad Colombiana en Costa Rica
83. Voluntariado de Victimas de colombianos en Venezuela
84. Corporación HUMANAS
85. Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI
86. Asociación de víctimas Renacer siglo XXI. Del municipio de Buenos Aires, Cauca
87. Mesa Psicosocial, conformada por: Corporación AVRE, Tejidos del Viento, Colectivo Ansur, CAPS (Centro de Atención Psicosocial), Corporación Vínculos, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Colectivo Psicosocial Colombiano Copsico, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Médicos del Mundo Francia, Diego Fernando Abonía, Carmen Sánchez, Claudia Girón
88. Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes en Colombia –COALICO, conformada por: Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No violenta (JUSTAPAZ), Benposta Nación de Muchach@s, Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial Taller de Vida, Corporación Casa Amazonía (COCA), Corporación Vínculos, Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI-Colombia), Fundación Creciendo Unidos (FCU) y el Servicio Jesuita a Refugiados Colombia (SJR Colombia)
Para la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías para la Labor de defensores de Derechos Humanos de Antioquia el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y Marcha Patriótica Antioquia, la paz estable y duradera es una condición inaplazable para el país y la construcción de una mejor democracia en la que hemos invertido nuestros históricos esfuerzos.
En tal sentido, compartimos la preocupación de Alcaldes y Gobernadores que han denunciado el avance de los grupos paramilitares en los territorios dejados por la FARC- EP en el país, especialmente Antioquia.
Sin embargo, hemos analizado en detalle la figura de las Vicealcaldías propuestas por el Gobernador de Antioquia Luís Pérez y consideramos que dicha iniciativa va en contravía de la naturaleza propia del Estado Social de Derecho.
Su puesta en marcha es una decisión inconveniente, regresiva en términos de reconocimiento de la descentralización y la autonomía de los entes territoriales. Por el contrario, el desafío de la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios supone el fortalecimiento de la institucionalidad civil local y la participación autónoma de las organizaciones sociales. Las Vicealcaldías suplantan las funciones de los Alcaldes elegidos por voto popular, creando paralelismos dañinos e innecesarios de carácter administrativo, político y jurídico, además genera altos niveles de burocracia y concentración de poder en la Gobernación para la toma de las decisiones, contrariando los principios de democracia y participación establecidos en la Constitución Política de 1991.
Propuestas similares de militares tomando decisiones reservadas para las autoridades civiles, terminaron fortaleciendo los grupos paramilitares y generando consecuencias negativas en los territorios , como fue el caso de las alcaldías militares impuesta por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez (1995-1997) en los municipios de San Carlos y Amalfi, donde el capitán del Ejército, Juan Francisco Díaz Quiñonez fue acusado por graves violaciones de derechos humanos; otro caso es la declaración de Zona Especial de Orden Público bajo decreto 2035 de mayo 10 de 1996 que fue determinante en la perpetración de la masacre del 22 de abril de 1996 en Segovia.
Los intentos de soluciones militaristas a problemas sociales y de seguridad no han sido la salida correcta, así sucedió en la Comuna 13 con las operaciones militares, particularmente Mariscal y Orión, avaladas por el hoy gobernador Luis Pérez Gutiérrez, donde el Estado pasó de ser de protector a victimario dejando cientos de víctimas, hechos que aún hoy gozan de total impunidad.
La propuesta de Vicealcaldías representa un desconocimiento de la esencia, el espíritu y la finalidad del Acuerdo de Paz que se propone fortalecer las instituciones democráticas desde los territorios. Urge entonces, priorizar la implementación de las medidas acordadas y avanzar en la puesta en funcionamiento de la Unidad Especial de investigación para el Desmantelamiento de las Estructuras Paramilitares, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición, con participación de organizaciones de víctimas y de derechos humanos y la Mesa de Garantías para la Labor de defensores (as) de Derechos Humanos, entre otras.
Estas comisiones deben abordar la revisión integral de las Políticas de seguridad, la puesta en marcha de un servicio social para la paz con participación de las universidades públicas del departamento, la revisión de antecedentes y depuración de funcionarios vinculados con violaciones de DDHH, la revisión de archivos de seguridad y de inteligencia, la reducción de la fuerza pública, del presupuesto militar y la modificación de su doctrina que ve al movimiento social como un enemigo del Estado. Medidas que requieren el apoyo y acompañamiento de los gobiernos locales y de organizaciones sociales.
Por último como plataformas de derechos humanos y como espacios de la sociedad civil, hacemos un llamado a las FARC- Ep y al Gobierno Nacional, para que de manera pública de a conocer su postura sobre la propuesta de las Vicealcaldías, ya que la Gobernación, ha presentado esta estrategia como un aporte fundamental para consolidar el proceso paz a nivel territorial.
A la Gobernación de Antioquia replantear su decisión de implementar la propuesta de Vicealcaldías de Seguridad disfrazadas de Paz.
SUSCRIBEN:
NODO ANTIOQUIA DE LA COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS
PROCESO SOCIAL DE GARANTÍAS A LA LABOR DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES DE ANTIOQUIA
MOVICE ANTIOQUIA
MARCHA PATRIÓTICA ANTIOQUIA
CONGRESO DE LOS PUEBLOS
Con copia a:
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
ÓSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO
Vicepresidente de la República
LUIS CARLOS VILLEGAS
Ministro de la Defensa
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GUILLERMO RIVERA FLOREZ
ENRIQUE GIL BOTERO
Ministro de Justicia y del Derecho
NESTOR HUMBERTO MARTINEZ
Fiscal General de la Nación
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CARLOS ALFONSO NEGRET
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Procurador General de la Nación
anticorrupcióEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. reygon@procuraduría.gov.co
OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE
NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
La Corporación Jurídica Libertad, organización defensora de derechos humanos y la familia López Guisao a la que pertenecía la reciente líder asesinada RUTH ALICIA LÓPEZ, RECHAZAMOS de manera categórica las declaraciones dadas por la directora de la Seccional de Fiscalías en Medellín Claudia Carrasquilla, sobre el asesinato de esta líder.
En declaraciones dadas por la funcionaria al canal de televisión regional TeleAntioquia, aseguró que: “Se pudo determinar que en el pasado fueron de los Comandos Armados del Pueblo CAP de las milicias urbanas” indicó la funcionaria, lo que demuestra no solo lo irresponsable e indolente de las declaraciones en relación con sus familiares, sino la manera como desde este punto de vista se justifica el asesinato de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. De la misma forma pone en situación en vulnerabilidad a toda la familia López Guisao.
Sobre las declaraciones informamos que: En la Corporación Jurídica, conocimos el caso muy de cerca, este se inscribe en el marco de una serie de señalamientos a jóvenes de la Comuna 13 y sus barrios aledaños en el año 2002, muchos de estos jóvenes fueron desaparecidos, asesinados o debieron desplazarse, en particular con Alicia la defensa penal la realizó la CJL y se logró demostrar que era un montaje y fue absuelta.
Insistimos en que los asesinatos en contra de los líderes sociales no son casos aislados, sino que existe sistematicidad en ello, además de que no existen las garantías necesarias para la labor de los defensores de derechos humanos. Hacemos el llamado a la Fiscalía para que investigue el caso antes de realizar señalamientos que atentan contra la integridad de las víctimas.
