Pronunciamiento COEUROPA

Bogotá, agosto 6 de 2020

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia que define la situación jurídica y ordena medida de aseguramiento de detención domiciliaria en contra del senador Álvaro Uribe ha generado reacciones de descalificación y descrédito por parte del Presidente de la República y diversos altos funcionarios del partido de Gobierno que son incompatibles con el desempeño de funciones públicas en un Estado de Derecho y erosionan los fundamentos democráticos del régimen político.

El Presidente de la República como primera autoridad del país, tiene la obligación de respetar la Constitución y la ley que establece la división e independencia de poderes, y resulta de la más alta gravedad que haya salido públicamente ante los medios de comunicación a cuestionar los autos del máximo tribunal de justicia , presionándola indebidamente sobre el sentido de sus decisiones, como consecuencia de la medida de aseguramiento impuesta al Senador Álvaro Uribe, investigado por delitos contra la administración de justicia y en cuyo proceso obran pruebas y graves indicios sobre su responsabilidad como determinador de delitos de soborno a testigos y fraude procesal. La detención preventiva es una medida que se adoptó a partir del análisis probatorio para impedir que el procesado pueda entorpecer la actividad de investigación. La decisión de la Corte Suprema no solo está plenamente justificada sino que es acorde a lo ordenado por ley. Calificar de “persecución” o de “decisión política” la medida impuesta, amenazar con una reforma a la justicia orientada a suprimir las cortes, o llamar a una constituyente para crear una corte única que pueda ser controlada y produzca decisiones que favorezcan a miembros del partido de gobierno con problemas judiciales, constituye una presión indebida contra la justicia y una venganza en contra de sus integrantes cuando sus decisiones no los favorecen.

El desacato a su obligación de respetar las decisiones de la justicia ha sido seguido peligrosamente por parte de diversos funcionarios y servidores públicos del partido de gobierno, confiados en que ni la justicia ni los órganos de control los llevarán a rendir cuentas por sus acciones. Es inaceptable que la senadora del partido Centro Democrático Paola Andrea Holguín haya hecho un llamado a la reserva activa de las fuerzas armadas a ocuparse de defensa del senador ante la decisión proferida. Este acto es una instigación a la sedición en contra de las decisiones de la Corte y exige que las entidades judiciales y disciplinarias inicien las investigaciones y adopten las decisiones correspondientes para que tales actos no queden impunes en un Estado de Derecho.

Las declaraciones de altos funcionarios del actual gobierno, haciendo uso de su autoridad y empleando las redes sociales de la Presidencia de la Republica, constituyen también hechos ilícitos que dan a entender que antes que el acatamiento al derecho han priorizado la lealtad a su jefe político para desacreditar la legitimidad de las decisiones de la justicia. En este sentido, el llamado del presidente y congresistas de su partido a reformar la justicia, suprimir las cortes y especialmente la Jurisdicción Especial para la Paz, sea mediante decreto o mediante acto legislativo, constituye una acción inoportuna, vindicativa, equivocada y totalmente inconveniente y se dirige a completar el control vertical que sobre todos los órganos y entidades del Estado ha ido copando el partido centro democrático, en el contexto de imposición de mayorías impuestas mediante el control de la virtualidad de las sesiones del Congresos.

Es un acto reprochable que el Director del Centro Nacional de Memoria Histórica salga públicamente a atacar a la Corte acusándola de estar “enredada por versiones de criminales”. En su discurso se incita el odio cuando expresa que con la decisión de la Corte “nos han enterrado un puñal en el corazón”, pues sería “un triunfo de la perversidad”, de “la ignominia” y el llamado a que las expresiones de solidaridad a su jefe político y el repudio al fallo se haga izando el “tricolor a media asta y con cinta negra”, y más peligroso aun, legitima también otras acciones de manera ambigua cuando expresa que él ahora no puede realizar, pues si pudiera expresarlas o hacerlas “estaría en otra situación”. Aunque no explicita el tipo de acciones que reclama en sus sugerencias, resultan peligroso esta clase de insinuaciones, en un país donde la violencia sistemática se ha utilizado rutinariamente en contra de las víctimas, sectores sociales, oposición política y funcionarios judiciales. El señor director del Centro Nacional de Memoria, al igual que el presidente de la República y las demás autoridades públicas que se han expresado en contra de la decisión de la Corte Suprema, no pueden ampararse en el pretexto de usar su condición de ciudadanos para expresarse de manera pública y haciendo uso de su autoridad para influir en la opinión pública a seguir el ejemplo de su desacato y sus posturas de descredito a las decisiones de la justicia y a la legitimidad de sus actuaciones.

La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, red nacional de organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos exige al Presidente de la República y a los funcionarios del Partido de Gobierno que en todas y cada una de sus actuaciones y declaraciones públicas se ajusten a la ley y al respeto de la Constitución Nacional y que no pueden ampararse en su condición de ciudadanos para desacatar, desviar o propiciar el cuestionamiento a las decisiones judiciales. Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación, a las entidades judiciales, al Procurador General de la Nación y las entidades encargadas del control disciplinario y judicial del presidente, a investigar, reprimir y sancionar todas las actividades de desconocimiento de los mandatos constitucionales y legales, y la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, y el incumplimiento de sus obligaciones de neutralidad, imparcialidad y respeto irrestricto a la independencia de las decisiones judiciales.

Todas las personas en Colombia somos iguales ante la ley. Si en el pasado el senador Uribe tuvo la oportunidad de desempeñar altos cargos en el Estado, ello no lo sustrae a la obligación de ser investigado por cualquier conducta contraria a la ley en la que haya participado a título de autor, determinador o cómplice en que haya incurrido, al igual que el resto de los ciudadanos. Para que pueda hablarse de un Estado de Derecho se requiere que nadie, por poderoso que sea, se situé al margen de la ley o por encima de las decisiones judiciales, y que las entidades judiciales y organismos de control cumplan su obligación de garantizar esta condición esencial para el mantenimiento de la democracia. Para que la democracia se preserve, hoy se requiere más que recordatorios públicos de que los servidores deban acatar la constitución y no atacar la justicia, que se tomen acciones firmes para asegurar garantías de no repetición y la vigencia del orden democrático.

Comité Operativo Nacional

Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos