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Foto: Alianza de Medios Alternativos

El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes/as Sociales y Defensores/as de Derechos Humanos, Denunciamos la responsabilidad de la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín por las graves afectaciones y violaciones a los derechos ambientales, sociales, económicos y culturales causadas por Hidroituango, además los graves señalamientos y la persecución política ejercida por la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín en contra de líderes y lideresas del Movimiento Ríos Vivos Antioquia y otras organizaciones que se han opuesto a la construcción de la represa.

La respuesta a la catástrofe ambiental y social cometida por las improvisaciones de Empresas Públicas de Medellín y la Gobernación de Antioquia, evidenciaron en primera medida que las instituciones del Estado ponen el interés económico de las empresas por encima del derecho a la vida e integridad física de las comunidades, ese proyecto que fue impuesto en los territorios como “obra de interés público”, deja sin medios de vida y en condiciones humanitarias críticas a las comunidades ribereñas de los municipios de aguas arriba y aguas abajo, muchas de ellas sin atención humanitaria.

Lastimosamente hoy los hechos le demuestran al país las dimensiones del ecocidio ambiental y el riesgo a la vida, la integridad y todas las gravísimas afectaciones ocasionadas por el megaproyecto contra los habitantes de estos municipios.

Rechazamos la forma en que el Gobernador Luis Pérez Gutiérrez calificó de “pequeño impase”, “telenovela” y “exageración periodística” a lo que viene sucediendo con el proyecto energético, esta entidad junto a EPM insisten en ocultar la realidad de una tragedia que no se reduce al aumento del nivel del Río Cauca aguas abajo, por lo menos así fue admitido tardíamente el día de ayer 15 de mayo por el Gobernador Pérez, lo que demuestra que esto es el resultado de la falta de rigurosidad en los estudios de factibilidad para la etapa de diseño

del proyecto, lo que ha conducido a la falta de planeación que evidencia cambios constantes en la Licencia Ambiental y el alto riesgo que hoy viven las comunidades vulnerables.

Dicho problemas han sido denunciados por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia junto a otras organizaciones de la sociedad civil, han documentado, advertido y denunciado ante las autoridades competentes en el orden internacional, nacional, regional y local.

Encontramos como las últimas afectaciones ocasionadas por el megaproyecto, pueden conllevar a la pérdida de innumerables fosas donde se encuentran inhumadas muchas de las víctimas del conflicto político, social y armado que se ha vivido con gran intensidad en los municipios de influencia de Hidroituango, la tala indiscriminada de bosque seco tropical nativo, la inundación anticipada aguas arriba y la pérdida del afluente aguas abajo por el taponamiento del túnel de desviación para la construcción del muro de la presa que generó impactos negativos no contemplados en la licencia ambiental, para la población que genera su manutención en el aprovechamiento del río como las pesca, el barequeo, entre otras.

También encontramos un detrimento patrimonial de bienes y dineros públicos por la inundación de casa de máquinas del proyecto, para intentar resolver el taponamiento generando hasta ahora causando la pérdida cercana al medio billón de pesos, sin contar con el atraso de 2 años para la puesta en funcionamiento de la mega central y los bienes públicos afectados como los puentes.

Hoy se habla del riesgo en el que se encuentra la culminación del proyecto que insiste en una obra cuya estructura principal de la presa está construida sobre un terreno con graves fallas geológicas, que se encuentran referenciadas en los estudios de factibilidad.

Además, han sido recurrentes los señalamientos, estigmatizaciones, burlas y amenazas de judicialización proferidas por parte del Gobernador y la Secretaría de Gobierno de Antioquia contra el Movimiento Ríos Vivos y otras organizaciones que se han opuesto con argumentos y estudios a la construcción de la mega-obra, actuaciones que esperamos sean investigadas por las autoridades competentes bajo la Directiva del Procurador General de la Nación.

Jugar con la vida de miles de personas y ocultar información sobre el real riesgo al que se encuentra sometida la población, debe ser motivo suficiente para iniciar procesos penales y disciplinarios contra los directos responsables.

No estamos de acuerdo como la autoridad departamental de Prevención, Manejo de Riesgos y Atención a Desastres, DAPARD, quien se ha sumado a los pronunciamientos emitidos desde EPM y no encontramos una posición objetiva frente a un tema tan fundamental como el que por competencia le corresponde a esta entidad; no es correcto que

sea EPM, quien es el causante del desastre y sistemáticamente ha ocultado la información vital para la prevención de estas situaciones, quien aparezca como el salvador de estas.

No entendemos el silencio de las autoridades ambientales como Corantioquia, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y el Ministerio del Medio ambiente, y los Entes de Control e investigación como la Contraloría General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y La Fiscalía General de la Nación ante estas irregularidades que ya estaban advertidas, que tiene obviamente nombres y apellidos de sus responsables.

Urge que se atiendan todas las comunidades desplazadas y afectadas por la mega-obra en los municipios afectados aguas arriba, muchas de ellas se encuentran sin una atención humanitaria integral como Sabanalarga e Ituango.

Exigimos se tomen todas las acciones para que se evite una tragedia mayor en estos municipios y que todos los entes de control y judiciales realicen las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades políticas, disciplinarias, fiscales, penales y administrativas a que haya lugar.

Con copia a:

•          Procuraduría General de la Nación

•          Defensoría del Pueblo

•          Contraloría General de la Nación

•          Defensoría del Pueblo

•          Ministerio del Medio Ambiente

•          Autoridad Nacional Ambiental - ANLA

•          Fiscalía General de la Nación

•          Asamblea Departamental de Antioquia

•          Gobernación de Antioquia

•          Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia

•          Concejos Municipales de los municipios de Medellín, Briceño, Buriticá, Liborina, Olaya, Peque, Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia, Santa Fe de Antioquia, Toledo, Valdivia, Yarumal, Tarazá, Cáceres, Caucasia, principalmente.

 

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