Editorial

'Quienes acompañan de cerca a las víctimas del conflicto y tienen la oportunidad de comparar lo que sucede en la realidad con lo que se transmite por los mass media, pueden medir la magnitud de las operaciones de tergiversación, manipulación y silenciamiento de la verdad y de su metamorfosis en “verdades” falsas que obran como armas de guerra.' Javier Giraldo

Cinco años después de implementada la ley de Justicia y Paz, en el país han pasado muchas cosas excepto que las víctimas hayan accedido a sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, como lo estipula esta ley con la cual se ha pretendido establecer un proceso de justicia transicional que está lejos de serlo, primero porque en la actualidad se mantiene tanto el conflicto político, social y armado, como sus causas y segundo, porque gracias a ésta se sigue reproduciendo la impunidad, como factor que continúa generando violencia, en un círculo que nunca termina.

Hay que decirlo, es una ley hecha para los perpetradores y no para las víctimas. En este proceso han sido éstas las menos favorecidas, mientras que los que han cometido un gran número de crímenes en contra de la población reciben todo tipo de favores jurídicos con el objetivo de establecer una supuesta reconciliación basada en el olvido de las acciones del paramilitarismo en el país y sus devastadoras consecuencias. Basta con mirar los resultados obtenidos en estos años para entender que el marco jurídico reflejado en dicha ley pretendió cerrarle las puertas a la verdad a cambio de demostrar que era posible desmontar las estructuras paramilitares con garantías, y aleccionar al país con una muestra de efectividad en el proceso, el cual por el contrario, hoy no presenta ni una sentencia condenatoria.