“QUE CONTRIBUYA A LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN INTEGRAL”
altEl Movice presiona para que Diego Fernando Murillo, alias Berna, sea llamado a versión libre por crímenes de lesa humanidad

En la tarde de hoy el director de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, Luis González, recibió una carta en la que las personas y organizaciones que conforman el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (CODEHSEL) le solicitan llamar a versión libre al extraditado narcotraficante y jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, para que “contribuya de manera eficaz a la verdad, la justicia y la reparación integral en Colombia”

En ella manifiestan nuevamente su rechazo a la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos puesto que “se priorizó la sanción penal por el delito de narcotráfico sobre la posibilidad de esclarecer y sancionar, así fuera con una pena alternativa ínfima, la comisión de graves delitos de lesa humanidad cometidos en Colombia, los cuales se hacen cada día más evidente fueron ejecutados con la connivencia y aquiescencia de autoridades civiles y militares”.

Recuerdan que esta circunstancia ha limitado la posibilidad de las víctimas de intervenir ante las Cortes Federales de los Estados Unidos por la comisión de delitos de lesa humanidad. Mientras la “justicia” nacional ha buscado perpetuar de todas las formas posibles la impunidad, la “justicia” internacional ha hecho hincapié en los vínculos que los jefes paras tejieron con el narcotráfico, delito que tanto los voceros de estas criminales estructuras, como funcionarios del actual gobierno se empeñaron en negar y disfrazaron con el eufemístico discurso de luchar por el móvil altruista de la “refundación del país”.

No obstante consideran que las determinaciones con respecto a los jefes paramilitares y las garantías de los derechos de las víctimas le corresponden al Estado colombiano a través del ente acusador y no a una Corte Federal de los Estados Unidos, el MOVICE y CODEHSEL le piden al Director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía que “disponga lo pertinente para que el jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano sea convocado a versiones libres en el término previsto por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, exigiéndosele además en estas diligencias su aporte serio y veraz al esclarecimiento de los hechos delictuales cometidos por las estructuras paramilitares bajo su mando”.  

Al grano sin dilataciones

Se han comunicado también con Diego Álvarez, coordinador de la defensa del jefe paramilitar, para exhortar a alias Don Berna a usar todos los mecanismos a su alcance para “aportar de manera seria y eficaz a la verdad, la justicia y la reparación integral en Colombia”, de modo que sean develados “los sectores gremiales, políticos y militares que hicieron del paramilitarismo un modelo de control social, organizado con la finalidad de promover una contra reforma agraria y profundizar un modelo económico excluyente”.
 
“El aporte a los derechos fundamentales de las víctimas no puede estar supeditado a la convocatoria por parte de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación a versión libre a su apoderado, quien, como se ha demostrado, tiene la posibilidad de acudir a otros instrumentos como las declaraciones juramentadas para  aportar al esclarecimiento de la verdad, tal y como lo hizo al momento de reconocer ante una Corte Federal de los Estados Unidos la participación de autoridades en la planeación y ejecución de la denominada Operación Orión”, desarrollada en la Comuna 13 de Medellín entre el 16 y 19 de octubre de 2002.

Allí el Bloque Cacique Nutibara de las AUC fue respaldado por IV Brigada del Ejército, incluyendo al comandante General Mario Montoya, y al General de la Policía Nacional Leonardo Gallego, para ingresar al área y exterminar a los grupos insurgentes que operaban en ella.  

Esta declaración no sólo ha servido para confirmar las continuas denuncias que venía haciendo la comunidad desde el momento mismo de la ejecución de la Operación Orión, sino que ha sido un argumento fundamental en la solicitud que la  Corporación Jurídica Libertad ha extendido al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, para iniciar una investigación preliminar que permita determinar la responsabilidad penal de estos integrantes de la fuerza pública en los hechos que se les atribuyen.

“Por las razones antes expuestas, invitamos a Diego Fernando Murillo Bejarano y a su defensa a desistir de su estratagema de dilatar el aporte a la verdad, la justicia y reparación integral que reclaman las víctimas, y por el contrario los convocamos a contribuir eficazmente al esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad cometidos por los bloques de que era comandante Murillo Bejarano, única posibilidad que tiene de cumplir con las exigencias de la Ley 975 del 2005 para acceder a una pena alternativa, la cual nunca será proporcional a la gravedad de los punibles cometidos por las estructuras paramilitares autodenominadas Bloque Cacique Nutibara, Bloque Héroes de Tolová y Bloque Héroes de Granada”, terminan diciendo las organizaciones que agrupan a las víctimas.

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