SENTENCIA JUDICIAL CONFIRMA EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN EL ORIENTE

altEl pasado 31 de marzo el Juzgado Penal del Circuito de El Santuario condenó a 25 años de prisión a nueve militares y a un vigilante privado como autores de la muerte del joven Nelson Abad Ceballos Arias y la infante de quince años Yessica Marcela Giraldo Quintero, en hechos ocurridos el 13 de julio de 2003, durante el desarrollo de la operación militar Marcial Norte, siendo sintetizados los hechos en la sentencia así:

“El día 13 del mes de julio del año 2003, día sábado, Nelson y Jessica pasaron la noche en la casa de los padres de Nelson; siendo las 9:00 a.m. se presentaron dos uniformados, preguntaron por Nelson y los sacaron de la casa sin escuchar los ruegos de la madre María Amparo quien les pedía lo dejaran porque era su hijo mayor, el único que en ese momento le ayudaba económicamente; igual comportamiento desarrollaron con Jessica, enterándose que caminaron con ellos hasta la escuela, luego a la carretera y regresaron a la escuela donde simularon un combate, se escucharon disparos, detuvieron el vehículo público, tipo escalera conducido por W.M. de placas TAJ 819 de la Flota Granada que cubría la ruta a la vereda La Merced, obligaron a los pasajeros a apearse porque necesitaban el vehículo para transportar los cadáveres”.

Los integrantes del Ejército Nacional efectuaron el levantamiento de los cuerpos de los dos jóvenes ejecutados extrajudicialmente; los cadáveres de Jessica Marcela y Nelson Abad fueron transportados en helicóptero al municipio de Bello, donde fueron inhumados como N.N. con la evidente intención de obstaculizar su identificación.

El Comandante de la IV Brigada para la época de los hechos, general Mario Montoya Uribe, reportó la muerte de Yessica Marcela y Nelson Abad como el resultado de una confrontación militar con guerrilleros del Frente Bernardo López Arroyave del ELN.

La justicia penal militar realizó un remedo de investigación preliminar a la que no fueron convocados los familiares de las víctimas, razón por la cual la misma se finiquitó sin iniciar ninguna acción penal en contra de los militares, toda vez que consideró el Juez de Instrucción la existencia de una causal de justificación por actuar los militares comprometidos en cumplimiento de una orden legitima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.

La actuación de la Justicia Penal Militar sin duda alguna es una manifestación de la impunidad que genera esta jurisdicción, este tópico es reseñado en el fallo condenatorio proferido por el Juzgado Penal del Circuito de El Santuario:

“Las autoridades no hicieron esfuerzos adecuados para localizar a los parientes inmediatos de las víctimas, notificarles la muerte dando a conocer las circunstancias del combate, si estaba tan probado, entregarles los cadáveres y proporcionarles el desarrollo de las investigaciones. El conjunto de esas omisiones postergó a los familiares la oportunidad de dar a los jóvenes una sepultura acorde a sus tradiciones o creencias y por lo tanto intensificó los sufrimientos.


La identificación se logró, a pesar de que el juez de instrucción penal militar decidió iniciar dos investigaciones preliminares paralelas. De esta forma, el juez militar contribuyó a encubrir la acción de los militares, quienes pretendieron mostrar a los jóvenes como guerrilleros muertos en combate, en dos hechos distintos y aislados el uno del otro”.

Fue la denodada acción de los familiares de las víctimas que acudieron ante organismos estatales a denunciar el reprochable proceder de los militares, seres queridos de los jóvenes asesinados que se constituyeron en parte civil en el proceso penal y con el acompañamiento y asesoría de la Corporación Jurídica Libertad lograron que emergiera la verdad de los hechos y se profiriera sentencia condenatoria en contra de los autores de la ejecución extrajudicial de Yessica Marcela Giraldo Quintero y Nelson Abad Ceballos Arias.

Es importante destacar que entre los militares sancionados penalmente por la muerte de Yessica Marcela y Nelson Abad, se encuentran los soldados profesionales Elkin Edilson Orrego Palacio y Fred Alexander Cañaveral Ramírez, quienes habían sido condenados a 34 años de prisión, el 14 de marzo del año anterior junto con otros tres militares por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, por el homicidio del señor Juan de Jesús Rendón Alzate y por las torturas proferidas a sus hijos menores de edad, todos ellos civiles protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, en hechos ocurridos el 23 de abril de 2004 en la Vereda Arenal del Municipio de Sonsón Antioquia.

Estos fallos confirman, tal y como se ha denunciado profusamente por distintas organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales, que los integrantes de la Fuerza Pública han recurrido de manera sistémica a la ejecución extrajudicial de campesinos residentes en zonas de influencia de grupos armados como mecanismo de incremento de las estadísticas de eficacia de la política gubernamental de seguridad democrática.

Estos hechos fueron consignados en el informe elaborado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, sobre ejecuciones extrajudiciales en el Oriente Antioqueño perpetradas en el primer mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez, donde se relacionaron 74 casos con 110 víctimas, entre las que se encuentran las personas antes mencionadas, identificadas como casos tipo número uno y siete.

Es importante destacar que en su momento el Presidente de la República desestimó la veracidad del informe y de las ejecuciones extrajudiciales que en él se documentaban, por eso en discurso pronunciado ante pobladores del Municipio de Cocorná, expresó que:

“Como andan de civil y en grupitos pequeños, en cada ocasión que se le ha dado de baja a alguno, salen a acusar a la Fuerza Pública, a decir que es una Fuerza Pública asesina, que en lugar de darles de baja los asesinaron fuera de combate.”

“Es bien importante la información, la ilustración rigurosa de cada uno de estos casos, para mostrar ante los fiscales, ante la justicia nacional, ante los críticos internacionales, cómo estos bandidos ahora andan de civil en una ‘operación pistola’, y cuando se les da de baja, sus compinches alegan que fueron dados de baja por fuera de combate.”

“Vamos a ilustrar bien el caso, vamos a formar bien el caso, con todas las evidencias, para avanzar en la defensa de nuestros soldados y policías.”