SENTENCIA JUDICIAL CONFIRMA FOSAS COMUNES Y CONTROL PARAMILITAR EN LA COMUNA 13 CON POSTERIORIDAD A LA OPERACIÓN ORIÓN
MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO CAPITULO ANTIOQUIA
Abril del 2008
movimientovictimasantioquia@gmail.com

altAnte la aceptación de cargos de Diego Fernando Murillo Bejarano, el pasado seis de febrero el Juzgado Penal del Circuito de la ciudad de Medellín dentro del proceso radicado con el numero 2006-0241 profirió Sentencia Condenatoria en contra de este reconocido paramilitar por el concurso de delitos de Homicidio Agravado, Desaparición forzada, Desplazamiento forzado y concierto para delinquir.

Este trascendental fallo que para los grandes medios de comunicación no tiene relevancia informativa alguna, para el Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado se convierte en una prueba fehaciente de la veracidad de las denuncias que desde años atrás se han venido presentando sobre lo sucedido realmente en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, que no es nada distinto que el actuar concertado de las fuerza publica con organizaciones paraestatales y la entrega a expresiones armadas delincuenciales del control social de gran cantidad de barrios del sector centroccidental de la ciudad de Medellín.

El modelo de “pacificación” que se implementó en la ciudad de Medellín, es el de la paz de las fosas comunes. Por esta razón el día primero de agosto del 2002 funcionarios de la Fiscalía y del Cuerpo Técnico de Investigaciones localizaron enterrados en la vereda Bellavista del Corregimiento de San Cristóbal los restos esqueléticos de diez cuerpos, los cuales en desarrollo de labores científicas fueron identificados como Juan Fernando Vargas Rendón, Oscar Alexander Morales Tangarife, William Londoño Correa, Cesar Augusto Florez y los menores de edad Edgar Emilio Torres Ortiz y Edwin Alfonso Robledo Osorio.

Igualmente en el Corregimiento Damasco del Municipio de Santa Barbara fueron halladas otras seis fosas comunes con ocho cadáveres, cuatro de los cuales fueron identificados como Maria Eugenia Hurtado Quintero, Gustavo Ivan Bedoya, Luis Hernando Cardona Restrepo y Jhon Jairo Ruiz. En el fallo en que se sanciona penalmente la conducta del jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, el Juez como corolario de los medios de convicción que se arrimaron al proceso, concluye que las actividades de los grupos paramilitares que incursionaron en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín en el año 2002 se concentraron en “hacer desalojar a varias familias de sus hogares y fincas para tomar posesión de dichas propiedades” señalando igualmente que “uno de las modalidades criminales utilizadas por estos grupos era la de incursionar en las viviendas para sacar a sus moradores, personas que fueron reportadas como desaparecidas y posteriormente halladas en fosas comunes”.

Así mismo, el Juez Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín reconoce que luego de concluida la Operación Orión en la cual supuestamente el Estado recupero el monopolio de la fuerza en la Comuna 13 de Medellín, fueron los grupos paramilitares quienes realmente asumieron el control de esta zona de la ciudad, incrementando y generalizando las agresiones a los habitantes del lugar, muchos de los cuales fueron obligados a desplazarse o fueron desaparecidos, hechos que fueron denunciados oportunamente por los pobladores de estos barrios, sin que sus denuncias tuvieran eco alguno, toda vez que se imponía mostrar como modelo de pacificación el de la Comuna 13.

El desplazamiento forzado y las desapariciones fueron el mecanismo utilizado por los dirigentes de los grupos paramilitares para disminuir en los barrios del sector centro occidental de la ciudad de Medellín los índices de criminalidad, esta estratagema fue oportunamente denunciada por las comunidades sin que sus reclamos tuvieron eco alguno en la administración municipal. Esta decisión judicial también devela que mientras las organizaciones paraestatales entablaban acercamientos con el gobierno para institucionalizarsen, participaban en operaciones militares de manera conjunta con integrantes de la fuerza publica, lo que no descarta que parte de esos acuerdos iniciales fueran el sustento de operaciones militares como la desplegada en el mes de Octubre del 2002 en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín.

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