Escrito por 10:13 am Acuerdo de paz, Litigio Internacional

Solicitud de audiencia temática a la CIDH sobre desplazamiento forzado y crisis humanitaria en el contexto de la falta de implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia.

Organizaciones de derechos humanos realizamos una Solicitud de audiencia temática a la CIDH sobre desplazamiento forzado y crisis humanitaria en el contexto de la falta de implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia.

La audiencia tendrá por objeto presentar a la CIDH el aumento del desplazamiento forzado y la crisis humanitaria en el contexto de la falta de implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia. La audiencia solicitada se realizará durante 180° Período Ordinario de Sesiones de la Comisión, el cual se realizará de manera virtual del 21 de junio al 2 de julio de 2021

Los peticionarios quieren denunciar ante la CIDH, la situación posterior a la firma del Acuerdo Final de Paz que constituye una verdadera crisis Humanitaria, marcada por el aumento del desplazamiento forzado, confinamientos ilegales, y masacres.

La cifra de desplazamientos múltiples y masivos de 2020 representa la tercera más alta desde 2015, luego de que en 2018 se presentaran más de 51 mil personas desplazadas, la cifra más alta en los últimos nueve años, con un alto Impacto en Mujeres, Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes.

Este incremento de desplazamientos se ubica junto al aumento de los confinamientos con un 252% respecto del 2019, siendo el Catatumbo donde se presentó la mayor cantidad de los casos con cerca de 10 mil familias conformadas por 33.627 personas. Tales fenómenos, según el informe de la Defensoría del Pueblo mencionado, fueron ocasionados debido “al paro armado organizado por el [Ejército Popular de Liberación] EPL y ELN en el primer trimestre del año anterior”

En cuanto a masacres Durante el año 2020, el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos -SISDHES- registró 88 masacres en todo el país. Como consecuencia de estos eventos violentos, 368 personas fueron asesinadas.

De acuerdo a un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, el Covid-19 se suma a la crisis humanitaria por la que atraviesa el país. El defensor del pueblo Carlos Camargo Assis, ha denunciado que “hay demoras en la atención a las víctimas, restricciones de los grupos armados ilegales en los territorios y el riesgo de propagación del virus en las comunidades, especialmente por los confinamientos en sitios hacinados y por la falta de acceso a servicios de salud”[1]

La crisis sanitaria ha traído gran impacto al país, pero ha presentado las mayores afectaciones a las comunidades con población más vulnerable como al pueblo afrodescendiente y a los pueblos indígenas quienes además de todo se encuentran confinados, principalmente en los departamentos del Chocó y Antioquia por la presencia de por la presencia de grupos armados legales (Fuerzas militares y Policía Nacional) e ilegales (Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC-, Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-, Disidencias de las FARC-EP y el ELN)”.

La audiencia temática busca exigir al Estado respuestas sobre las violaciones a los derechos humanos que se producen producto del incremento de las confrontaciones armadas y bombardeos, haciendo un énfasis en las violaciones a derechos humanos en las zonas delimitadas como objeto de aplicación de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) Es en los municipios  PDET y los PNIS -municipios que sufrieron más gravemente el conflicto armado donde las cifras muestran las ocurrencias de desplazamientos y asesinatos de líderes sociales.

De acuerdo con el sistema de monitoreo de La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Ocha, en los últimos 4 años y lo que va corrido de 2021, se han presentado 894 eventos de combates y 491 enfrentamientos entre actores no estatales, dejando un total de 20.216 personas afectadas. Preocupa que, en el primer trimestre de 2021, se hayan presentado 98 eventos (combates y enfrentamientos) con un total de 7.461 afectados.

Se denunciará además, el alarmante número de asesinatos contra líderes y lideresas sociales que alcanzó en 2020 la cifra de 205 homicidios Desde la suscripción del Acuerdo de Paz de noviembre de 2016 hasta finales de marzo del 2021 en el país han sido asesinados alrededor de unos 1.182 líderes y defensores de los Derechos humanos.

La respuesta estatal resulta precaria.

Los avances en materia de evaluación del riesgo, concertación de medidas y adopción de planes de protección colectiva en el país, se encuentran bastante lejos de lo esperado, solamente se registran en total 105 planes de protección colectiva adoptados y vigentes, frente a un acumulado de 764 solicitudes presentadas y al reto que supone brindar garantías de seguridad a la población que participa de los procesos de reclamación de sus derechos en el marco de la Ley 1448 de 2011.

Según información de la Comisión Colombiana de Juristas la cobertura de las medidas de protección de la Unidad Nacional de protección evidencia una cobertura del 18,14%, un porcentaje muy bajo de población con medidas de protección con respecto al total de personas en situación de riesgo.

A pesar de que el acuerdo final de paz contempló la creación de varios mecanismos de prevención y protección, los mismos han adolecido de una falta de implementación, la cual en parte es consecuencia de la construcción de normativas y discursos paralelos que desconocen el espíritu del Acuerdo Final y no permiten la participación de la sociedad civil. En efecto, frente a las vulneraciones de los derechos de los líderes y lideresas sociales, el Gobierno creó el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección, PAO, para los defensores de derechos humanos, los líderes sociales, comunales y periodistas, con el que ha pretendido reemplazar todos los demás mecanismos previa y legalmente creados para este fin, sin que hasta este momento haya logrado resultados adecuados.

De acuerdo a las mismas cifras del gobierno nacional en cuanto al derecho a las garantías de no repetición, medido en términos de re-victimización, la tasa calculada es de 530.97 víctimas de desplazamiento re-victimizadas por cada 100.000 inscritas en el RUV, cifra que muestra un incremento con respecto a la tasa de 2017.

Los datos en su conjunto muestran que la población desplazada continúa siendo afectada en su vida, integridad y libertad, y que también ha sufrido una elevada tasa de re-victimización. En los últimos años, esta situación lejos de mejorar ha empeorado, y no se aprecian los resultados de las numerosas acciones o disposiciones de prevención y protección reportadas en el mismo gobierno17, a cargo de distintas entidades, sin que se especifique la forma de articulación de las mismas, ni se señalen y analicen los efectos que pueden tener sobre la prevención y la protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad, la protección y la no repetición de la población víctima de desplazamiento forzado. Por ello es necesario y urgente adoptar correctivos que garanticen estos derechos fundamentales. Las mejoras en los mecanismos de Prevención y Protección cobran aún mayor importancia ante el aumento en el desplazamiento forzado y el confinamiento en los últimos años.


[1] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/01/07/en-colombia-28509-personas-fueron-desplazadas-y-confinadas-durante-2020/

La audiencia fue solicitada por: Asociación de Afrocolombianos Desplazados – Afrodes, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Comisión Colombiana de Juristas CCJ, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES-, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Corporación Jurídica Yira Castro- CJYC, Corporación jurídica libertad, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, The Washington Office on Latin America – Wola.

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Last modified: 25 febrero, 2022
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