La medida responde a una solicitud realizada por el Movice y con ella se pretende proteger los cuerpos de posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales y/o desaparición forzada de la Comuna Trece que se encuentran en el lugar.

 

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En el Cementerio Jardín El Universal, se encuentra un sin número de Cuerpos de Personas No Identificadas (CNI) y presenta una situación compleja y riesgosa que ha afectado la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada de Medellín, en particular de la Comuna 13. No se tiene certeza del número de CNI que allí han sido inhumadas, ni del lugar exacto en donde reposan, del estado en que se encuentran y tampoco es posible distinguir cuáles de estos se encuentran identificados pero no reclamados.

 

Según la información recolectada por la JEP, entre los años 1989 y 1995 allí se inhumaron 1030 personas no identificadas (PNI), de las cuales 173 fueron identificadas como mujeres, 379 como hombres, y respecto de 478 no se tenía certeza de su sexo; mientras que entre los años 1999 y 2001, el número de PNI fue de 490.

 

Durante un largo periodo, y hasta el presente, este Cementerio sigue siendo el destino indeterminado de personas cuya muerte se produjo en todo tipo de circunstancias, incluyendo víctimas de la violencia, del conflicto armado y, particularmente, de desaparición forzada.

 

A los graves problemas de registro, clasificación y documentación en el Cementerio se suman la indiscriminada exhumación y entrega de cuerpos a instituciones educativas para efectos de investigación, como el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia. 

 

La situación es tan compleja que se hace imposible decretar medida cautelar sobre todo el Cementerio, por lo que se ordena el cierre y la consecuente suspensión del servicio en ocho (8) zonas, por un lapso de ciento veinte (120) días. Zonas previamente examinadas por la Unidad de Investigación Acusación -UIA. Asimismo, se considera necesario la protección de toda la información que tiene o custodia la administración del cementerio sobre esas zonas, las fosas y los cuerpos que allí se encuentran. 

 

Esta medida cautelar tiene como fin: (i) garantizar la debida protección de los cuerpos allí inhumados; (ii) identificar de los lugares específicos de inhumación de CNI —en especial aquellos cuyo origen sea causa violenta—; y (iii) dar respuesta a familiares y allegados, a fin de propender por su identificación y lograr un entierro digno, cuando esto sea posible. 

 

Según la medida decretada, durante estos 120 días se tendrá que desarrollar integralmente un plan de trabajo interinstitucional, que incorpore el pleno de la institucionalidad, y si es posible a la Fiscalía General de la Nación, de tal manera que se dispongan amplios recursos físicos y humanos que permitan avanzar de manera pronta en una labor de tal complejidad, como es la de búsqueda de CNI y prospección inicial.

 

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), como parte de la Mesa Técnica de las Medidas Cautelares, coordinará las inspecciones, búsquedas, prospecciones y posibles exhumaciones de los CPI que pueden corresponder a víctimas del conflicto, en particular, víctimas de desaparición forzada, para posteriormente iniciar el proceso de identificación y entrega a sus familiares. 

 

Como lo informó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado-Movice, es evidente la negligencia por parte de la alcaldía de Medellín y las personas administradoras del cementerio, así como los riesgos que ha identificado la UIA, que además se han acumulado. La negligencia, el descuido y la desidia han favorecido la impunidad e imposibilitado que las víctimas puedan ser encontradas. 

 

Lo más grave de esta situación es que existen cuerpos recuperados que hoy se encuentran desaparecidos, como es el caso de cuerpos exhumados en la Comuna 13 de la ciudad.

 

Respaldamos la medida cautelar decretada hoy por la JEP, asimismo exigimos que se investigue a los responsables y que haya sanción por esta situación que ya había sido denunciada por organizaciones de víctimas y de derechos humanos, pero que solo ahora, con la intervención de la JEP, ha sido posible intervenir y avanzar en  medidas concretas de protección que favorecen los derechos de las víctimas y nos devuelven la esperanza en que las víctimas sean encontradas y devueltas a sus familias.

 

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado 

 

Corporación Jurídica Libertad

 

Mujeres Caminando por la Verdad

 

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