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Foto: Colectivo Puro Veneno. 

El 6 de febrero, en la base militar de Tolemaida, el presidente Iván Duque dio a conocer al país, su “Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”, la cual se implementará durante los próximos cuatro años.

Revisando dicho texto, se evidencia como este gobierno, retorna a principios, estrategias, programas y acciones de la Política de Seguridad Democrática – PSD- de A. Uribe Vélez, lo cual no asombra, pero si preocupa, por la experiencia vivida hace 17 años, la cual demostró, que el conflicto armado interno, los problemas sociales y de convivencia, no se solucionan por la vía militar, la represión y la judicialización (el imperio de la ley).

En esta ocasión, el país vive un panorama de “complejidad social diferente”. Por un lado, se logró que el Estado y las FARC- EP suscribieran un Acuerdo de Paz, el cual no viene siendo implementado a cabalidad, pero que sin lugar a dudas ha contribuido a salvar vidas; por el otro, gracias al mismo Acuerdo, se ha constituido nuevos mecanismos, espacios e instancias estatales, que reivindican y cuentan con la participación ciudadana, y que se encuentran estigmatizados por los ataques permanentes del Centro Democrático[1] y las decisiones del actual gobierno, entre ellas diseñar una política de Defensa y Seguridad, que a todas luces, incrementará las graves violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Los viejos principios de la PSD, se renuevan para 2019 -2022

En la parte introductoria del documento, se hace una loa a los “resultados en materia de defensa y seguridad alcanzados” durante la época del presidente A. Uribe Vélez, quien durante sus dos mandatos, fue duramente cuestionado por organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y de víctimas, por las graves violaciones a los derechos humanos que se registraban en el país[2].

De acuerdo con el gobierno actual, el éxito de la lucha contra el terrorismo y el “restablecimiento de la seguridad y la autoridad alcanzadas” por Uribe, convirtieron a Colombia en “un ejemplo de cómo sí es posible transformar una situación de inminencia de un Estado fallido, a un nuevo escenario de oportunidades para el desarrollo con equidad, el crecimiento económico y el imperio de la ley” (2019.p.9). Tres fueron los elementos a los que se remiten para dar cuenta de esto y que en la versión modelo 2019, serán retomados- copiados- adoptados:

  • El primero de ellos, fue la participación de civiles en la construcción y desarrollo de la política de seguridad democrática y la inversión económica del Estado, en la fuerza pública.
  • El segundo, es la tecnificación de las “Fuerzas Militares y Policía Nacional” para desarrollar su tarea, la cual, era “desmantelar los aparatos armados del crimen transnacional y de combate al narcotráfico” (2019, p. 9). Esta con capacidad de desplegarse en la región.
  • El tercero, hace referencia a la “cohesión de la sociedad colombiana contra la violencia” y el respaldo a la actuación de las Fuerza Pública, lo que conllevó a que las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Común- FARC- EP, fueran “doblegadas”, así como otras estructuras armadas, que operaban especialmente en territorios urbanos.
  • Innovar, transformar y fortalecer el sector de defensa y seguridad: en el cual se establece “Desarrollar la complementariedad de las empresas de seguridad privada y las Fuerzas Militares y de Policía, bajo la dirección de ésta y la supervisión estricta de los organismos de vigilancia y control del Estado” (p.33). Esta coordinación de acciones no es nueva, y ha sido denunciada por organizaciones y comunidades, que han visto como estos actores, lleva a cabo graves violaciones a los derechos humanos, en escenario como los de protestas sociales contra megaproyectos.

En el nuevo Plan, estos pilares reaparecen como sustento del enfoque multidimensional de Defensa y Seguridad: 1) Diplomacia para la Defensa y Seguridad que promueve a Colombia como una experiencia a ser replicada en la región y como un aliado clave para lograr la “pacificación del continente”, de allí que uno de sus principios sea la integración con otros Estados “aliados”, la participación en misiones internacionales con la ONU y la OTAN.

2) Control institucional del territorio, ligado a la zonificación de territorios en relación al control del orden público. 3) Combatir a los Grupos Delincuenciales Organizados – GDO- y a los Grupos Armados Organizados - GAO-, entre los que se encuentran las Autodefensas Gaitanistas de Colombia- AGC, El Ejército de Liberación Nacional- ELN[3], Los Pelusos y Los Puntilleros, usando la fuerza letal y la participación de los civiles.

4) Institucionalidad para la Defensa y Seguridad, la cual se basa en la innovación, interacción, e información, buscando una cohesión social que permita legitimar y apoyar las acciones de la Fuerza Pública por parte de la sociedad colombiana. Además de fortalecer la industria militar con miras a su “autodesarrollo”, lo cual implica seguramente una considerable inversión económica en este cuatrienio.

Las “amenazas internas y externas que se hacen necesario combatir”

De acuerdo con el documento, Colombia debe afrontar amenazas internas y externas. Las primeras, se relacionan con la “debilidad institucional en los territorios”, la presencia de los GAO y GDO y las economías ilícitas. Es preocupante el hecho que en este listado se hable de “estrategias de movilización delictiva en defensa de las economías ilícitas”, justo cuando las organizaciones campesinas y procesos como la COCAM, se vienen movilizando en la ruralidad, para exigir la implementación del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito- PNIS-. Es decir que desde ya, se considera “legal y legítimo” reprimir y perseguir este tipo de procesos organizativos, bajo el sofisma de la seguridad nacional, aumentando la criminalización de la protesta social, lo que hace prever procesos de capturas masivas.[4]

Se resalta que para combatir las amenazas internas, es necesario fortalecer el Estado, hacer inversiones sociales, buscar la equidad, la legalidad, y sustituir “las economías ilícitas”. Si realmente existiera la voluntad política de lograr dicha sustitución: ¿por qué el gobierno se niega a continuar con el PNIS y en su lugar privilegia la erradicación forzada[5]? Es claro que estos cuatro años no serán un proceso de concertación con las comunidades que se han dedicado a la siembra de cultivos de usos ilícitos, sino una persecución sin tregua.

Entre las “amenazas externas”, se cuenta: la Trata de Personas, el tráfico de armas, “los regímenes no democráticos”, el terrorismo internacional, la afectación a los bienes comunes y los ataques cibernéticos. En estos cuatro años el gobierno de Duque, será un aliado crucial para los objetivos de los Estados Unidos en la región, muestra de ello es el apoyo de Colombia a la invasión estadounidense en Venezuela, argumentando que es un asunto de seguridad nacional, incurriendo el gobierno colombiano en el delito internacional de Intromisión.

La seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad, es un eslogan.

Se parte de la consideración que la seguridad es un “bien público” necesario para la democracia y el Estado de derecho, en tal presupuesto se reivindica la participación cívica de la ciudadanía como parte de los valores “democráticos y de la solidaridad que todos los ciudadanos deben tener con la sociedad, la patria y sus congéneres”, lo cual es bastante peligroso, ya que se establece que el “buen ciudadano”, es aquel que participa por ejemplo de la Red de Participación Cívica, es decir aquel que hace parte de la militarización de la vida social.

Homogenizar la participación ciudadana, conlleva justamente a señalar que todos los grupos poblaciones, sectores sociales, los defensores de derechos humanos y el líderes comunitarios, deben ser tratados de la misma manera ante la ley y no tendrán por qué considerarse excepciones en su protección. (p.17) Esto desconoce por ejemplo en el caso de los líderes y defensores de derechos humanos, el contexto de ataques sistemáticos, y la vulnerabilidad que existe para ejercer su labor, donde la violencia cada vez es más letal, muestra de ello son los más de 500 asesinatos en los últimos dos años (Defensoría del Pueblo, 2019).

Para enfrentar con éxito las amenazas y los retos a la seguridad de los ciudadanos y a los intereses nacionales, se requiere una visión multidimensional de la seguridad que trascienda el componente militar y policial y se asuma integralmente como una tarea del conjunto de instituciones estatales y de la sociedad, especialmente, las más relevantes para garantizar los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y los ligados al medio ambiente que tienen todos los colombianos (p. 18).

Considerar que es la seguridad, en especial la de orden militar, la que puede garantizar la equidad y el emprendimiento, no es cierto. Para cerrar las brechas que existente de desigualdad en Colombia, se hace necesario inversión social, educación, trabajo, salud y redistribución de la riqueza. Y esto lo sabe el gobierno, pero repite este discurso de la seguridad física, el respeto a la propiedad privada y garantía de la libertad individual, como una forma de justificar la inversión en el pie de fuerza en el contexto de posacuerdo, para proteger a los grandes empresarios, quienes hace décadas vienen usufructuando de los “servicios de las Fuerzas Militares”[6].

¿Ejes de transformación estratégica?

Bajo el enfoque de seguridad multidimensional, se establecieron cinco ejes estratégicos para alcanzar el control territorial y establecer “la legalidad”: 1) La protección y defensa del agua, biodiversidad y medio ambiente. 2) Seguridad cooperativa. 3) La disrupción del delito. 4) Del control militar al control institucional. 5) Innovación ciencia y tecnología. Solo se hará referencia a la primera, segunda y cuarta estrategia.

Sobre la primera estrategia, el gobierno ha establecido, que el agua, el medio ambiente y la biodiversidad son activos de la nación y que dadas las amenazas internas y externas que presentan, se hace “necesario crear una fuerza de protección integral ambiental”.

Por otro lado, es notoria la progresiva participación de Grupos Armados Organizados en la extracción ilícita de minerales y su posterior comercialización, actividades que generan ingresos similares a los producidos por el narcotráfico y que, al igual que los cultivos de coca, son los factores principales de daño a los recursos hídricos, los parques naturales, los páramos y, en general, a los recursos naturales del país, los cuales representan en su conjunto el más importante activo estratégico de la Nación (República de Colombia, 2019, p.13)

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, continuarán trabajando de manera articulada con los organismos de inteligencia, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades ambientales, con el fin de crear una Fuerza de Protección Integral Ambiental, para proteger de amenazas internas y externas los recursos hídricos, la biodiversidad y el medio ambiente. Esta será una unidad que recogerá las capacidades disponibles y desarrollará nuevas, con el fin de impedir que las economías ilícitas sigan destruyendo esos activos estratégicos de la nación. (ibíd., p.54)

No se necesita mucha astucia, para saber que bajo el “argumento de protección de los bienes comunes”, los campesinos que siembran coca, marihuana y amapola, los mineros artesanales a quienes se les considera ilegales, las comunidades que ha ocupado históricamente las zonas de reserva (páramos) y las y los defensores del medio ambiente, seguirán siendo perseguidos, por considerárseles una amenaza, máxime que la Política de Defensa y Seguridad, ha diseñado varias acciones estratégicas para “combatir” la extracción ilícita de minerales y la economía basada en cultivos de usos ilícitos, enfatizando en esta última, que los programas de sustitución de cultivos “no podrán ser intermediados por organizaciones políticas o de cualquier índole”, lo que invisibiliza y desconoce los procesos organizativos de las comunidades”. (Colectivo de Abogados José Albear Restrepo, 2019).

El segundo eje, seguridad cooperativa, va estar ligado a la “diplomacia para la Defensa” (p.21) en la esfera internacional, buscando ejercer un papel protagónico en la seguridad de la región para así lograr dice el gobierno “contribuir a consolidar un modelo continental basado en las virtudes de la democracia, en desalentar a los extremismos y en el sometimiento de las amenazas transregionales” (p.22). En cuanto eje, del control militar al control institucional, se debe señalar que el gobierno solicitó la prórroga de Ley de Orden Público (Ley 418 de 1997) por cuatro años.

Hoy, se requiere una nueva visión de seguridad que amplíe el objetivo de confrontar a esos grupos armados y las economías ilícitas y de paso a adoptar una política de carácter multidimensional que atienda los intereses nacionales, consolide el Estado de derecho, fortalezca la legitimidad democrática de las instituciones, garantice el respeto de los derechos humanos y se convierta en el motor de la transformación estructural de los territorios afectados por la criminalidad y la violencia, asegurando su incorporación plena al conjunto de la nación y denegándoselos a los grupos ilegales”. (República de Colombia, 2019, p. 9)

El 18 de diciembre, el Congreso, aprobó la prórroga de la Ley de Orden Público, lo que facultó al presidente, entre otras a: 1) Desarrollar proceso de negociación con grupos armados. 2) Permite que el CSN defina las Zonas Estrategias de Intervención Integral- ZEII-, en las cuales existe presencia de actores armados y se considera que pueden afectar la seguridad nacional. Para estos territorios se definirán planes espaciales en los que participarán las instituciones del Estado, la cooperación internacional y los privados. 3) Crear una subcuenta “en el Fondo de Programas Especiales para la Paz para financiar planes, programas y estrategias con recursos adicionales del presupuesto público, recursos de cooperación internacional y aportes del sector privado” (El Ámbito Jurídico, 2018, párr.6). 4) Crear un “Centro de Coordinación contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo”.

Una de los grandes cuestionamientos que expresan las organizaciones de derechos humanos, es que el CSN deja sin operatividad mecanismos valiosos construidos con el Acuerdo de Paz, donde la sociedad civil tiene participación, entre ellos: La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, ya que este último, se vería limitado posiblemente a las definiciones del Consejo, sobre las ZEII.

Esta redefinición de los territorios en función del tema de orden público y cuyo objetivo, siempre se presenta por parte del gobierno, como una manera de focalizar la acción del Estado, con programas militares y sociales, que permitan a las comunidades salir de los contextos de vulnerabilidad, no es nueva.

Durante los ocho años de gobierno de Uribe, se implementó la “Doctrina de Acción Integral”[7], que fue una estrategia cívico- militar, aplicada a través del Plan de Consolidación - Recuperación Social del Territorio en 14 zonas y se estableció el Centro de Coordinación de Acción. En las zonas continuaron presentándose graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, ya que esta estrategia conllevó al desconocimiento del principio de distinción entre población civil y combatientes, lo que puso en riesgo a las y los habitantes de los territorios priorizados.

Los militares desarrollaron funciones propias de los Alcaldes, celebraron contrataciones de proyectos de infraestructura y ejecutaron brigadas de salud. Al respecto la Corte Constitucional en su Sentencia C-251/02, sostuvo que era inconstitucional la subordinación de las autoridades civiles a las militares.

Los principios institucionales de exclusividad de la Fuerza Pública, supremacía del poder civil sobre el militar, y dirección presidencial de las Fuerzas Armadas, tienen importantes  consecuencias normativas sobre la legitimidad de las estrategias de seguridad y defensa, sobre todo cuando se lo relaciona con el mandato según el cual el Estado se encuentra al servicio de la comunidad. Así, es obvio que ninguna estrategia en este campo puede implicar la subordinación de las autoridades civiles a los mandos militares. Se debe pues garantizar la primacía del poder civil sobre el militar, tanto en el diseño de las políticas de seguridad y defensa, como en el cumplimiento de órdenes en cada situación concreta, sin perjuicio del mando operativo a cargo de los oficiales de la Fuerza Pública. (Corte Constitucional, Sentencia C-251/02, [MP Monroy & Escobar], párr.87).

En la versión recargada de 2019, se ha definido una estrategia de “control militar e institucional del territorio”, la cual se dividen en tres fases, de acuerdo al tema de control del orden público. En la fase uno, las ZEII, son aquellas en las que existe presencia de los GAO, hay altos niveles de violencia, pobreza, “vacío institucional” y donde la diversidad de bienes comunes, se encuentran en “riesgo”, razón por la cual, el actual gobierno, argumenta la necesidad de aumentar el pie de fuerza militar (militarización del territorio); y se diseña una “sola estrategia y unidad de mando y control civil para su ejecución, no obstante, ésta sea interinstitucional” (p.22). Así mismo las Fuerzas Militares, “van a desarrollar programas temporales de salud, atención a emergencias y asistencia humanitaria” (p. 23).

En la fase dos, las Zonas de construcción de Legalidad, son aquellos territorios donde ya “existen mínimas condiciones de seguridad”. La Policía Nacional, “irá retomando su rol de protección” y la “justicia ocupará un papel central tanto como los servicios de educación y salud, acompañados por estrategias innovadoras que permitan superar el déficit de presencia estatal…” (p.23). A todas luces pareciera que la justicia queda relegada en la ZEII, fase uno.

La fase tres, se caracteriza por ser las Zonas de Legalidad, Emprendimiento y Equidad, especialmente son los territorios urbanos o semiurbanos, que a juicio de la institucionalidad, presentan amenazas a la propiedad privada y la convivencia ciudadana, generalmente por parte de la “delincuencia común”, por eso, será la Policía Nacional, quien este a cargo de controlar dichas situaciones.

El objetivo en estas zonas es “el emprendimiento, generar riqueza y equidad social” (p.24), lo cual es imposible, ya que el enfoque de seguridad de esta política sigue estando sustentado en la militarización de lo social, no se comprende por ejemplo la importancia del enfoque de seguridad humana. En tal caso, es evidente que estas zonas aseguran a los empresarios, un pie de fuerza importante para respaldar sus inversiones.

Algunas notas sobre objetivos estratégicos y líneas de acción

Esta política está sustentada en siete objetivos estratégicos. De estos se resaltan, por sus implicaciones a las actividades contra líderes y defensores de derechos humanos; así como su relación con las víctimas de Crímenes de Estado:

Garantizar la protección, profesionalización y bienestar de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y sus familias: dentro de las acciones de este objetivo se encuentra invertir en las defensas penales de los militares y policías comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-, desarrollar un programa de memoria histórica y verdad con la construcción de monumentos, memoria escrita y audiovisual; también se fortalecerá la Justicia Penal Militar.

Pese a que este gobierno ha realizado acciones de limitar y/o cambiar la JEP, en detrimentos de las víctimas, en especial de crímenes de Estado, ha decidido incluir en su política de Defensa y Seguridad este escenario y destinarle recursos. Lo que evidencia el interés de este gobierno de jugar a doble banda con este mecanismo, en parte porque desea asegurar impunidad para los agentes estatales, y condena solo para la insurgencia.

En cuanto al propósito de fortalecer la memoria histórica y verdad, esta se basa en el aumento de la “legitimidad de la fuerza pública” ante la sociedad colombiana, como personas que sacrificaron sus vidas por “amor y lealtad a la patria”, por ello se les define como “víctimas de las acciones terroristas de los grupos insurgentes y delincuenciales”. Llama la atención como viene realizándose múltiples esfuerzos por reescribir la historia y negar lo acontecido por décadas en el país, muestra de esto es el reciente nombramiento como director del Centro de Memoria Histórica, Darío Acevedo, quien niega la existencia del conflicto armado, y en su lugar solo habla de acciones terroristas, donde el Estado es la víctima.

En cuanto a las siete líneas políticas, se destacan por sus efectos en las relaciones con países vecinos, las limitaciones a la protesta social, la vinculación de civiles en acciones militares, la labor de las y los defensores, entre otros:

  • Los planes binacionales de seguridad fronteriza: suscritos con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil (2.011) y que “busca cerrar las fronteras” a los delitos transnacionales y al terrorismo. En este caso, al considerarse que Venezuela alberga a integrantes del ELN, queda justificados posibles ataques a este territorio.
  • Misiones de Paz: el país participará en este tipo de misiones, argumentando su experiencia en los temas de seguridad y paz, por ello se ha decidido que el Ministerio de Defensa sea quien prepare a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional en temas de doctrina, especialmente, la cual por lo menos para el caso interno, sigue siendo el sustento de las graves violaciones a los derechos humanos.
  • Protección de la población y seguridad ciudadana: se fortalecerá a la Policía Nacional, para que intervenga en “zonas críticas para la ciudadanía” y responda a contextos de disturbios y de violencia, lo que intensificará seguramente las actuaciones del ESMAD en el marco de las protestas y movilizaciones sociales. Además será el Ministerio de Defensa quien construya Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana, actividad que debería ser guiada por el Ministerio del Interior.
  • Convivencia, cultura de legalidad, castigo severo a la reincidencia y respuesta a la recurrencia: el gobierno ha definido proscribir la conexidad de “los delitos relacionados con el narcotráfico con el delito político. El narcotráfico no será objeto de indulto, ni de amnistía, tampoco de ninguna figura jurídica que tenga en la práctica los mismos efectos de impunidad. No se dará tratamiento político a los narcotraficantes” (p.39), lo cual dificulta a un mediano plazo negociaciones con la insurgencia, y en los casos de los grupos paramilitares, u otro tipo de estructuras delincuenciales, su sometimiento[8].
  • Sistema de Prevención, Convivencia y Seguridad Ciudadana y Sistema Integrado de Seguridad Rural: se parte del enfoque “preventivo que debe tener la seguridad ciudadana” tanto en el ámbito urbano como en el rural; esto supone anteponerse a las situaciones, emplear los organismos de inteligencia y coordinar interinstitucionalmente. En la ruralidad el gobierno impulsará los programas de “Mediación Policial (…) especialmente en las zonas de transición a la legalidad, al igual que el “Programa Guardabosques” y “Campesinos de mi Tierra”.

En un contexto como el colombiano, y con la larga trayectoria de falsos positivos judiciales, en algunos casos estos programas más que ser una propuesta “innovadora”, se convierte en una forma de legitimar por el miedo de la población abusos estatales. Además en las acciones dirigidas a las veredas, estas continúan siendo pensadas en clave de las Fuerzas Militares, Policía y ahora en las “Unidades de Carabineros”. No es posible el retorno de las familias campesinas sino se asume las garantías necesarias para ello, más allá del pie de fuerza, si no se combate el paramilitarismo y si no se invierte en programas económicos y sociales.

La Red de participación cívica: será la estrategia de relacionamiento entre la Fuerzas Militares y la Policía Nacional con la ciudadanía, para proteger al país de posibles amenazas y situaciones de riesgo, entre ellas las acciones terroristas. El hecho de registrarse en este programa, que las denuncias pueden llegar a ser anónimas, se corre el riesgo de volver a los testigos con reserva de identidad.

Con el liderazgo del Gobierno Nacional y con el concurso activo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se impulsará la creación de una Red de Participación Cívica, como una red viva, un canal de comunicación permanente entre ciudadanos y autoridades. Dicha Red será multipropósito. Si bien será útil para enfrentar a la delincuencia, su objetivo comprende acciones de diversa índole como la prevención y atención de desastres, la movilización solidaria ante circunstancias que se requieran, la alerta temprana ante situaciones que los ciudadanos consideren potencialmente peligrosas, al tiempo que es una herramienta de lucha contra la corrupción y de fiscalización de la actividad de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Ese concurso se cumplirá garantizando el anonimato, cuando se trate de informaciones que puedan llegar a comprometer la seguridad de las personas, y empleando los últimos desarrollos en materia de tecnologías en comunicación. (República de Colombia, 2019, p.42)

Al respecto, las organizaciones de derechos humanos han denunciado desde la década de los 90, cuando las CONVIVIR fueron avaladas y legalizadas, que este tipo de estrategias en algunos casos han sido instrumentos paramilitares; en otros casos estas redes, violan el principio de distinción ya que involucra a los ciudadanos en actividades de inteligencia, lo que les convierte en blancos de las acciones de los grupos armados.

Es de recordar cómo durante 2002- 2010, la red de informantes o de cooperantes, jugó un papel clave en la persecución contra procesos sociales, líderes y defensores de derechos humanos, a los cuales el gobierno estigmatizaba como “voceros de la guerrilla, apátridas o auxiliadores”. Además, a través del Plan Meteoro (Revista Semana, 2002), buscó aumentar el número de civiles para desarrollar “labores antiterroristas” con el firme propósito de llegar al millón de “cooperantes”, esto en un país donde el conflicto político, social y armado, se vivía con toda intensidad.

  • Protección prioritaria a líderes sociales y defensores de derechos humanos: el gobierno cifra la protección de quienes realizan esta labor en los territorios, en el pago de recompensas por los “cabecillas de los grupos armados que atentan contra líderes y defensores”, lo cual resulta ser una acción que no se compadece con la gravedad de los casos y minimiza el impacto que tiene estos hechos[9].

De acuerdo con el Programa Somos Defensores (2019), entre 2002- 2018, se han cometido 4.793 agresiones contra la labor de las y los defensores de derechos humanos en Colombia; según el Observatorio sobre el Nivel de Riegos a Labor de líderes/as y defensores/as de Antioquia, de la Fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad, 652 agresiones, se han llevado acabo entre 2017 y 2018.

En medio de este panorama el gobierno decide avanzar con programas que desconocen las propuestas alcanzadas en el Acuerdo de Paz, entre ellas la Comisión de Garantías para la Seguridad, además de otra serie de protocolos, decretos y propuestas que desde los procesos organizativos y las plataformas de derechos humanos se han realizado desde hace varios años, entre ellas el espacio de Mesa Nacional de Garantías, donde se hace interlocución con las entidades del Estado, para que de manera coordina responda al contexto de vulnerabilidad de las y los defensores[10].

  • Complementariedad de la seguridad y vigilancia privada con la Policía Nacional: este gobierno insiste en fortalecer la coordinación entre la Policía Nacional y las empresas de vigilancia privada para “prevenir el delito y proteger la población” (p. 45), otorgando a terceros la suficiente capacidad de llevar a cabo acciones que son propias y exclusivas del Estado, lo que ha generado graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas retenciones por parte de vigilantes a miembros de las comunidades y persecución política contra las y los defensores que llevan a cabo movilizaciones contra los megaproyectos u/o proyectos urbanísticos.

Del mismo modo, se adoptarán nuevos esquemas que permitan complementar esquemas que permitan complementar los esfuerzos de la Policía Nacional para brindar seguridad ciudadana con los diferentes servicios que presta el sector de la seguridad y la vigilancia privada, esto con el fin de hacer un uso más racional y eficiente de los recursos económicos escasos, lograr mayor eficiencia en el empleo del piede fuerza y no desproteger o debilitar el control policial ordinario frente a la necesidad de prestar seguridad en eventos, conglomeraciones o instalaciones.” (p.45)

Resulta preocupante que se pretenda emplear servicios privados de seguridad para “liberar de funciones a la Policía Nacional”, quien a juicio del gobierno, deberá estar en parte, atendiendo y/o disuadiendo las protestas sociales. Se establece que el Ministerio de Defensa, los organismos de control y la ciudadanía, a través de la Red Cívica, es quien le realizaría el seguimiento a las acciones conjuntas de estos actores, renunciando al monopolio de la fuerza, delegando en particulares (privatizando) funciones propias del Estado.

  • Combinar acciones, recursos y herramientas para eliminar los cultivos ilícitos y la extracción ilícita de minerales: como se ha advertido en este texto, el gobierno ha decidido desconocer los acuerdos alcanzados en la Habana, en el tema de sustitución de cultivo, razón por la cual ha decidido que la erradicación sea una acción de imposición y de represión en los territorios, desconociendo los contextos de vulnerabilidad.Así lo demuestran las estrategias propuestas en este programa:

-       Continuidad de los Grupos Móviles de Erradicación Manual GME, los cuales serán respaldados por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

-       La continuidad de aspersión aérea

-       Acciones de inteligencia

En lo que respecta a la extracción “ilícita de minerales”, se continuará con la incautación y las medidas administrativas de destrucción de la “maquinaria amarilla” (p. 52), esto aunque afecta las economías de los grupos armados ilegales (paramilitares e insurgencia), los barequeros y mineros artesanales, que históricamente han realizado la labor de extracción de minería, se han convertido bajo el código penal en “delincuentes”, desconociendo el derecho al trabajo, a la cultura y al territorio.

A modo de cierre

El gobierno de Duque ha dejado claro que la implementación del Acuerdo de Paz, no es su apuesta” ni prioridad. La Política de Defensa y Seguridad Nacional de este cuatrienio así lo evidencia. Los objetivos y programas considerados en las líneas anteriores, demuestran que son una amenaza para la garantía de los derechos humanos, en especial en los territorios donde hay mayores niveles de conflicto armado y violencia, a quienes se revictimiza con estas estrategias de militarización, erradicación forzada de cultivos de usos ilícitos y persecución a barequeros y pequeños mineros.

A esto se suma el fortalecimiento de la relación fuerza pública y seguridad privada de las empresas, que en muchas ocasiones ha sido denunciada por jugar un papel clave en los escenarios control y represión a la protesta social.

Se destaca en la Política de Seguridad y Defensa, que a las y los defensores de derechos humanos, no se les reconoce como un sector social que requiere de garantías para el desarrollo de sus actividades debido a las sistemáticas agresiones que cada vez son más letales, lo que conecta con las erradas acciones trazadas para proteger a quienes realizan esta labor.

Finalmente, en el tema de paz, negar los efectos positivos que ha traído el Acuerdo, trae como efecto que los espacios y mecanismos creados para enfrentar temas de seguridad, protección y transformación social, sean negados y de paso se imponga la visión guerrerista del Centro Democrático, lo que cierra las puertas a una negociación política con el ELN. A esto se suma la postura de este gobierno de buscar limitar la JEP, la Comisión de Esclarecimiento y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, lo que afecta los derechos de las víctimas de Crímenes de Estado.

Definitivamente los cuatro años de esta Política, convertirá a los territorios en escenarios de operaciones de guerra; lo que si será clave, es que esta Política de Seguridad y Defensa, es un rencauche de la Política de Seguridad Democrática, sólo que esta vez recargada, exacerbada y “perfeccionada”.

 


[1] Cabe mencionar: La Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-, Comisión de Esclarecimiento- CEV, la Comisión de Garantías para la Seguridad, entre otras.

[2] El Balance en materia de derechos humanos durante esos ochos años, demuestran los graves impactos de la Política de Seguridad Democrática en la vida de las y los colombianos, en especial de las zona rurales (campesinos y comunidades étnicas); también de los líderes sociales y defensores es de derechos humanos, así lo demuestran algunas cifras: más de 3.500 ejecuciones extrajudiciales (CCEEU, 2013), 961 casos de agresión contra defensores/as de derechos humanos (Somos Defensores, 2018) y 6.912 personas detenidas arbitrariamente entre 2002- 2006 (CAJAR, 2006).

[3] Negando con esto la persistencia del conflicto político, social y armado.

[4] Ver el texto “Libertad rehén de la seguridad democrática” de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

[5] Ver El Espectador (16 de febrero de 2019): Prioridad del Gobierno Duque: más erradicación, menos sustitución de cultivos de coca.

[6] Ver debate de Iván Cepeda 2015, sobre convenios del Ministerio de Defensa con empresas mineras y de hidroeléctricas.

[7]Ver de Indepaz: Balance de la Política Nacional de Consolidación Territorial. (2011).

[8] Esto resulta paradójico, ya que en el gobierno de Uribe Vélez se reconoció la conexidad del narcotráfico con el paramilitarismo, siempre y cuando no fuera el propósito principal del grupo, sino una fuente de financiación.

[9] Además se pretende hacer creer que el principal agresor reconocido de este sector social es el ELN, lo que no es cierto, porque analizando las estadísticas, generalmente son los grupos paramilitares los responsables.

[10] Una de las recientes medidas adoptadas por el gobierno fue estructurar el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes sociales, comunales y periodistas, instrumento que desconoce los avances de la comisión de Seguridad y Garantías, además de los avances ya alcanzados en el periodo de Santos.

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