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 Foto: Tomada de la web 

Las personas, organizaciones y redes firmantes manifestamos y exigimos como un imperativo moral y social la garantía del derecho de la sociedad colombiana en participar efectivamente en la construcción permanente de la memoria y la paz, que se garantiza con la inclusión de distintos sectores de la sociedad en las decisiones sobre la gestión y administración del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), como la creación, gestión y administración del futuro Museo Nacional de la Memoria (MNM), para garantizar el acceso y ejercicio del derecho a la verdad del que somos titulares las víctimas y la sociedad colombiana, y fortalecer la memoria colectiva acerca de los hechos desarrollados en la historia reciente de la violencia en Colombia.

Consideramos fundamental que el Estado, respondiendo al Deber de Memoria, que le corresponde y como garante de los derechos humanos, preserve y fortalezca los mecanismos para hacer efectivo el Derecho a la Verdad que pertenece a los Titulares del Derecho que según la Ley 1448 de 2011 son las víctimas y a la sociedad en su conjunto.

Las víctimas, sus organizaciones y la sociedad en general, deberán ser quienes construyan sus memorias en un marco de protección y garantía del ejercicio de este derecho a través de los mecanismos institucionales creados para garantizar sus derechos a la memoria y la verdad, entre otros, el CNMH y el MNM.

Estas memorias y sus verdades son un patrimonio construido desde las víctimas, articuladas a mecanismos institucionales como los del CNMH, bajo cuya figura institucional, organizaciones y comunidades de diversos matices, han confiado la tutela de esos bienes inmateriales representados en sus testimonios y experiencias, y materiales representados en los archivos, objetos y demás registros que con la legitimidad hasta el momento del CNMH hemos compartido libremente. Si los ejercicios de memoria son dominados o aún peor, monopolizados por el Estado, se restringen los principios de pluralidad, participación, autonomía de los procesos de la verdad, dignificación y el reconocimiento de las víctimas y sobrevivientes, violando el Artículo 143 de la Ley 1448.

Reiteramos que la reconstrucción de la memoria debe recoger la complejidad de lo ocurrido y develar responsabilidades de todos los actores del conflicto en los hechos victimizantes, por el respeto a quienes sufrieron graves violaciones a sus derechos o pérdidas de seres queridos.

Ante el riesgo, de perder la legitimidad que el CNMH ha construido, las personas, organizaciones y redes que suscribimos la presente carta, nos permitimos exigirle, Señor Presidente, lo siguiente:

Respecto a la cabeza directiva del CNMH, cuya inminente designación ha generado un importante debate público, consideramos que el Gobierno nacional como representante del Estado debería considerar y aplicar los siguientes criterios para que esa tutela del patrimonio constituido a partir de los procesos de construcción de la memoria siga siendo un derecho:

•          Garantizar una trayectoria de vida profesional y personal intachable tanto en lo público como en lo privado.

•          Actuación impecable en cargos de dirección en ámbitos académicos universitarios o en institutos de investigación y de pensamiento.

•          Poseer altos méritos académicos comprobables y de calidad.

•          Producción investigativa comprobada y de impacto académico y social.

•          Experiencia en trabajo directo con comunidades y organizaciones víctimas y vulneradas en Colombia.

•          Visión objetiva e imparcial sobre el conflicto colombiano y todos los actores del conflicto con responsabilidades en los hechos victimizantes.

•          Legitimidad y capacidad de interlocución con instancias estatales, con organizaciones, comunidades y personas víctimas, y con sobrevivientes del conflicto, así como con organismos de cooperación e instancias de la comunidad internacional.

Pero, más allá de la designación del CNMH y del MNM, nuestra exigencia fundamental es que el Estado garantice mecanismos efectivos de participación social de las víctimas, los sobrevivientes y de la sociedad civil en la junta directiva tanto del CNMH como del MNM.

Con la participación social, se legitima instituciones como el CNMH y el MNM, permitiendo que el saber de las comunidades, organizaciones y personas, vulneradas en su vida y dignidad, no solo sean parte de un ejercicio extractivo y tergiversador de sus experiencias, sino que se constituyan en parte integral de la construcción pluralista de las narrativas del pasado, del presente y del futuro de las regiones y del país. Para ello reiteramos nuestra exigencia central de que en la conformación de órganos directivos del CNMH y MNM, en los que están presentes representantes de las instituciones estatales, prevalezca una inclusión mayoritaria de integrantes miembros de organizaciones víctimas y de la sociedad civil, como se ha realizado en instituciones similares en países del Cono Sur.

Este momento de nuestra historia requiere generosidad y voluntad de construir juntos nuestro futuro, es la oportunidad para que el Estado de Colombia se abra a las víctimas y la sociedad, para promover una participación e inclusión real, necesarias para fortalecer la reconciliación nacional, saldar la deuda histórica con las víctimas y garantizar la no repetición, evitando revictimizar a quienes históricamente han visto negada su voz.

Lea quienes firma la petición aquí:

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