LA CORTE NO DEBE DOBLEGARSE A LAS PRETENCIONES DEL PRESIDENTE URIBE

En una carta enviada hoy a la Corte Suprema de Justicia, 218 organizaciones sociales y derechos humanos pidieron a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia la devolución de la terna presentada por el presidente Álvaro Uribe para la designación del nuevo Fiscal General de la Nación, por considerar que esta no reúne los criterios de independencia e imparcialidad necesarios para la proteccion de los derechos humanos.

Según las ONG´s firmantes de la carta, “la comunidad nacional e internacional tienen la justa aspiración de que el Fiscal General de la Nación,  a quien esa Corporacion se apresta a designar  sea prenda de garantía para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia en el marco de los principios de independencia e imparcialidad que deben caracterizar la administración de justicia; en ese sentido citaron al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, quien recomendó en su reciente visita a Colombia que, “Es esencial, habida cuenta de la función central y clave de la Fiscalía, que el próximo Fiscal General sea una persona independiente, fuerte y de prestigio”.

Según los voceros de la Coordinación Colombia Europa “La terna de candidatos a Fiscal General presentada por el presidente Álvaro Uribe, integrada por Camilo Ospina Bernal, Juan Ángel Palacio y Virginia Uribe, está lejos de cumplir con estos criterios y no constituye garantía de independencia frente al poder  Ejecutivo.  Es evidente la ausencia de conocimientos especializados en materia penal de los integrantes de la terna, como evidente es que en pasado reciente, el país ya ha tenido experiencias negativas sobre las consecuencias de dicha carencia, evidenciada en la lamentable gestión y avance de la impunidad en el período del ex fiscal Luis Camilo Osorio  quien al igual que los ternados provenía de ámbitos alejados del derecho penal”.

Manifestaron su preocupación porque uno de los integrantes de la terna, el ex ministro defensa Camilo Ospina Bernal, quien ha sido el artífice de una secreta Directiva del Ministerio de Defensa que estableció el pago de las recompensas por bajas ocasionadas por parte de los militares. Fueron estos beneficios económicos los que estimularon la masificación de los denominados “falsos positivos”, que según el informe del Relator sobre Ejecuciones extrajudiciales, deben definirse mejor como “asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio”.  Fue a finales del 2008, cuando se destapó el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, que vino a conocerse que detrás de estos crímenes se encontraba la Directiva Secreta 029 de 2005, que había sido diseñada por el doctor Camilo Ospina Bernal, mientras se desempeño como Ministro de Defensa, y la mantuvo oculta por muchos años tanto a la comunidad nacional como a la comunidad internacional.

Según se afirma en la misiva “El ocultamiento de normas que como la Directiva 029 de 2005 regulan conductas militares que ponen en riesgo el derecho fundamental a la vida de los colombianos,   evidencian un peligroso antecedente de quien como el doctor Ospina aspira a manejar, desde la Fiscalía, un enorme poder discrecional, con facultades para afectar libertades básicas de los ciudadanos y pronunciarse sobre las responsabilidades de los autores de  más de 1.600 casos de ejecuciones extrajudiciales que fueron  producidas en desarrollo de procedimientos de los cuales el ex ministro Ospina es directamente responsable”.

Al dejar manifiesta su preocupación por “La impunidad en la que permanecen los graves crímenes cometidos en los últimos tiempos, deviene en un preocupante deterioro del Estado Social y Democrático de Derecho”; citaron,  a manera de ejemplo, las investigaciones que adelanta la Fiscalía en caso tan relevantes como la captura del Estado en sus niveles local, regional y nacional por medio de alianzas criminales entre representantes políticos y el paramilitarismo (parapolítica), las prácticas ilegales de suplantación de la voluntad popular mediante la cual se cambiaron las bases constitucionales del Estado de Derecho a cambio de prebendas, favores y cohechos (yidispolítica), la persecución y espionaje por parte de los organismos secretos del Estado a magistrados, opositores políticos y defensores de derechos humanos (chuzadas), y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años por diferentes actores legales e ilegales, incluida la práctica sistemática de las ejecuciones extrajudiciales.

Esta situación, expresaron, requiere de un amplio consenso nacional en torno a quien debe encabezar la enorme responsabilidad de superar la impunidad y realizar la justicia, como condición para restablecer las bases del Estado Social de Derecho. En todos estos procesos penales, tanto el Presidente Uribe como un importante número de sus colaboradores y de ex congresistas de la coalición de gobierno se encuentran implicados y tienen por lo tanto un interés inmediato en sus resultados, razón por la cual, la garantía de independencia se hace más exigente.

Resaltaron que “El importante papel que la Fiscalía General de la Nación está llamada a cumplir en la actual crisis política y social de la nación, exige que quien represente la dirección de esta entidad de la justicia penal encarne un gran consenso sobre su probidad moral, su independencia política,  su prestigio jurídico y su reconocida vocación democrática y propensión por la justicia”.
 
Al finalizar su misiva declararon que “Convencidos de que la existencia de un poder judicial independiente e imparcial es una condición esencial para proteger los derechos humanos y garantizar que no haya discriminación en la administración de justicia y siendo consecuentes del importante  papel que debemos desempeñar las organizaciones sociales y no gubernamentales en la defensa de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, aprobados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, y en la Declaración sobre los Principios relativos a la independencia de la judicatura, adoptada en Beijing en agosto de 1995” y en consecuencia pidieron a la Corte que procedan a la devolución de la terna presentada, a suspender el procedimiento para la selección del Fiscal General de la Nación, y a demandar la presentación de una terna conformada con arreglo a un proceso de selección por meritocracia, integrada eso si por personas que gocen de reconocimiento público por sus posturas independientes, su carácter imparcial, su prestigio moral y con la solvencia académica en materia penal que el cargo amerita.

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