Por la difusión, entre las autoridades políticas y organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, de información que daba cuenta de agresiones, amenazas y detenciones arbitrarias cometidas contra campesinos y líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, durante los operativos realizados en marzo de 2004 por el Batallón de Ingenieros Carlos Bejarano Muñoz, de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa; el Comandante de esta sede militar, Coronel Néstor Iván Duque López, denunció al defensor de derechos humanos y sacerdote jesuita Javier Giraldo, al director de la Corporación Jurídica Libertad, Elkin Ramírez, y al defensor del Pueblo de Urabá, Miguel Ángel Afanador, por los delitos de injuria, calumnia y falsa denuncia.
Por tal razón se inició una investigación previa que, tras ser archivada por la primera instancia, fue reabierta por la segunda bajo espinosas condiciones para los acusados, puesto que esta –ahora enfocada en el delito de falsa denuncia contra persona determinada- no sería desarrollada por un Fiscal Especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, como debería ser en casos que involucren a defensores de Derechos Humanos, sino por el Fiscal 216 Seccional Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá, escenarios desde los que se promueven su estigmatización y persecución, como lo evidencia el Informe de Human Rigths First “Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamentos”.
Sin embargo, bajo el argumento de que los defensores de derechos humanos no “formularon ante autoridad competente y bajo la gravedad del juramento denuncia contra el Teniente Coronel Néstor Iván Duque López”, sino que elevaron quejas, derechos de petición y habeas corpus ante organismos internacionales de derechos humanos y ante la Presidencia de la República; la fiscalía decidió precluir en primera instancia la investigación por el delito de falsa denuncia contra persona determinada.
Es esta una nueva oportunidad para hacer un llamado a las instituciones públicas para que reconozcan plenamente la importancia del trabajo realizado por los defensores de Derechos Humanos en el país y no pretendan criminalizar el ejercicio legítimo de garantías fundamentales.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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