LAS “BACRIM” (léase paramilitares) TIENEN EN JAQUE AL ESTADO NACIONAL

Comunicado Público
Medellín, Febrero 14 de 2011

En más de veinte departamentos de Colombia, la guerra que libran las estructuras para-mafiosas, las cuales agrupan a más de diez mil (10.000) hombres, denominadas irresponsablemente “BACRIM” por el estado colombiano, le ganan terreno a la  institucionalidad y se preparan para fortalecer su aparato para-político en las elecciones regionales

La “estrategia” presidencial de combate a las llamadas “BACRIM” no es más que un plan coyuntural de corte mediático, mal enfocado y errático. ¿Podrá este plan detener o al menos contener el avance de las huestes paramilitares de la extrema derecha mafiosa, cuando es el mismo Estado el encargado de negar  la existencia de estas?   

Planes de guerra como el denominado “Plan Troya” que se acaba de iniciar en Córdoba, Antioquia y Sucre, podrían terminar pareciéndose al  macabro proyecto Orión lanzado en Medellín: la unión de lo legal e ilegal para combatir a otros ilegales.  

CORPADES denuncia ante la comunidad Nacional e Internacional que la “estrategia” -si es que así puede llamarse- diseñada para combatir a las llamadas BACRIM (léase paramilitares) que fue recientemente puesta en marcha por el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, está mal enfocada, toda vez que la misma se diseñó para enfrentar a un actor armado diametralmente diferente, o peor aún inexistente, al que desangra y se apropia de nuestro país: los paramilitares. Nos preguntamos, entonces, ¿cómo podrá combatirse realmente a quien se le niega su verdadera procedencia?

Lo anteriormente expuesto se sustenta en el hecho de que el Consejo de Seguridad Nacional que preside el Presidente de la República, lanza una ofensiva que niega de tajo la existencia del paramilitarismo, lo que conlleva a que se genere una verdad a medias, que  se convierte en una gran mentira, lo que es  igual o peor que la costumbre de la llamada Seguridad Democrática, de la cual, dicho sea de paso, la institucionalidad local de la ciudad de Medellín aprendió tanto y que ha ocasionado que en esta se presente un nivel de paramilitarización tan alto.    

Grave para la democracia que además de su procedencia, se niegue que las estructuras paramilitares tengan fuertes nexos con amplios sectores de la institucionalidad estatal, tanto a nivel local, regional y Nacional; que su número no sea mayor a cuatro mil doscientos (4.200) hombres, sabiéndose de antemano que son más sus integrantes;  que sólo son narcotraficantes y que no son parte de los proyectos regionales para-políticos, lo que lleva a  pensar que estamos ante un nuevo fracaso institucional y un nuevo y contundente  triunfo de la ilegalidad.  

Casos como los que se vienen presentando en los departamentos de Córdoba, Sucre y Antioquia, los cuales viven en medio de la pugna armada de las estructuras para-mafiosas que luchan por el control de lo legal e ilegal de estas regiones, son ejemplo del derroche de fuerza que estas muestran y quieren imponer a lo largo de la geografía nacional y que incluso todo este alarde las ha llevado a desafiar al Estado colombiano, el cual sólo hasta ahora está tratando de demostrar que puede, después de ocho años de haberles entregado parte del territorio nacional, recuperar el terreno perdido, cosa que consideramos casi imposible, si no se empieza por  redireccionar el enfoque trazado, es decir, darles un tratamiento que no es el  que corresponde a su naturaleza y menos aún al de su accionar.   

Frente a este desenfoque que va más allá del simple cambio de nombre, le proponemos al Presidente Santos que abandere el diseño de una verdadera política pública de Seguridad, Paz y Convivencia enmarcada en los principios del Estado Social de Derecho, la cual contenga una  estrategia de largo plazo que permita entre otras cosas:
1. La depuración de las instituciones del Estado, iniciando con la de los organismos de seguridad e investigación.
2. El desmonte de los acuerdos con la ilegalidad.
3. La identificación, persecución y sometimiento de los verdaderos jefes del proyecto para-mafioso y sus patrocinadores.
4. El ataque frontal y efectivo de las instituciones del Estado en perfecta unidad, contra las estructuras paramilitares en su base económica,  política y militar.
5. La revisión y derogación de la Ley de Justicia y Paz, la cual ha fomentado una mayor impunidad y de la cual se quieren valer los paramilitares y mafiosos activos para nuevamente hacerle quite a la verdad, la justicia y la reparación integral.
6. La construcción y puesta en marcha de una verdadera política pública de protección a los Derechos Humanos.
7. La salida política negociada al conflicto armado social y político que vive el país.      

Por último le solicitamos al señor Presidente de la República que lidere a nivel Nacional un pacto democrático ciudadano e institucional anti-paramilitar  y  anti- mafioso que permita la erradicación de estas plagas asesinas de Colombia.  

LUIS FERNANDO QUIJANO MORENO
PRESIDENTE CORPADES
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