La Campaña Nacional en Defensa del Agua como Bien Público y la iniciativa popular del Referendo por el Agua, no fueron en vano. Aunque la propuesta no tuvo eco en el Congreso de la República, sí logró visibilizar la necesidad de garantizar el recurso hídrico como derecho humano fundamental.
De la misma manera, ha sido importante la tarea de las organizaciones sociales en Medellín, que desde hace muchos años han estado movilizándose para evidenciar que en la ciudad existen miles de familias desconectadas del agua y la energía.
Pues bien, todos estos actos de movilización y denuncia están dando frutos.
Dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 se incluyó el programa “litros de amor”, que se propuso entregar a 45.000 familias de la ciudad 2,5 mts³ de agua por habitante de los hogares que hacen parte del programa Medellín Solidaria, propuesta que si bien ha beneficiado a 30.000 familias de la ciudad, no ha tenido en cuenta a los hogares desconectados, ni a los que recibían el servicio de manera irregular por su ubicación en zonas de alto riesgo.
El pasado 7 de abril de 2011 el Concejo de Medellín aprobó el acuerdo municipal 220 de 2.009, el cual se encuentra a disposición del Alcalde para su sanción. En éste se recoge una de las propuestas que traía la iniciativa del Referendo y la proclama de la Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín: el mínimo vital de agua potable como una política de ciudad, que no dependa de que un alcalde lo incluya dentro de su plan de desarrollo, sino que se defina como una obligación para todos los administradores de la ciudad.
Inicialmente esta política se dirigirá a las familias que se encuentran dentro del programa de Medellín Solidaria. Sin embargo se pretende que ésta se amplíe a otros habitantes que aunque no están dentro del programa, padecen carencias para una normal subsistencia. Además instituye este acuerdo que se utilicen recursos del Municipio para pagar la cuota inicial de las familias desconectadas del agua y así puedan gozar del mínimo vital.
Los antecedentes de esta propuesta son jurisprudencias de la Corte Constitucional, como las sentencias T-546 de 2009 y T-717 de 2010, las declaraciones de algunos jueces del municipio que exigieron el reconocimiento del mínimo vital y las movilizaciones sociales. De allí que la consideremos, no como un logro del Concejo de Medellín, pues finalmente a ese recinto llegan las necesidades que los movimientos y organizaciones sociales han visibilizado, sino como un logro de la gente, de los conectados y desconectados, y de todas las personas que se han movilizado para que por fin haya un acceso real al agua potable en esta ciudad.
Pero la movilización social tiene que continuar en materia de servicios públicos domiciliarios para que las zonas de alto riesgo, o más bien de alto costo, sean intervenidas por el Municipio de Medellín a fin de mitigar sus riesgos. Estas obras deben consistir en el encausamiento de aguas lluvias y negras por medio de sistemas de alcantarillados no convencionales, y lo mismo debe hacerse con las aguas que se consumen. Levantar la voz frente a esta obligación que el Municipio posterga y sólo recuerda cuando sucede un desastre natural, debe seguir siendo nuestra tarea, para que los habitantes de esas zonas puedan dignificar sus vidas y puedan disfrutar mínimamente de unos servicios públicos básicos esenciales.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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