A los tres años de extradición campea la impunidad

Comunicado público
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice

Tras el tercer aniversario de la extradición a los Estados Unidos de 14 jefes paramilitares y tomando en cuenta la visita a nuestro país de  Sang Hyun Song, presidente de la Corte  Penal Internacional, quien evaluará el proceso de desmovilizaciones, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, hace evidente su postura respecto a los pocos avances en cuanto a los derechos de las víctimas de crímenes de Estado a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.

En materia de verdad, es preciso enfatizar que desde un inicio las extradiciones de estos jefes paramilitares adolecieron de un proceso claro que vinculara acuerdos jurídicos de cooperación del gobierno norteamericano y el colombiano para avanzar en la verdad, lo que ha conllevado a la falta de garantías en la consecución de las confesiones, aislamientos de estos jefes paramilitares y, por consiguiente, la limitación de las víctimas en el acceso a la verdad de los crímenes cometidos por orden y mando de los mismos. A lo anterior se suman las amenazas y asesinatos que han sufrido algunos de los familiares, abogados y personas cercanas a los jefes paramilitares extraditados, además de la compra, presión y amenaza de testigos claves. Varios jefes paramilitares extraditados se han pronunciado públicamente sobre el tema y se han rehusando, caso Mancuso, a seguir colaborando con la Ley de Justicia y Paz.

En los últimos tres años, nuestro Movimiento ha logrado apenas entrevistarse directamente con los extraditados en cinco oportunidades. Estas entrevistas de víctimas y parlamentarios a los extraditados estuvieron rodeadas de múltiples dificultades por la falta de claridad y formalización de un procedimiento para acceder a las cárceles en Estados Unidos y a los procesados.

En términos de justicia, las extradiciones no han permitido ningún avance significativo en cuanto a castigo a los responsables de crímenes de Estado, que como se sabe, fueron presentadas ante la opinión pública bajo el supuesto de juicio a los jefes paramilitares. Nada de ello ha pasado. Por lo contrario, la impunidad campea y se le adeuda a las víctimas el derecho a constituirse en parte civil, según lo contempla la Ley 600 de 2000 del sistema procesal colombiano, pues los crímenes de que están acusados los extraditados fueron cometidos en su mayoría antes del año 2005, por citar tan sólo un ejemplo.

En cuanto a reparación integral, no ha habido entrega efectiva de bienes paramilitares al Fondo para las Víctimas de Acción Social; por lo contrario, éstos permanecen en las arcas estadounidenses. Es importante resaltar que “Macaco” dejó de entregar bienes apenas lo extraditaron, mientras que “Jorge 40” comenzó estas entregas después de su extradición. Además no aparecen registros de: Diego Alberto Ruíz, Diego Fernando Murillo, Eduardo Vengoechea, Juan Carlos Sierra, Manuel Enrique Torregosa, Martín Peñaranda y Nodier Giraldo Giraldo; En este sentido, no ha habido ningún avance que permita expresar la no repetición de los crímenes, ni tan siquiera un atisbo que permita dilucidar la efectiva persecución de los bienes de estos jefes paramilitares.

El MOVICE expresa, por todo lo anterior, su desacuerdo con la extradición, mecanismo ideado desde un comienzo como expresión de la impunidad  por parte del gobierno Uribe, para restar las posibilidades de que estos jefes paramilitares confesaran las relaciones entre las estructuras  paramilitares y el Estado colombiano. Estos tres años de extradición presentan un saldo negativo en cuanto a los derechos a las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral y las garantias de no repetición. Nos sumamos a las voces que plantean el acceso pleno de las víctimas a los extraditados en los Estados Unidos; la priorización de éstas en los procesos de la justicia ordinaria, adicional a los de Ley 975 de Justicia y Paz; y la existencia de las garantías necesarias, por parte del Estado colombiano, a testigos y familiares de los extraditados, para que cooperen con la justicia colombiana.