Comunicado a la Opinión Pública
Las organizaciones que firmamos este comunicado expresamos nuestra preocupación por lo acontecido el día 15 de noviembre del presente año en la plenaria del Senado, cuando se incorporaron cambios sustanciales a varios artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), entre ellos al artículo 100, el cual hace referencia a los requisitos para ser elegido como magistrado de las Salas de la JEP. En el texto se dejó explicitito que “No podrán tomar posesión en cargos de la JEP: Quienes dentro de los 5 años anteriores a la fecha de posesión a título personal o por interpuesta persona, hayan gestionado o representado intereses privados en contra del Estado en materia de reclamaciones por violaciones a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario, o al Derecho Penal Internacional o pertenezcan o hayan pertenecido a organización o entidades que hayan ejercido tal representación”, lo que constituye un ataque directo a la legitima labor de las y los defensores de derechos humanos y una vulneración al derecho de las víctimas de crímenes de Estado de ser representadas ante instancias judiciales para el restablecimiento de sus derechos.
Este hecho, sumado a los cuestionamientos del Fiscal General de la Nación y la decisión de la Corte Constitucional en relación con la JEP, evidencia que la estrategia de garantizar la impunidad para los agentes estatales y terceros responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad, está dando resultados. La preocupación no son las víctimas, ni el país. La preocupación es que políticos, empresarios y altos mandos del Ejército y la Policía tengan que responder por sus crímenes, decir la verdad, reparar a las víctimas y comprometerse con garantías de no repetición. La extrema derecha del país ha logrado su cometido: que la JEP sea sólo aplicable a los exguerrilleros de las FARC-EP, que se amplíe el fuero a todos los aforados constitucionales, es decir a ministros, congresistas, procuradores, entre otros, que ya no estarán obligados a responder por los crímenes de que han sido acusados.
La legitima representación legal realizada por defensores y organizaciones de derechos humanos en favor de las víctimas ante instancias nacionales e internacionales, no puede constituir un impedimento para participar de la justicia transicional. Esta decisión representa un antecedente no solo de veto y persecución a los defensores, también implica una negación del derecho de las víctimas a acceder a la justicia y poder participar para la satisfacción de sus derechos.
Durante años las y los defensores de derechos humanos en su férreo compromiso con la justicia y la democracia del país, han exigido al Estado colombiano la garantía de los derechos humanos para las poblaciones victimizadas y que sean sancionados, todos aquellos que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos. Exigencia que en cualquier democracia se considera un trabajo importante, pero que en Colombia se ha convertido en blanco de amenazas, asesinatos y múltiples agresiones.
En esta ocasión nuevamente evidenciamos como la posibilidad de abrir espacios para la justicia y la verdad para las víctimas del conflicto, se convierte en un escenario de confrontación política y jurídica contra los defensores de derechos humanos.
Como defensores de derechos humanos, como ciudadanos y ciudadanas y como sociedad demócrata, hacemos un llamado al Congreso de la República a cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz, eliminar todas las barreras que impiden la participación activa de la ciudadanía en los escenarios creados por el Acuerdo Final y a comprometerse con la búsqueda de la verdad, la justicia y la garantía de No Repetición.
Respaldamos la labor independiente e imparcial realizada por el Comité de Escogencia para elegir los Magistrados y jueces que harán parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. En los últimos años hemos sido testigos de la degradación del aparato de justicia con jueces, fiscales, magistrados y presidentes de Altas Cortes investigados y condenados, por actos de corrupción, despojo de tierras y complicidad con responsables de crímenes atroces. Las mujeres y hombres defensores de derechos humanos y abogados elegidos, han demostrado su compromiso con los derechos de las víctimas, con el debido proceso, las garantías procesales y con el proceso de paz y la reconciliación nacional. Este proceso de selección de magistrados fue conocido por todo el país, y ahora pretende desconocerse por parte de los partidos políticos quienes pretenden esconder los crímenes de algunos de sus miembros y amigos.
Este nuevo ataque a los defensores de derechos humanos se suma a la campaña sistemática de persecución, amenazas y asesinatos que entre 2016- 2017 ya cobra la vida de más de 188 personas. Por eso hacemos un llamado al gobierno nacional para que cumpla su obligación de garantizar la vida y la participación del movimiento de derechos humanos, que ha estado comprometido con el proceso de paz.
Corporación Jurídica Libertad
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos-. Nodo Antioquia
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado- Antioquia
Proceso Social de Garantías para Defensores de Derechos Humanos de Antioquia
Cra. 47 # 53-45 Ed.
+60 (4) 4017462 – 4017635 – 5575153