Por una política con ética y garante de los Derechos Humanos en Antioquia.

El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos espacio de convergencia de diversas organizaciones sociales, campesinas, étnicas, comunitarias, de derechos humanos y de víctimas del departamento, hace un llamado a las y los futuros candidatos que aspiran a los cargos de: gobernador, alcaldías, concejos y juntas administradoras locales en Antioquia, para que se comprometan con el cumplimiento de los derechos humanos, la construcción de una paz completa, las garantías para la labor de los defensores de los derechos humanos y líderes sociales y la lucha contra la corrupción. Este compromiso debe ser el enfoque central del plan de gobierno que se presente a la ciudadanía que elegirá a los próximos gobernantes. Solo así se garantiza el cumplimiento de los principios democráticos y la participación ciudadana en las decisiones públicas.

Consideramos fundamental que en el marco de la carrera electoral y entre sus agendas programáticas se incorporen los siguientes temas, como un pacto con y por una democracia real y efectiva, donde la interlocución con las organizaciones sociales, comunitarias, de derechos humanos y de víctimas, sea un principio de relacionamiento legitimador de la acción pública:

A.        Garantías para la labor de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos: los permanentes ataques a la labor de defensa de los derechos humanos en Antioquia, exige de las autoridades del departamento un compromiso con una política pública de garantías encaminada a la prevención, promoción, protección y apoyo; así como la investigación, esclarecimiento y sanción de todas las agresiones. Para esto se propone:

1.         El plan de gobierno y los planes de desarrollo deben garantizar que la prevención, promoción, protección, difusión y las garantías de derechos humanos acojan las normas y principios emanados del Sistema Internacional de los Derechos Humanos y los Pactos Internacionales suscritos por Colombia.

2.         Expresar públicamente el compromiso de acatar y dar continuidad a la Política Pública Integral de Derechos Humanos en Antioquia adoptada por la ordenanza número 12 del 29 de mayo de 2019, donde se reconoce la Mesa Territorial de Garantías para la labor de los líderes, lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, para su continuidad en su mandato.

3.         Comprometerse a garantizar una participación amplia y efectiva en la construcción del plan de desarrollo, que permita estructurar planes, programas, proyectos, metas, indicadores y presupuesto para adelantar acciones tendientes a generar espacios de participación, protección de los defensores y líderes sociales, desmantelamiento de las estructuras paramilitares, protección de la protesta social, entre otras. De igual manera, discutir y posibilitar una política pública de seguridad humana diferente a la estrategia de militarización de los territorios.

4.         Diseñar e implementar conjuntamente con las autoridades indígenas de las comunidades planes de prevención y protección colectiva e individual para los líderes, autoridades, comunidades y el territorio.

B. Construcción de paz completa y derechos de las víctimas: La consecución de una paz completa, estable y duradera, en un contexto donde primen los derechos humanos, ya sea en las ciudades o en los campos, es el reto que deben asumir los futuros gobernantes de Antioquia.

Es determinante para los próximos cuatro años, la inclusión del Acuerdo de Paz en los instrumentos de desarrollo y en las políticas públicas locales y regionales; la implementación del Acuerdo de Paz debe materializarse incorporando en la planeación local del desarrollo, los planes y programas contenidos en los cinco puntos acordados, enfatizando el cumplimiento de los derechos de las víctimas y las garantías para las comunidades más afectadas por el conflicto (comunidades étnicas, mujeres, campesinos, población lgbti, etc). Para alcanzar una paz completa es necesario seguir impulsando el proceso de negociación con el ELN y el sometimiento de las estructuras herederas del paramilitarismo. Por esto:

1.         Llamamos a que las y los futuros candidatos se comprometan a realizar pronunciamiento en favor de la paz y contra la guerra, como única solución al conflicto armado que aún persisten en los territorios y expresar públicamente su compromiso con la construcción la paz. Además, garantizar la continuidad de la Mesa Departamental de Concertación de los pueblos indígenas de Antioquia.

2.         Los programas de gobierno y los futuros planes de desarrollo deben estructurarse bajo los enfoques de género, diferencial, territorial, sectorial, entre otros, como derroteros para la inclusión de todas las poblaciones.

3.         Garantizar que se avance en la construcción e implementación efectiva de los planes de reparación integral como sujetos colectivos en el marco de los planes de salvaguarda, el decreto ley 4633 de 2011 y 4800 de 2011.

4.         Implementar un plan macro de proyectos productivos de autonomía alimentaria y economía propia para las comunidades indígenas de Antioquia (conforme a sus planes de vida), población campesina, afrodescendiente, mujeres, etc. como víctimas del conflicto armado.

5.         Como medida de protección al territorio colectivo, garantizar la incidencia para la ejecución de los procesos de legalización del territorio, con la constitución, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas y los procesos de restitución de tierras en el departamento de Antioquia.

6.         Garantizar en términos políticos la participación de excombatientes en los programas y proyectos que se desarrollen y establecer alianzas con universidades y otros centros de formación con el fin de capacitar, apropiar y fortalecer a los excombatientes en sus proyectos productivos y actividades económicas

7.         Fortalecer los espacios de dialogo interinstitucional para el tratamiento de temas laborales y sindicales (interlocución con la regional del ministerio del trabajo, sindicatos, administración municipal y departamental, rama judicial, empresarios).

8.         Promover el desarrollo efectivo de la política local de trabajo decente contemplada en el Acuerdo 64 de 2013 y respetar los acuerdos laborales en el sector público.

9.         Generar espacios de discusión y foros donde participen diversos sectores de la ciudad en la elaboración y propuestas de una política pública en paz urbana y territorial.

10.      Construir un programa pedagógico y formativo de paz que sea enfocado a las necesidades, dinámicas y particularidades de los diferentes territorios.

11.      Apoyar y fortalecer los mecanismos de justicia transicional, que están actualmente en implementación, para el esclarecimiento de lo sucedido en el conflicto urbano y de los responsables. Es indispensable que se avance en la búsqueda de las y los desaparecidos y la salvaguarda de los posibles lugares de inhumación.

C.        Lucha contra la corrupción: una de las principales demandas de la ciudadanía es que los gobernantes ejerzan su mandato desde una ética de respeto por lo público, cumplimiento con los principios y normas constitucionales y compromiso en la lucha contra la corrupción, lo cual implica no solo cuidar el recurso económico público, sino también combatir los sobornos, la entrega de puestos públicos a aquellas personas que no son idóneas para ejercer la labor, el direccionamiento de ejecución de proyectos sin ningún tipo de control y sin las capacidades y requisitos establecidos por la ley; además de promover una ciudadanía activa y vigilante de la acción de sus gobernantes. De acuerdo con esto, se propone:

1.         Proponer públicamente los mecanismos que van a adoptarse para sacar de la política el clientelismo y lograr ejercicios políticos democráticos y transparentes.

2.         Realizar contrataciones de personal y para ejecución de proyectos acordes con los requisitos establecidos por la ley; con convocatorias y procesos de selección transparentes y públicos.

3.         Todos los Planes de Desarrollo deben incluir indicadores medibles y verificables, para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento a la acción de los gobernantes.

4.         Respetar el trabajo de las veedurías ciudadanas, y garantizar toda la información necesaria para que esta pueda llevar a cabo su misión democrática.

5.         Generar confianza con las comunidades brindándoles un buen servicio, información veraz y oportuna, y asesorándolas acorde a sus necesidades.

Este llamado a la construcción de una democracia real y efectiva y garante de los derechos humanos, se hace como una exigencia para transformar las realidades de los territorios de Antioquia.