El pasado viernes 27 de marzo de 2015 fueron desalojadas, por solicitud del grupo EPM, más de 81 habitantes de la playa La Arenera, que habían habitado ancestralmente, las riberas del cañón del río Cauca, donde encontraban su sustento a través del barequeo, la pesca y la agricultura tradicional. Estas comunidades han desarrollado su vida en el rio de manera trashumante en razón de las necesidades de subsistencia y el ciclo vital de río. Dentro del grupo de personas desalojadas se encontraban menores de edad, adultos mayores y personas en condición de discapacidad.
Varias de estas familias son, a su vez, víctimas de la violencia y de desplazamiento forzado, provocado en su mayoría por grupos paramilitares fueron desalojadas en un operativo adelantado por la Inspección de Policía del Municipio de Toledo, en un proceso policivo promovido por Empresas Públicas de Medellín que, desde su inicio, ha vulnerado los derechos fundamentales de las familias, de las víctimas, la especial relación de estad comunidades agrícolas con su territorio y la normatividad internacionales establecidas para desalojos por proyectos de desarrollo.
El proceso policivo que culminó con el desalojo no se adelantó con un censo real e imparcial que diera cuenta de la ocupación de los poseedores ancestrales, su forma de habitación y su condición de víctimas de desplazamiento forzado del conflicto armado. No existió un proceso efectivo de censo de ocupadores y tampoco planes preventivos previos para atender la situación de vulnerabilidad provocado por este procedimiento y no se garantizó la reubicación, medidas de compensación, reparación de daños y activación de nuevos proyectos de vida.
En la diligencia del viernes, en la que no se hizo presencia la Defensoría del Pueblo, la Inspectora acompañada de un amplio número de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD, que rodearon el lugar intimidando a los habitantes, ordenó a las familias desocupar en «tres horas» la playa. Sin responder con claridad a las preguntas y solicitudes de los habitantes tradicional del río Cauca y pretendiendo que estos se dirigieran hasta las instalaciones de E.PM para firmar el acta de la diligencia.
Posteriormente, la inspectora abandonó el lugar luego de que las familias se negaran a desplazarse en grupos a diferentes municipios. Las familias y el Movimiento Rios Vivos han exigido la reubicación colectiva que tenga en cuenta la vida comunitaria desarrollada antes de este desalojo y la situación de riesgo y el contexto de la zona.
En consecuencia, las familias tuvieron que, como pudieron, sacar sus enceres a la carretera, en donde continuaron haciendo presencia efectivos del ESMAD, muchos de ellos sin identificar hasta avanzadas horas de la noche. En la madrugada de sábado llegaron al municipio de Ituango en donde se encuentran desde entonces sin ayuda humanitaria, sin alojamiento y sin atención médica para algunas personas que adolecen problemas de salud y a la espera de que el municipio les reciba la declaración de este nuevo desplazamiento.
El Movimiento Ríos Vivos, las víctimas de desplazamiento por el desarrollo de Hidroituango y organizaciones acompañantes urgen a las autoridades nacionales a atender la situación humanitaria de las familias desplazadas y establecer, de manera urgente, un espacio de dialogo que reconozca y garantice los derechos de las víctimas del desplazamiento por represas.
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