Hace ya diez meses que Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, fue extraditado a los Estados Unidos por razones de narcotráfico, desconociendo los crímenes que cometió como jefe paramilitar responsable directo de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, con operaciones en los departamentos de Antioquia y Córdoba, e integrante del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
No obstante el evidente interés del Estado colombiano por ocultar, con esta decisión, que el paramilitarismo se ha constituido como un instrumento favorable a la sistemática y masiva violación a los derechos humanos, estrategia en la que él mismo tiene una inocultable responsabilidad; y no obstante el desinterés de la justicia norteamericana por los delitos cometidos por los jefes paramilitares en Colombia; las víctimas continúan recordando las violaciones a las que fueron sometidas y exigiendo verdad, justicia y reparación integral.
Prueba de ello ha sido la lucha emprendida por la madre de un joven desaparecido tras la Operación Orión, en la Comuna 13 de Medellín, ejecutada por autoridades estatales y paraestatales, quien ha buscado ser reconocida como víctima y, por consiguiente, tener derecho a ser escuchada, consultar con los fiscales que llevan el caso, intervenir durante la audiencia de sentencia del jefe paramilitar y confeso narcotraficante, incidiendo en la pena que ha de ser impuesta y logrando una reparación económica.
A pesar de la negativa del juez Richard M. Berman, del Distrito Sur de New York, frente ala petición de la madre, las víctimas han encontrado una oportunidad para quela verdad y la justicia sean reales, y no meros formalismos, en su decisión de otorgarle 45 días al jefe paramilitar para comparecer ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, y colaborar con las autoridades colombianas en el proceso de verdad, justicia y reparación.
La cuenta regresiva ha comenzado. Hasta el 22 de abril, cada parte -el acusado, la Fiscalía colombiana y las víctimas- tendrá la oportunidad de aprovechar a su favor el plazo establecido por el juez Berman. Tanto el primero como la segunda deberán demostrar que no han actuado con desidia. La Fiscalía colombiana tendrá que asumir su papel y convocar a audiencias de versión libre, al tiempo que facilita los mecanismos para que estas se den, puesto que ya van diez meses desde que alias Don Berna está recluido en la Metropolitan Correctional Center de Nueva York, y no lo ha hecho.
Entre tanto, el narcotraficante y paramilitar deberá demostrar su voluntad de participar en justicia y paz, contribuyendo a desentrañar la verdad sobre sus apoyos financieros, políticos y militares, y aportando bienes para la reparación de las víctimas.
En caso de que el jefe paramilitar no colabore con las autoridades colombianas en el proceso de justicia y paz, se le privaría de descuentos punitivos a los que puede hacerse merecedor en caso de colaborar con la justicia.
Sin embargo, más allá de la extensión de las penas, las víctimas reclaman, sobre todo, verdad y justicia, superar la barrera de impunidad impuesta por la extradición de Diego Fernando Murillo Bejarano y los demás jefes paramilitares. Conocer la suerte de sus parientes, conocer los responsables materiales e intelectuales del dolor que han estado padeciendo, saber quiénes son los “hombres de negocios y grandes empresas” que, como el mismo alias Don Berna lo admitiera, financiaron sus actividades criminales, y que todos los responsables sean sancionados.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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