NO CESA VIOLACIÓN A LOS DH DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN MEDELLÍN

SITUACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

EXORDIO

“El 23 de abril de 2007 fue asesinada nuestra amiga y compañera Judith Vergara. Hoy muchos de los niños que participan de los semilleros de paz que ella coordinaba, son jóvenes alejados de la guerra. Sea este un recuerdo y un homenaje a su vida y su legado”

Colombia ha aceptado en diciembre de 2007 el mecanismo de monitoreo de la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el “Impacto en los niños de los conflictos armados”, que busca hacer seguimiento a las siguientes violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes: 

 

a) Asesinato y mutilación de niño/as.
b) Reclutamiento y utilización de niños soldados o combatientes.
c)  Ataques contra escuelas y hospitales.
d) Violación de niños/as y su sometimiento a otros actos graves de violencia sexual.
e) Secuestro de Niños, niño y adolescente
f)  Denegación de acceso a la asistencia humanitaria.

Desconocemos si el gobierno nacional ha informado de esto a los gobiernos locales o si éstos se han informado por otros medios. Es importante que este compromiso se conozca y responder a las exigencias que de allí se derivan. 

El Comité Municipal de Derechos Humanos de Medellín ha venido haciendo seguimiento sobre asuntos relacionados con la situación de niños, niñas y adolescentes y expresa su profunda preocupación porque ellos y ellas siguen siendo víctimas de vulneración de sus derechos.

Reconocemos que la ciudad ha tenido avances importantes en políticas que tienen un impacto positivo en la inclusión de Niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos: (1) La creación y mejoramiento de la infraestructura educativa y la cobertura, así como algunos esfuerzos por mejorar la calidad  de la educación. (2) Los programas en materia de deporte, recreación y cultura. (3) los programas de nutrición y seguridad alimentaria. Otros programas tienen bastante limitaciones: Fuerza Joven ha sido cuestionado por la propia Personería de Medellín y el Programa Jóvenes con Futuro, que nació como una especie de compensación a jóvenes no insertos en la confrontación armada, resp ecto de la amplia atención a los jóvenes desmovilizados, tiene una cobertura y oferta importante, pero muchas dificultades para su inserción laboral.   

Estas acciones deben fortalecerse y ampliar los  recursos, cobertura y calidad y sin duda, contribuirán en el corto y mediano plazo a reducir la vulnerabilidad de  Niños, niñas y adolescentes, no obstante, en lo concerniente a la garantía del derecho a la vida, la seguridad, los conflictos en la escuela, el reclutamiento, la ciudad hoy, como en  las tres últimas décadas, continúa  viviendo con todas las afectaciones derivadas del conflicto.

Por supuesto, la ciudad también ha contado con divers as formas de resistencia y alternativas a la violencia y a la presión por involucrar a la población civil en el conflicto armado. Y las respuestas civiles más recurrentes han sido de la población más víctimizada, niños, niñas y jóvenes. La ciudad tiene historias que aún no han sido reconocidas en su plenitud, de cómo las prácticas culturales, de participación, de articulación, de niños, niñas y jóvenes, se mantuvieron, se recrearon, se implementaron allí, en medio del conflicto armado a pesar de sus dinámicas y de cuales hayan sido los actores armados hegemónicos en sus territorios y comunidades.  

Diversos actores del conflicto se enfrentan por el control territorial, social, económico y político en la mayoría de comunas y corregimientos donde reside la población de los estratos 1, 2 y 3. La población civil y particularmente los niños, niñas y adolescentes han sido las principales víctimas de esta disputa.

Desde el año 1990, con la creación de la Consejería Presidencial para Medellín, los distintos gobiernos han tenido en su agenda el tema de la violencia y la seguridad desde su propia interpretación y enfoque, pero con dos características fundamentales:  

1.   Privilegiar la atención de este problema sobre la base de hacer la ciudad más competitiva y no sobre la garantía de los derechos humanos. Implementación de políticas sociales de choque, que han buscado contener el problema y mantenerlo en los límites aceptables para la competitividad, pero inaceptables en materia de derechos humanos y especialmente del derecho a  la vida.
2.   Prevalencia de una enfoque represivo y militar para intervenir el problema, como ha ocurrido en muchas ciudades del mundo.

Para el comité es muy buena noticia la disminución de las cifras de homicidios, el mejoramiento de otros indicadores de seguridad en algunos sectores de la ciudad, no obstante considera que la discusión en torno a las razones que desde la municipalidad se argumentan y los medios para alcanzar los indicadores, los cuales se vienen denunciando en algunos medios de comunicación debe mantenerse, toda vez que la garantía de los derechos debe articularse a un proyecto de vida digna para sus ciudadanos y ciudadanas y no a un proyecto de ciudad competitiva a cualquier costo.

La política social ha podido incidir, pero no es menos cierto que la regulación del control territorial y la confrontación pasa por los actores armados: Aquellos que no se desmovilizaron, o la desmovilización incompleta como le llama Humans Rigth Watch en su informe 2009 sobre Colombia y Medellín, “aquellos que se rearmaron, aquellos que emergieron sin duda como parte de unas condiciones estructurales, como lo demuestra el hecho del posterior control paramilitar de la Comuna 13 después de la Operación Orión, o el ingreso de los grupos neoparamilitares en la ciudad con la misma estrategia de control y de proyecto societal” y como se expresa hoy en los continuos enfrentamientos en diversos sectores de la ciudad.

El problema y la crisis de derechos humanos y DIH que vive hoy una parte importante de la población de Medellín y en particular de Niños, niñas y adolescentes, no se puede reducir por tanto a la existencia de lo que el gobierno llama “bandas emergentes o Bacrims”, que se disputan un territorio por el control del micro tráfico de drogas. Las condiciones estructurales y de contexto expresadas en la marginalidad, y en una alta tasa de  desempleo, entre otras, se mantienen en muchos sectores de la ciudad y es en ese contexto que se expresan las diferentes violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

Violación del derecho a la vida: Homicidios

Por todos y todas es conocido que la tasa de homicidios en la ciudad tuvo un descenso importante hasta el año 2008 y desde el año 2003. Las razones de tal disminución siguen siendo objeto de discusión. Para los defensores/as de los derechos humanos, esto es sin duda un hecho importante, por lo que representa en términos de vidas humanas. Pero es de suma preocupación, que esta no pueda explicarse solo por efectos de la desmovilización de miembros de las AUC y de algunos avances en la política social de inversión, sino por la hegemonía de un actor armado ilegal, demostrado hoy, como lo fue en el pasado por el pacto entre “Sebastián y Valenciano”, Los fines son importantes, pero los medios también.

En Medellín fueron asesinados 120 niños/as en el año 2009, según Medicina legal, lo que nos da una frecuencia de un niño asesinado cada tres (3) días. En el año 2000 esa frecuencia era cada 4.8 días. A marzo de 2010, según la misma fuente, han sido asesinados 47, lo que nos da una frecuencia de un niño asesinado cada 1.8 días en promedio. Contando con que gran parte de esos tres meses han estado sujetos al pacto de no agresión. 11 de estos niños/as fueron estudiantes asesinados cerca o en sus colegios. Cualquier gobierno y cualquier ciudadano deberían sentir esto como una vergüenza máxime cuando algunas respuestas de funcionarios del municipio y la policía parecen justificar estos crímenes cuando en sus pronunciamientos le restan importancia a las muertes y le ponen todo el acento a las problemáticas que vivía el niño/a asesinado/a.

“Balas perdidas”, enfrentamientos, sicariatos, etc. son solo las formas. Pero no son la explicación. La mayoría de estos niños/as fueron asesinados en comunidades definidas como estratos 1, 2 y 3. Si algunos de estos niños/as eran miembros de grupos armados, tampoco justifica ni explica su muerte.

Uso, Reclutamiento y Vinculación: Un crimen de Guerra

Según datos de la policía metropolitana, el año pasado fueron “capturados” en el Valle de Aburrá por drogas, armas y homicidio, más de .100 niños. Este año han sido reportados a marzo 30, 522 niños/as por las mismas razones. Para las autoridades esta es una cifra que expresa un logro de la policía en su lucha contra el crimen. La misma 4ta. brigada ha denunciado en Antioquia el reclutamiento de Niños, niñas y jóvenes por parte de grupos armados. Sin embargo, tal éxito objetivo, muestra que estos 522 deben tener algún vínculo con un grupo armado. Han sido usados, reclutados o han sido vinculados.

Las diversas organizaciones de derechos humanos tenemos testimonios que demuestran que tras la existencia del conflicto armado, o de las Bacrim como llama el gobierno nacional y local, se mantiene esta práctica definida por el DIH como un crimen de guerra.

En octubre de 2008, en la comuna 13, 12 niños fueron entregados al ICBF, por parte de la Procuraduría Departamental y un funcionario de la Gobernación de Antioquia, en una acción urgente de protección, después de muchas solicitudes de protección al gobierno local, y ante el hecho inminente del reclutamiento o la muerte por parte de grupos paramilitares en la comuna 13. Días después 2 de estos chicos evadieron el lugar de protección. Uno de ellos fue asesinado y el otro capturado con armas.

La Personería de Medellín ha recibido denuncias y en su informe anual de la situación de derechos humanos ha registrado estos hechos como una violación en diferentes comunas de la ciudad. Más de 220 casos han sido mencionados en sus informes solo en las Comunas 1, 3 y 13.

En 2007 y ante un informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo, la alcaldía local de aquel entonces señaló:
“No existen evidencias probadas sobre reclutamiento forzado en la Comuna 13, aunque sí de la utilización de menores en actividades delictivas. El ingreso de una persona a un grupo delincuencial es un hecho que se presenta generalmente por voluntad propia, por adscripciones territoriales, por los deseos de venganza o por la necesidad de defenderse de otros grupos”[1].

Habría que decir que la vinculación, el reclutamiento o el uso de Niños, niñas y jóvenes en grupos armados lo primero que produce en ellos y ellas es la violación de todos sus derechos y les convierte en víctimas del conflicto armado. Y por ello los programas reconocen en su contenido que la labor principal del estado con los niños y niñas desvinculados del conflicto armado es el restablecimiento de sus derechos, aún en los casos en que se les aplique la responsabilidad penal, que establece la Ley de infancia y adolescencia desde los 14 años.

Es una pena que la administración anterior haya desconocido, no solo los informes de derechos humanos, sino la solicitud de medidas cautelares hecha a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2005 por un grupo de organizaciones miembros del Comité municipal de derechos humanos. Allí se expresaba cómo desde agosto de 2004 se puso de manifiesto ante la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Departamental de Antioquia, el reclutamiento forzado de 9 niños plenamente identificados con edades entre los 13 y 16 años para integrarlos a las filas del paramilitarismo, pero nunca se avanzó en investigaciones ni en resultados positivos para proteger a los niños. 

Igualmente en 2005 se puso de manifiesto la situación de tres niñas y diez niños, con edades entres 7 y 17 años que sufrieron amenazas e intimidaciones para que realizaran extorsiones, traslado de armas y estupefacientes, vigilancia, se vincularan como informantes, entre otras; además varias de las familias fueron amenazadas u obligadas a desplazarse de la zona por protestar o reclamar el respeto por los derechos de sus hijos/as. Estos fueron los casos documentados pero esta situación afectó a muchas más familias.

Pero más que preocupación por las evidencias probadas produce preocupación que el gobierno local haya ignorado el derecho internacional humanitario y la Convención de los Derechos del Niño: los niños y niñas son personas sujetos de derechos. Pero también por su condición no se pueden asimilar a cualquier persona mayor de 18 años. Pero más grave aún es que desconozca o, peor aún, olvide, que desde el primer informe de la señora Graha Machel, sobre el tema de los niños soldados se ha demostrado que la voluntariedad no existe como explicación última para comprender porque un niño o niña va a un grupo armado.

Dicho estudio y posteriores han demostrado que cuando a un niño solo se le pregunta si fue voluntariamente a un grupo armado la mayoría responde que sí. Pero cuando se indaga su vida, su historia, aparecen todos los factores arriba mencionados. Así que es necesario distinguir entre reclutamiento forzado, vinculación, (aparentemente voluntaria pero explicada por las condiciones ya señaladas) o el uso que se hace. En este último caso, UNICEF ha denunciado en el país la utilización de niños/as por parte de miembros de las fuerzas armadas en funciones de vigilancia y como informantes.

También el Comité Municipal de Derechos Humanos ha documentado en el último año más de 38 casos de amenazas, de riesgo de vinculación o de niños involucrados en grupos armados ilegales, solo en la Comuna 13. Tal situación es semejante en otras comunas y corregimientos de la ciudad, como lo señala el informe de la personería.

Los testimonios dan cuenta, entre otras, de la disminución de las edades de vinculación. A fines de la década del 90 se calculaba que la edad ingreso de un niño a un grupo armado eran los 13 años. Hoy, diversos estudios hablan de 12 años y el Comité Municipal de Derechos Humanos ha encontrado evidencias y testimonios del uso y vinculación de niños desde los 8 años.

Las funciones de los niños, niñas y jóvenes también han sido documentadas. Van desde ser informantes, cumplir labores de vigilancia, transportar y vender drogas, transportar armas, participar de enfrentamientos o de otros actos delictivos. Estudios comparados a nivel mundial dan cuenta de que las funciones que cumplen niños soldados en conflictos armados internos o conflictos internacionales, la mayoría de las veces coinciden con las que cumplen los niños en otro tipo de conflictos, como los que se presentan entre el estado y organizaciones mafiosas armadas en las favelas de Río de Janeiro.

Quisiéramos preguntar ¿Cuántos de estos reclutadores han sido investigados y sancionados?

Educación Bajo Ataque: Así se titula un informe de la Unesco.

Medellín, Conflicto y Violencia dentro de la escuela.

El Informe de Unesco señala “como ataques violentos los perpetrados por razones políticas, militares, ideológicas, sectarias, étnicas, religiosas o criminales contra estudiantes, profesores y personal académico y educativo. Incluye asesinatos, tortura, secuestro, retención, daño, encarcelamiento ilegal, puesta de minas, incendio de edificaciones educativas y asaltos armados.

Algunas escuelas sometidas al control del narcotráfico han sido escenario de enfrentamientos con la Policía en el contexto de la guerra contra ese delito, Se han dado casos en México y en Brasil donde “las fuerzas de seguridad invaden el establecimiento controlado por pandillas de narcotraficantes y libran allí su batalla. La ocupación de escuelas se ha dado no sólo en conflictos convencionales, sino también en lugares donde se libra una guerra contra las drogas.”

La escuela hoy en Medellín, a diferencia de los conflictos armados convencionales, no tanto es objeto de ataques externos por parte de las partes enfrentadas, desatendiendo el principio de distinción (aunque sus instalaciones son usadas por actores armados), o es utilizado como sitio de descanso por parte de los actores que hacen parte de hostilidades.

El informe de Unesco deja ver que las nuevas dinámicas del conflicto armado y la violencia, y todas sus otras dinámicas asociadas han llegado a la escuela, se han instalado en ella y actúa en su interior como un territorio. Y cómo el conflicto armado se ha convertido, al igual que el reclutamiento, en un problema mundial.

La escuela por mucho tiempo se vio como un territorio aislado de su entorno, como un lugar donde el conflicto armado no debía llegar, como un escenario ajeno a este.  

El Comité Municipal de Derechos Humanos observa con profunda preocupación el asesinato de 11 estudiantes, cerca o en sus colegios, y los 120 niños/as asesinados el año pasado, mucho de estos estudiantes de colegios de secundaria.

En el año 2007, en un colegio de la comuna 3 fueron denunciados de manera valiente el uso de niñas para la explotación sexual en la plaza de ferias por parte de grupos armados. Este hecho fue conocido públicamente y algunos denunciantes fueron amenazados.

Las formas en que algunas escuelas se “integran” a las dinámicas del conflicto armado pasa por diferentes tipos de violaciones a los derechos humanos:

1. La presión a las niñas para ser utilizadas en las redes de explotación y abuso sexual. En colegios de la comuna 1 y 3 se ha recibido testimonios de cómo algunas niñas o jóvenes son utilizadas mediante la llamada denominación de “prepago” donde incluso algunos de los profesores acceden a “sus servicios”. Se ha identificado que en algunos casos los papás y mamás apoyan la actividad de explotación sexual y además que se induce a quienes ya están vinculadas a las redes a inducir a otras a “vender su virginidad” y de esta manera las van involucrando en la actividad de la explotación sexual.

2. Los colegios y algunos de sus estudiantes son utilizados para el tráfico de drogas, induciéndolos en todas las prácticas de consumo y mercadeo.

3. Existe el tráfico de armas, y en muchos colegios se

hacen los negocios. Los paramilitares introducen mandos en los colegios para efectos del control al mercado de drogas y armas, pera además para decidir sobre asuntos de convivencia y demás. Se realizan fiestas dentro y fuera de los colegios, donde van induciendo a los Niños, niñas y jóvenes al consumo y venta de drogas.

4. El colegio es el lugar donde se ubican algunos actores del conflicto acudiendo a actividades deportivas entre otras, para detectar Niños, niñas y jóvenes para vincularlos a grupos armados.

5. En algunos colegios se han establecido normas de comportamiento como parte de estrategias de control social.

6. A esto hay que sumarle los problemas de deserción escolar por razones de amenaza o problemas en la movilidad dentro de los barrios o la comuna.

Trabajo Infantil: una prohibición en el papel

“En Medellín el trabajo infantil denota la gravedad en la situación de miles de hogares como efecto de la precarización del mercado laboral “en Medellín y el Área Metropolitana el trabajo infantil en el 2007 fue de 28.651 niños y niñas trabajadores, correspondiente al 4.1% de la población entre 5 y 17 años, sumados a los 31.372 niños y niñas que trabajaban en oficios del hogar por más de 15 horas a la semana, tendríamos así 60.023 niños y niñas trabajadores/as a nivel local. Por otro lado, el 10% de los niños y niñas de Medellín y el Área Metropolitana, 70 mil de ellos, no asisten a la escuela, al igual que el 40% de los niños [y niñas] que laboran (12.228)”[2].

Cargar, vender, maquilar, lavar la ropa, cuidar a los y las hermanitas, arreglar carros, reciclar y hacer mandados, son algunas de las actividades en que trabajan los niños y niñas, por la que reciben alguna remuneración, muchos dejan de ir a la escuela, entre otras consecuencias de este hecho. Para las familias esto no tiene ciencia “ellos lo hacen porque les gusta”, pero la verdad, es que el trabajo de niñas y niños sigue siendo una imposición cultural de gran peso.

Lo cierto es que los hallazgos no dejan de generarnos preguntas ante el fenómeno del trabajo infantil, cómo se transforma, cómo se soslaya en la vida diaria y cómo se desestiman sus efectos. Para aportar al origen de estas preguntas es importante referenciar situaciones concretas que no las plantean.

De un grupo de 20 niñas y niños, entre los 9 y los 15 años, que acompaña una de las Organizaciones integrantes del Comité Municipal de Derechos Humanos en el Barrio Blanquizal y que se conformaron espontáneamente a partir del “encarrete por los zancos”, 20 realizan trabajos, es decir 20/20, algunos de estos trabajos son remunerados, otros no, pero de igual forma les pon

en en alto riesgo de abandonar la escuela, de quedar en extraedad y por lo tanto de ser retirados/as del sistema escolar y de vincularse de manera permanente al mundo del trabajo.

Este caso además nos permite visualizar que No siempre estar inscrito/a en el sistema escolar es garantía de que los niños y niñas no trabajen. Pero también que muchos/as niños/as que trabajan deben adaptarse a currículos que no se diseñan acordes con sus vivencias como Niños y niñas trabajadores/as.

Las cifras citadas son alarmantes considerando que la situación económica tiene efectos nefastos sobre los hogares más empobrecidos, especialmente sobre niñas y niños a quienes se les vulneran sus derechos toda vez que el trabajo infantil limita el acceso a éstos.

Por otra parte el trabajo infantil, produce en algunos casos la desescolarización y la desescolarización a su vez genera otras rutas violatorias de los derechos de niñas y niños. La desescolarización conduce al trabajo infantil, la explotación sexual, la indigencia o la vinculación a grupos armados o a redes de tráfico de drogas.

A propósito de la desescolarización, de niños y niñas es de gran relevancia plantear que según estudio exploratorio realizado de manera colectiva y pedagógica por niños, niñas, familias, educadores, educadoras y otra serie de actores y actoras sociales preocupadas por la educación, realizamos un ejercicio de identificación de quienes actualmente no van a la escuela en algunos sectores de la ciudad de Medellín: encontramos que 264 niños y niñas entre los 5 y 17 años no van a la escuela. 

Si tenemos en cuenta que se trató de una indagación sectorizada, dado que no es posible realizar un censo con todas las características técnicas, siendo esta una responsabilidad gubernamental, la cifra es escandalosa, alarmante, crítica, preocupante. ¿Dónde están y cómo se registran?, están en: Altos de la Virgen, Blanquizal, llanadas, Carambolas, Altos de la Torre, Enciso, Golondrinas, centro, Olaya, Popular. Esta cifra corresponde a 165 Niños y 99 niñas.

Además de ello, es importante denunciar que la falta de oportunidades para los y las jóvenes hace que la vinculación de ellos y ellas a grupos armados sea contemplada como una opción para la generación de ingresos. Otra de las razones que ponderan los niños, niñas y adolescentes vinculados/as al conflicto para el ingreso a grupos armados están ligadas al maltrato familiar y laboral.

Desplazamiento Intraurbano: Un ciclo que no termina

El desplazamiento intraurbano es otra de las problemáticas que afecta directamente a los niños y a las niñas, toda vez que el hecho de ser desalojados y desalojadas de sus lugares de residencia, influye en las posibilidades de seguir asistiendo a la escuela, pues las afectaciones emocionales que genera el desarraigo les desmotiva, les roba la energía para concentrarse en su tarea de estudiar.

Conocemos el dramático caso de una mujer que fue desplazada de su casa, ella anda por una serie de instituciones de la ciudad, que hacen parte de las rutas de justicia, exhibiendo una pequeña bolsita donde acumula las balas que ingresan a su casa en los enfrentamientos militares o simplemente como parte del hostigamiento sistemático que le hacena su familia para que desocupe su casa.

Ella porta la evidencia, como una forma desesperada de ser escuchada, no obstante, su situación no ha sido transformada y ahora engrosa la lista de las desalojadas violentamente de su pequeña propiedad, este caso, bien podría afirmarse que es una dolorosa metáfora de la desprotección de las personas desplazadas de sus barrios en Medellín.

En general, las situaciones a las que hace referencia este pronunciamiento y la galería de la memoria que hoy exponemos, revelan, anuncian, denuncian diferentes expresiones de violencia social y política contra la niñez de la ciudad pero además busca hacer memoria de los niños y niñas asesinados/as o vulnerados en sus derechos.

Es importante recuperar la historia como parte de la lectura que se hace de los derechos humanos. Nuestra perspectiva le sigue apostando por la concreción de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de todos los ciudadanos y ciudadanas, pues son los mínimos básicos para que la vida digna de niños y niñas, hombres y mujeres sea más que un discurso.

Por lo anterior el Comité Municipal de Derechos Humanos exhorta al gobierno local a:

1.      Proteger y garantizar el derecho a

___
[1] La Comuna Trece, del miedo a la esperanza. Observaciones al informe de riesgo número 009 de 2007.
[2] Escuela Nacional Sindical, diagnóstico del trabajo informal. 2009.