PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO. SOLIDARIDAD Y APOYO A LA SENADORA PIEDAD CÓRDOBA

Como Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, expresamos nuestra solidaridad con la senadora Piedad Córdoba, tras la decisión del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, de destituirla e inhabilitarla por el término de 18 años para el ejercicio de sus funciones públicas.

Es claro que la providencia emitida por el Procurador, en la que se alega que la senadora había “promocionado” y “colaborado” con las FARC, no es otra cosa que una retaliación por su denodada labor en pro de una salida negociada al conflicto armado, social y político del país. Se trata de una persecución política sustentada en un acervo probatorio deficiente, sin mérito jurídico, ético y moral.

Como se sabe el Procurador es hoy cuestionado por sus actuaciones contra los derechos de la mujer, la población LGBT, las operaciones ilegales del DAS, la absolución, en el caso de la llamada “Yidis Política”, en la que ha desestimando pruebas válidas, razón por la cual (en este último caso) se encuentra investigado por la Corte Suprema de Justicia.

Manifestamos nuestra honda preocupación por las falencias notorias en el caso de estas sanciones y acusaciones, por parte del operador judicial, a quien la senadora ha denunciado por sus actuaciones como funcionario público, a sabiendas de que uno de los principios esenciales de la justicia tiene que ver con el de la imparcialidad, so pena de caer en sobrelimitaciones desde el punto de vista de la función pública.

Si bien en el mundo de la democracia las ideas o creencias no pueden ser un obstáculo para la adopción de la función pública, también es claro que un alto operario jurídico (con ideas y creencias), que se sobrelimita en sus funciones por lo que recrimina como diferente, resquebraja los cimientos de la democracia y los principios de la función pública.

Como Movice extendemos nuestra solidaridad y apoyo a la senadora Piedad Córdoba ante estos hechos e invitamos a las organizaciones nacionales e internacionales a manifestarse ante estos recientes hechos que son a todas luces causa de censura moral y pública, más cuanto que se trata de una persona que ha dedicado parte de su vida a la búsqueda de la paz con justicia social.

De la misma suerte exigimos a la Procuraduría a rectificar estas sanciones y acusaciones en contra de la senadora, así como que reconozca públicamente su labor comprometida en la búsqueda de la paz y la salida negociada al conflicto armado, político y social del país.

Señor Procurador, sus ideas no son las únicas.

Pensar diferente no es un delito.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

Septiembre 28 de 2010