Desentrañando el proyecto de ley de víctimas

Respondiendo a la necesidad de comprender en todas sus dimensiones el proyecto de ley que busca reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), capítulo Antioquia, ha desarrollado dos talleres de formación con personas cuyos derechos han sido violados en sucesos como los tres operativos militares ocurridos en la Comuna 13 de Medellín, durante el año 2002; y la masacre de la vereda La Esperanza, en el Carmen de Viboral, ocurrida en junio y diciembre de 2006.

Asimismo asistieron personas cuyos familiares han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mediáticamente conocidas como falsos positivos, y otras que han sufrido desplazamiento forzado del campo a la ciudad e intraurbano, cuyo reconocimiento es un imperativo para superar el conflicto social y armado que vive el país desde hace más de medio siglo.

Si bien se reconocen los avances de este proyecto con respecto a propuestas anteriores que cobijan a las víctimas del conflicto armado, es ineludible realizar un análisis juicioso de sus carencias para que realmente aporte en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.

Habría que resaltar, en primer lugar, que este proyecto de ley fue construido a partir de una lógica perversa: aparentemente busca garantizar los derechos de las víctimas, pero sin consultarlas previamente, sin permitirles exponer sus deseos y necesidades, y proponer alternativas frente a la manera adecuada de reparar los daños que han sufrido.

Pese a que plantea una noción del concepto de víctima, no deja claro que también cobija a las víctimas de crímenes de Estado y es restringida en la medida en que desconoce la complejidad del conflicto interno y viola el principio de igualdad, debido a que excluye, en todos los casos, a los miembros de grupos armados al margen de la ley y a sus familiares. Es decir, deja desamparadas a las más de dos mil víctimas de ejecuciones extrajudiciales, a sus madres, padres, hermanos, conyugues e hijos; y a las familias de militantes de estructuras armadas por fuera de la ley que, no en pocas ocasiones, han sufrido amenazas, homicidio, tortura, desaparición, exilio.

Por otro lado, establece la figura de testigos sin rostro, a pesar de haber sido declarada inexequible por la Corte Constitucional y haber servido, en ocasiones anteriores, para presentar testigos falsos, vulnerando los derechos de personas privadas de la libertad y acusadas de cometer algún tipo de delito.

A esto se suma que la reparación, según lo expresa el proyecto de ley, sólo sería viable si hay recursos económicos para respaldarla. Entonces si por cualquier falacia se decide aumentar la inversión en gasto militar ¿de qué manera se reparará a las víctimas?

No obstante las preocupaciones que generan los problemas anteriormente mencionados, el mayor temor de las víctimas es por la verdad y la justicia. El proyecto deja claro que “las medidas de atención, asistencia, indemnización y reparación contenidas en la presente ley, así como todas aquellas que han sido o que serán implementadas por el Estado con el objetivo de reconocer los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, no implican reconocimiento ni podrán presumirse o interpretarse como reconocimiento de la responsabilidad del Estado (capítulo 1, artículo 5)”. De modo, pues, que asuntos tan importantes como la admisión de la existencia del conflicto social y armado que vive el país, y el fenómeno paramilitar como política de Estado, continúan diluyéndose.

De allí, además, que la búsqueda de la verdad y la justicia no sean más que una cruel fantasía, puesto que ambas dependen no sólo de que los responsables confiesen sus crímenes, sino también sus motivaciones, y un proceso real en este sentido llevaría al desmonte de las estructuras paramilitares desde sus más elevados niveles.

Agrega el proyecto, en el artículo 78, que la búsqueda de la verdad estará supeditada a que “no provoque más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni cree un peligro para su seguridad”. Sin duda lo que ha causado daños innecesarios a las víctimas ha sido, precisamente, victimizarlas. Expulsarlas de sus tierras porque sus humildes intereses son antagónicos con los deseos de lucro desmedido de los detentadores del poder; someterlas a ver caer a un hijo, un esposo, un padre que se ha comprometido con luchas altruistas de transformación social; obligarlas a vivir inmersas en la permanente inquietud de “¿dónde estará?”, “¿todavía vivirá?”, “¿qué le habrán hecho?”; mantenerlas alejadas de su patria porque en el momento de guardar silencio, de bajar la cabeza, hicieron de su verdad un eco ensordecedor.

Convencidas de que sus voces deben ser escuchadas, tras analizar el proyecto radicado ante el Congreso de la República el 27 de septiembre del año en curso, las víctimas realizaron una serie de propuestas para enriquecerlo con sus experiencias y particulares lecturas de las situaciones que han vivido.

Consideran, entonces, que lo principal es que se les dé la palabra y se les invite a construir la ley de víctimas y la ley de tierras a partir de escenarios como asambleas regionales. Que el proyecto tenga como principios rectores la verdad y la justicia, para lo cual es preciso que el Estado colombiano parta de reconocer el conflicto social y armado que vive el país y su responsabilidad en éste y en la comisión de violaciones a los Derechos Humanos. Que el Estado se acoja a los reglamentos y los tratados internacionales que ha suscrito. Que se desarrollen investigaciones enfocadas en conocer los daños psicológicos que el conflicto ha generado sobre las víctimas y que cuenten con atención psicosocial permanente. Que no se creen más aparatos burocráticos y que el marco de tiempo de la ley no se reduzca a veinte años atrás.

Estas son apenas algunas de las exigencias que hacen las víctimas, a las que el Estado les ha aplicado la ley del hielo muy a pesar de ser las principales dolientes del proyecto de ley de víctimas. Para los próximos días esperan ser escuchadas por el Congreso de la República en audiencias regionales.

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Consulte el documento elaborado por el Movimineto de Víctimas de Crímenes de Estado donde propone los “Elementos indispensables para una ley de víctimas en Colombia”.