Proyectil contra el pecho
La mañana del 20 de noviembre de 2002 fue agitada para la comunidad académica de la Universidad Industrial de Santander que no cesaba en sus argumentaciones, reclamos y exigencias aún ignorados. Continuaba aumentando de manera desmedida la vigilancia privada en el campus universitario, pese a las denuncias de varios estudiantes de haber sido seguidos, requisados y fotografiados por algunos de los celadores; los recortes presupuestales pasaron de ser una amenaza a una realidad palpable de la desfinanciación de la educación pública en el país; y el reglamento disciplinario estudiantil ya aplicaba sus normas arbitrarias, especialmente en caso de sanciones.
La manifestación de aquella mañana se trasladó a las calles próximas a la Universidad y pronto llegó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para contener a los inconformes. En medio de gases lacrimógenos lanzados por el grupo antimotines, se escucharon una serie de disparos y Jaime Alfonso Acosta, estudiante de tercer semestre de Ingeniería Mecánica, se derrumbó. Inmediatamente fue trasladado a la Plazoleta Che Guevara donde sus compañeros lograron ver el agujero en su pecho y corroborar su muerte.
¿Para qué usan el bolillo?
Tres años después la víctima del ESMAD dejó de llamarse Jaime Acosta, dejó de tener 18 años, para adoptar el nombre de Nicolás Neira y haber vivido tan sólo 15.
El 1º de mayo de 2005 se desarrollaba en Bogotá la tradicional marcha del Día del Trabajo que conmemora a los mártires de Chicago por su participación en las jornadas por la consecución de la jornada laboral de ocho horas, desde el 1º de mayo de 1886. La gigantesca manifestación, donde se reúnen sindicalistas, campesinos, estudiantes, desempleados y activistas, denunció además la precaria situación económica y social que vive el país, exigió un alto a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) e hizo públicas las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
La marcha fue fracturada por los gases lacrimógenos, los bolillazos y las balas de goma lanzadas por el ESMAD. Entre los heridos se encontraba Nicolás Neira, estudiante de noveno grado, quien fue rodeado por ocho miembros del ESMAD encapuchados y bestialmente golpeado hasta ser dejado en estado de coma.
El 6 de mayo siguiente los médicos de la clínica Jorge Piñeros Corpas, de Saludcoop, anunciaron su muerte a causa de un trauma craneoencefálico severo, fractura occipital y edema cerebral.
Un tiro en el cuello le quitó la vida
Ese mismo año, el 22 de septiembre, persistían las actividades de reflexión en torno al papel de la universidad pública en la sociedad y las manifestaciones contra el TLC, pero esta vez en la Universidad del Valle. En las horas de la tarde se desató una protesta que derivó en el asesinato de Jhonny Silva, estudiante de quinto semestre de Química, al interior del claustro universitario.
El corte de la electricidad y el ingreso del ESMAD a la Universidad, obligó a los estudiantes a salir en estampida buscando refugio, mientras Jhonny luchaba contra sus problemas motrices para alejarse de los antimotines que, sin más, dispararon. Un tiro en el cuello le quitó la vida.
Gases contra los indígenas de Chocó
Tiempo después, el 21 de mayo de 2007, la carretera que conduce de Pereira a Quibdó amaneció bloqueada por unos dos mil indígenas de los pueblos Embera, Katio, Chamí, Wounaan y Tule de Chocó, que se concentraron en el puente de La Unión, ubicado sobre el río San Juan en zona rural del municipio de Pueblo Rico. Sus reclamos a los gobiernos nacional, departamental y local giraban en torno al cumplimiento de una serie de exigencias en salud, educación, reconocimiento de territorios indígenas y Derechos Humanos.
El sábado 26 de mayo a las 7:00 de la mañana, tras cinco días de bloquear la vía, permitiendo únicamente el paso lento de algunos buses después de acordarlo con la Policía, los indígenas fueron sorprendidos por gases lacrimógenos y camiones antidisturbios que buscaban disolver la manifestación a cualquier precio. Nuevamente la respuesta a las justas peticiones y reclamos de las comunidades, el Estado respondió con represión.
Esa mañana en el caudal del río San Juan desaparecieron Gloria Inés Arce, y los hermanos Jorge y Emilio Murri, tres niños indígenas que no pasaban de los ocho años; muchos sufrieron heridas por las agresiones de la Fuerza Pública, y una cantidad indeterminada fue obligada a subir a camiones y carros particulares para trasladarlos a Guarató, donde “podían hacer su protesta”, según afirmaba la Policía.
Más tarde, los gases del ESMAD volvieron a perseguir a los indígenas –ahora en Guarató- hasta las riberas del río, donde de nuevo 14 niños y niñas, y ocho adultos no encontraron más escapatoria que las encrespadas aguas del San Juan, donde se eclipsó la vida de muchos de ellos.
Escuadrón de la muerte
El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) es un grupo especial de la Policía Nacional, creado mediante directiva transitoria No. 0205 del 24 de febrero de 1999, y formalizado dos meses después a través de la resolución 01363 del 14 de abril.
Su función es brindar apoyo a las unidades policiales ante disturbios ciudadanos y actividades que puedan alterar el orden público. No obstante, la sombra del ESMAD hace presencia en marchas, mítines, manifestaciones y protestas pacíficas, dejando claro quiénes representan una amenaza para el orden público e, incluso, arrebatando la vida de disidentes y apáticos por igual.
Permanece diariamente, asimismo, y con todo su arsenal de combate, en las porterías de la Universidad de Antioquia desde el 15 de septiembre de 2010 hasta el momento actual, entre las 7:30 de la mañana y las 7:30 de la noche, esperando –tal vez- que les llegue trabajo.
Pese a las constantes y evidentes violaciones a los Derechos Humanos, el Estado se sigue sirviendo de este escuadrón para impedir, en últimas, que los colombianos reclamen sus libertades y exijan que sus derechos sean garantizados. Con desfachatez, incluso, han disparado contra quien se atreva a levantar una voz de protesta: Jaime Alfonso Acosta, Nicolás Neira, Jhonny Silva, Gloria Inés Arce, los hermanos Jorge y Emilio Murri; Oscar Salas, estudiante de Lingüística de la Universidad Distrital, quien el 8 de marzo de 2006 recibió en su rostro el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada a corta distancia, y murió al 
día siguiente; Belisario Camallo Guetoto, joven de 16 años que en noviembre de 2005 protestaba junto a otros 400 indígenas nasa contra el desalojo de la finca el Japio de Caloto Cauca, y recibió un tiro en la cabeza; los profesores y estudiantes de todo el país que se han levantado contra el Plan Nacional de Desarrollo, el recorte presupuestal a la salud, la educación y el saneamiento básico, y el Tratado de Libre Comercio; los campesinos que se oponen al despojo protagonizado por el Gobierno con el fin de asegurar el lucro de empresas trasnacionales.
La lista es interminable, y también los pronunciamientos negativos que desde su creación ha suscitado el ESMAD a causa de sus procedimientos y su existencia misma. No obstante, a partir de 2008 el hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez decretó que la Fuerza Pública puede ingresar a los claustros universitarios con el fin de controlar situaciones que afecten la convivencia. Así las cosas, pronto tendremos al ESMAD solucionando una riña callejera, o un conflicto de vecinos, o de celadores en las universidades públicas donde, por demás, la autonomía quedó herida de gravedad.
La brutalidad y los excesos del ESMAD, sus atentados a las libertades y a los derechos fundamentales, la militarización que impide cualquier solución política a los conflictos que se viven en Colombia; requieren respuestas precisas de parte de todos, requiere que el conjunto de la sociedad colombiana exija al Gobierno Nacional no sólo el desmonte del ESMAD, sino de cualquier aparato o estrategia de Estado que vaya en detrimento de la oposición política, el pensamiento crítico, la protesta social, la dignidad humana.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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