Colombia fue examinada por el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas

El pasado 23 de abril en Ginebra Suiza el Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizó el Examen Periódico Universal EPU, en el cual evaluó la política de derechos humanos del país.  La delegación del gobierno colombiano, en cabeza del Vicepresidente Angelino Garzón, expuso los avances al respecto y escuchó las recomendaciones de los otros países. Este examen tiene validez en la medida  que obliga a un Estado a tomar medidas en el ámbito interno a fin de que la comunidad internacional no se vea obligada a intervenir. 

 

¿Qué tan efectivo es este mecanismo de evaluación? Esto depende del seguimiento de la sociedad civil y los órganos de Naciones Unidas frente a las recomendaciones hechas.  Durante el examen, la mayoría de las 76 delegaciones participantes destacaron los resultados de la lucha contra la violencia y alentaron al gobierno a persistir en el diálogo con las FARC; pero se habló de la imperante necesidad de aplicar políticas de estado que luchen contra la impunidad, el reclutamiento forzado de menores, la aplicación de la ley de víctimas y restitución de tierras y contra la violencia hacia las mujeres, especialmente los abusos de carácter sexual derivados del conflicto armado. Entre otros, se cuestionó fuertemente la violencia contra los niños y las niñas y la trata de personas.

Además del informe oficial, los estados fueron informados por la sociedad civil de la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos como una exigencia frente a los compromisos internacionales.  Fue así como una de las plataformas de DDHH, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEU, entre otras, visibilizó esta situación mediante un informe alterno presentado a la ONU.

Durante este examen se le solicitó al gobierno colombiano la ratificación de 3 Protocolos que no ha suscrito, el Protocolo contra la Tortura, el Protocolo contra la Desaparición Forzada y el Protocolo Facultativo.  El gobierno Ratificó los 2 primeros Protocolos,  negándose a ratificar el último.

Entre las delegaciones más críticas estuvieron Suecia, Francia y Corea del Sur; llama la atención que los países latinos garantes del proceso de paz, Venezuela, chile y Cuba no hayan hecho tantas recomendaciones, cuando se creía que los países latinoamericanos que participaron en el EPU del 2008 mantendrían la exigibilidad para este periodo frente al cumplimiento de las recomendaciones; sin embargo, hicieron énfasis en la imperante necesidad de llevar a cabo investigaciones más exhaustivas y hacer un efectivo procesamiento de los responsables en situaciones de amenaza  y ataques contra las y los defensores de derechos humanos.  

Brasil por ejemplo, pidió que se mantengan los esfuerzos para ofrecer reparaciones integrales a las víctimas del conflicto interno y se afronte el problema de la violencia contra las mujeres, en tanto que el Reino Unido expresó su preocupación por la falta de capacidad y retrasos en el sistema judicial.

En cuanto a la situación de extrema pobreza en Colombia, Liliana Uribe abogada de la CJL., quien estuvo presente en Ginebra dijo, “es inmerecido el reconocimiento de la superación de la pobreza, cuando sabemos cuál es la situación en nuestro país en términos de desigualdad y concentración de la propiedad, contamos con un índice de pobreza que afecta a un 44,7% de la población, poco más de 20 millones, uno de los índices más altos a nivel mundial”.  No obstante, otros países recomendaron al Relator sobre extrema pobreza visitar el país para corroborar esta situación.
 

Entre otros cuestionamientos que reflejaron la problemática presentada por la sociedad civil en Naciones Unidas está el fuero penal militar, donde se advirtió que si la reforma es aprobaba se van a violar los estándares de imparcialidad e independencia de la justicia reconocidos por la legislación internacional en materia de protección de los derechos humanos de las víctimas. Otro punto fue el marco jurídico para la paz como un mecanismo que puede generar impunidad.  Siendo estas normas ya aprobadas, los estados no pueden incidir en su derogación, tan solo pueden recomendar al gobierno que se apliquen bien esas medidas respetando los estándares internacionales.
 

Frente a la inversión astronómica de recursos en la Unidad Nacional de Protección, que según el gobierno colombiano fue concertada con la sociedad civil, muchos países señalaron que la situación de defensores y defensoras era gravísima, Alemania, por ejemplo, hizo alusión a los reportes de las organizaciones sociales que daban cuenta de eso y la situación más alarmante que pusieron en el debate fue el asesinato de los líderes y lideresas reclamantes de tierra.
 

El desplazamiento forzado por su parte no se mostró en su real dimensión.  Entre 2008 y 2011 (último periodo examinado por el EPU.), al menos 1’206.439 personas fueron desplazadas forzadamente según el Codhes.  Se denunció Además que en las zonas de consolidación cívico militar, propuesta impulsada por este gobierno, se están presentando mayores índices de desplazamiento; con el agravantes de que los distintos mecanismos para la búsqueda de personas son ineficaces o no están siendo aplicados, además el tratamiento que se da a los restos humanos encontrados en fosas comunes es contrario a principios internacionales, desconoce el derecho de los familiares a inhumar a sus seres queridos y, paradójicamente, los mantiene como desparecidos mientras no sean identificados.
 

Simultáneo a la presentación del EPU., en Medellín  se llevó a cabo un panel con: Felipe Sánchez, Coordinador de la Suboficina en Medellín de las N.U. y   María Victoria Fallón, Directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos; desafortunadamente las autoridades locales no se hicieron presentes, lo que muestra una vez más el cuestionado papel de la administración local en la protección de los derechos humanos y su evidente desinterés a  las recomendaciones que las organizaciones sociales y de derechos humanos vienen haciendo.
 

Finalmente vemos que la situación de DDHH en Colombia es muy preocupante, siguen las violaciones contra los defensoras y las defensoras de DDHH, no hay aplicabilidad  frente a las recomendaciones de la sociedad civil ni de los estados, porque las políticas de gobierno no apuntan a su cumplimiento y por el contrario quieren hacernos ver que la situación en derechos humanos ha mejorado ostensiblemente, cuando la realidad muestra todo lo contrario.