La JEP selecciona a máximos responsables por los crímenes de la Comuna 13; las víctimas seguimos exigiendo verdad y justicia

Medellín, 30 de octubre.

La Asociación de Víctimas Mujeres Caminando por la Verdad, la Corporación Jurídica Libertad y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, saludamos el anuncio que, mediante el Auto SUB-L 036 CASO 08 SUBCASO ANTIOQUIA del 27 de octubre de 2026 de Determinación de Hechos y Conductas, seleccionó a Mario Montoya, Leonardo Gallego y otros 10 integrantes de la fuerza pública  como máximos responsables de los crímenes cometidos en la Comuna 13 de Medellín en el marco del Caso 08 que investiga los crímenes graves cometidos por integrantes de la fuerza pública, otros agentes del Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles durante el conflicto armado. 

Como organizaciones de víctimas, defensoras de derechos humanos y acompañantes de víctimas de crímenes de Estado, reconocemos la importancia de este anuncio, pues representa un avance en el esclarecimiento de los hechos y de las responsabilidades estatales y sus vínculos con estructuras paramilitares. Asimismo, consideramos que esta decisión representa una oportunidad para que los máximos responsables reconozcan su participación en los hechos y aporten verdad sobre lo ocurrido, en particular, sobre el paradero de nuestros seres queridos desaparecidos.

La acreditación judicial de un patrón macrocriminal sustentado en la estigmatización de la población civil y en acuerdos con el Bloque Cacique Nutibara marca un precedente fundamental para el esclarecimiento de lo ocurrido en las Comunas 13, 7 y sectores aledaños. Su valor radica en haber estructurado y documentado con rigor tres modalidades operativas de violencia criminal que desmontan definitivamente la tesis de los “hechos aislados” o meros excesos individuales:

• En primer lugar, los crímenes llevados a cabo directamente por la Fuerza Pública; los cuales comprenden los ataques indiscriminados, homicidios en persona protegida, torturas y detenciones arbitrarias perpetrados sin intermediarios por unidades tácticas del Ejército (IV Brigada, BIPEB, BIOSP, Gaula) y de la Policía Nacional (MEVAL y su unidad CEAT), especialmente visibles en operaciones como Contrafuego, Metro y Mariscal.

• Crímenes cometidos de manera conjunta entre la Fuerza Pública y grupos paramilitares; esta modalidad visibiliza la coordinación operativa directa, el avance simultáneo, el intercambio de inteligencia y órdenes de batalla, el empleo de guías e informantes paramilitares encapuchados en registros y allanamientos, y la entrega material de personas retenidas a estructuras del Bloque Cacique Nutibara para su posterior ejecución o desaparición forzada, tal como ocurrió en la Operación Orión.

• Crímenes perpetrados por grupos paramilitares con tolerancia, aquiescencia y favorecimiento estatal; esta modalidad evidencia el modelo de consolidación paramilitar posterior a la operación Orión mediante pactos de no agresión y alternancia territorial (“usted entra y yo salgo”). Bajo esta modalidad, el Bloque Cacique Nutibara cometió desapariciones sistemáticas, torturas, desplazamientos forzados e inhumaciones clandestinas en sitios como La Escombrera y San Cristóbal, amparado en la total inacción y deliberada falta de persecución de las autoridades armadas del Estado.

Pese a la importancia de identificar el entramado de articulación paraestatal, nos alarma una inconsistencia profunda y preocupante en la calificación jurídica a título de omisión atribuida a los máximos comandantes militares y policiales.

A lo largo de la providencia se demuestra que la alianza con el Bloque Cacique Nutibara involucró coordinación táctica, reparto de rentas y combustible, confluencia de objetivos e interlocución en el terreno. Asimismo, las declaraciones directas de jefes paramilitares como Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, y otros bajo su mando dan cuenta de acuerdos previos concertados directamente con las comandancias de la IV Brigada y la MEVAL, e incluso de pagos de nóminas.

Mientras a oficiales operativos y de inteligencia, como el coronel René Cadena Montenegro, el capitán Mauricio Rojas Martínez o el coronel Darío Cortés Castillo, se les imputó a título de coautores por realizar aportes esenciales al plan criminal común, a las cabezas de las dos instituciones más determinantes del territorio se les excluye del acuerdo mancomunado activo, limitando el reproche a no haber ejercido el control, la vigilancia o la sanción debida. 

De allí que, se da por documentada la existencia de una alianza estructural que permitió un patrón de macrocriminalidad en tres modalidades, pero al momento de juzgar la cúspide del mando institucional, se les exonera fácticamente de la concertación y coautoría directa en dicha alianza, acogiendo en la práctica su argumento defensivo de negar cualquier vínculo o pacto con los paramilitares. 

Resulta difícil de creer que la segmentación territorial coordinada entre fuerza pública y paramilitares, nombrada por la Sala como “la lógica de «usted entra y yo salgo»” obedezca a una mera omisión en el cumplimiento de deberes legales, y no a acuerdos expresos o tácitos que llevaron a que la fuerza pública se desviara de su misión constitucional, pactando con grupos al margen de la ley el control del territorio en la Comuna 13 y la persecución de la población civil estigmatizada. La forma en que se atribuye la responsabilidad a los más altos comandantes describe y enmarca la valoración probatoria a cargo de la Sala de Reconocimiento, la cual, en este caso, omitió las pruebas que dan cuenta de acuerdos articulados en el más alto nivel del aparato criminal. 

Solicitamos que los avances logrados en el reconocimiento de las modalidades delictivas y el dolor de las víctimas no queden supeditados a calificaciones jurídicas que atenúen el rol de quienes ejercieron el mando estratégico de las operaciones. La verdad plena exige coherencia entre el patrón de alianza comprobado y la máxima responsabilidad penal de sus principales líderes.

Las afectaciones que hemos padecido las víctimas y pobladoras de la Comuna 13 y sus alrededores se han prolongado durante los últimos 24 años. Durante este tiempo, las mujeres hemos sostenido las denuncias frente al accionar conjunto que tuvieron agentes estatales con grupos paramilitares en nuestro territorio. También hemos cargado con la estigmatización, el negacionismo y la impunidad a raíz de denunciar lo que hoy la justicia intenta esclarecer. Hemos buscado a nuestros seres queridos desaparecidos, exigido respuestas y defendido una verdad que la sociedad colombiana se ha negado a escuchar. De esa misma manera, mantendremos nuestras exigencias para que la justicia actúe, condene a los máximos responsables y le ponga fin a la impunidad que como víctimas hemos tenido que soportar. 

Las Cuchas siempre tuvimos la razón y La Escombrera lo demuestra: la tierra ha comenzado a revelar aquello que durante años se quiso ocultar. Nosotras nunca dejamos de buscar ni de exigir justicia. Seguimos caminando con la dignidad y la persistencia que nos han sostenido durante todos estos años.