Hidroituango. Foto tomada de la web
“A nosotros no nos sacó la guerra. Nosotros nos quedamos acá en las veredas, nos quedamos aún con el miedo a que nos mataran los paras, o el ejército, o cuando se enfrentaban a la guerrilla. Vuelvo y lo digo, a nosotros no nos sacó la guerra, pero sí nos va a sacar la empresa esa que hace Hidroituango y las otras que vienen por las minas. (Líder campesino de San Andrés de Cuerquia, 2016)”
Este estudio, es un aporte de la Corporación Jurídica Libertad a la construcción de la memoria histórica y lucha contra la impunidad sobre los crímenes cometidos por los grupos paramilitares y agentes del Estado que, de manera individual o conjunta, han actuado contra la población civil, líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores políticos en los doce municipios de estudio, actualmente afectados por la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango.[1]
Este trabajo también es una forma de insistir en la necesidad de que la Comisión de la Verdad, que se conformará a raíz de los acuerdos entre las Farc- EP y el Estado Colombiano, investigue las causas, responsables y efectos de más de 50 años de conflicto político, social y armado desde una perspectiva amplia, donde se evidencie cómo la estrategia de la guerra ha favorecido los intereses económicos de sectores dominantes a nivel nacional e internacional.
La relación extractivismo – graves violaciones a los derechos humanos es un binomio permanente en los países donde se lleva a cabo la expoliación de bienes comunes; el desarrollo de infraestructura vial, energética y de comunicaciones a través de Megaproyectos que atienden principalmente las demandas internacionales, afecta a los habitantes de los países que soportan tal expropiación y transformación de los territorios. En Colombia, el desarrollo del modelo extractivista está marcado por el conflicto político, social y armado que se ha extendido por más de 50 años. La guerra ha sido una estrategia para despojar a las comunidades de sus tierras, y para establecer un orden totalizante que reprime la movilización por la garantía de los derechos y por cambios estructurales en el modelo de desarrollo. En el caso de las regiones Norte y Occidente, donde se construye la represa más grande de Colombia, se han presentado graves violaciones a los derechos humanos entre 1990 y 2016.
Elaborado por: Astrid Torres Ramirez (Investigadora principal), Xana Villa García (análisis de datos), A. Marcela Metaute (Trasnscripción y análisis de información).