Desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) instamos al Congreso de la República a que, en concordancia con lo contenido en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se mantenga en el Art. 3 del Acto Legislativo que crea el SIVJRNR, elcarácter de ente autónomo de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), la cual valoramos como una oportunidad para lograr respuestas en la búsqueda de nuestros desaparecidos, respuestas que no hemos encontrado en 17 años de la actual Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBPD).
Desde el Movice, partimos del reconocimiento a la labor realizada en la CNBPD por parte de ASFADDES, la Comisión Colombiana de Juristas y, más recientemente, la Fundación Nydia Erika Bautista, Familiares Colombia y el Movice, en representación de la Mesa de Trabajo de Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, buscando siempre el reconocimiento de los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas, a pesar de ser durante 17 años una minoría como representación de las víctimas y organizaciones de derechos humanos en esta comisión.
La Ley 589 de 2000 establece el deber del Estado de buscar a los desaparecidos y de organizar todo el aparato estatal para que la búsqueda sea efectiva, pero esta obligación no está seriamente desarrollada por la CNBPD. Aunque cuenta para ello con herramientas importantes como el Plan Nacional de Búsqueda (PNB) y el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), éstos no se aplican en la práctica y no existe voluntad política para garantizar la búsqueda seria y sistemática de las personas dadas por desaparecidas.
Fue una apuesta de las organizaciones de víctimas que se creara una instancia como la CNBPD, pero lamentablemente en 17 años lo que hemos constatado y concluido es que es un escenario de las instituciones del Gobierno y del Estado que ha sido inoperante frente a su mandato. No ha dado resultados favorables para las víctimas de desaparición forzada, en no pocos casos ha sido un escenario irrespetuoso con los derechos de las víctimas y ha evidenciado una falta de compromiso, en especial, con la puesta en marcha del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y que el mismo fuera implementado a nivel territorial.
No se puede generar un paralelismo a la oportunidad que nos da el Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado al crear la UBPD, y de continuar la CNBPD esa situación será un obstáculo para esta nueva esperanza que nos da el proceso de paz.
Por lo anterior, rechazamos la continuidad de la CNBPD al no cumplir con su mandato y no demostrar voluntad política en su conformación, más allá de los mandatos institucionales que por ley le corresponde a cada una de las instancias allí comprometidas.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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