Organizaciones sociales, no gubernamentales y sindicales marcharon en la tarde de ayer para expresar su rechazo a las políticas del BID, cuyo resultado ha sido la profundización de la pobreza y la desigualdad.
Durante esta semana Medellín ha sido el escenario de la quincuagésima asamblea de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad multilateral que se dice ser la principal fuente de financiamiento del “desarrollo” económico, social e institucional de América Latina y El Caribe.
Paralelamente a este evento se viene realizando la Asamblea de los Pueblos, del 25 al 30 de marzo. Este espacio se ha visto enriquecido con la participación de académicos, organizaciones sociales y no gubernamentales de toda Latinoamérica, que han compartido sus razones particulares para oponerse a las políticas implementadas por el BID y sus formas de lucha para superar la imposición de un desarrollo que nos hace dependientes y subordinados frente a los países ricos.
Mediante la crítica al modelo de desarrollo y la exclusión promovidos por el BID, y al trato privilegiado que le ha brindado al sector privado en detrimento de las necesidades de la población, la Asamblea de los Pueblos busca exponer los impactos negativos sobre los pueblos latinoamericanos y del Caribe como consecuencia de las acciones emprendidas por el banco en su medio siglo de existencia, y explorar formas alternativas de desarrollo para los países de la región, como el fortalecimiento del Banco del Sur, una iniciativa de Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Uruguay y Paraguay que entrará en operación en mayo de este año, o la reestructuración del gasto público que en Colombia significaría, en primer lugar, disminuir la inversión militar.
Además de actividades académicas y encuentros populares, en la tarde de ayer se realizó una movilización por las calles de Medellín donde participaron organizaciones sociales, no gubernamentales y sindicales, para expresar su oposición frente a las políticas del BID, que en lugar de combatir la pobreza y fomentar la equidad social, no han hecho más que profundizar las brechas sociales y la desigualdad.
En ella, como en el resto de actividades que se han realizado en el marco de este evento, se ha evidenciado el rechazo a un modelo de desarrollo cuyo pilar son las empresas privadas y la ejecución de obras de infraestructura que permitan agilizar las importaciones de mercancías y las exportaciones de recursos naturales, beneficiando ostensiblemente a los 22 países prestatarios de los 46 que conforman el BID, y entre los cuales no se cuentan ninguno de los latinoamericanos.
Se ha cuestionado también el debilitamiento de la estructura social y ambiental, los deficientes procesos de evaluación integral de los costos y beneficios de los proyectos en los que participa, las ambiguas salvaguardas sociales y ambientales, la deficiente supervisión y fiscalización de las distintas etapas de los proyectos, la limitada transparencia en la provisión de información y acceso a la participación, entre otros.
Esta ha sido una ocasión para demostrar el fracaso del BID durante sus 50 años de existencia al financiar un modelo de desarrollo que amplía las desigualdades, destruye la naturaleza, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos; y para exponer e impulsar las iniciativas que desde hace mucho tiempo se vienen desarrollando en la región.