Crimen del estado contra el estado aún en la impunidad

A 23 años de la masacre de La Rochela

La Masacre

“Oía el traqueteo de los proyectiles, los quejidos de los compañeros cuando las balas atravesaban sus cuerpos. Daba la sensación de estar uno bajo una granizada o que estuvieran botando manotadas de granos de maíz”.
Manuel Libardo Díaz,
sobreviviente de la masacre de La Rochela

Hacia las 8:00 de la mañana del miércoles 18 de enero de 1989, una comisión judicial conformada por jueces de Instrucción Criminal, secretarios y agentes del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, llegaron a la vereda La Rochela, ubicada en el municipio de Simacota (Santander), con el propósito de investigar la masacre y desaparición forzada de 19 comerciantes en Cimitarra, así como otros crímenes perpetrados por las estructuras paramilitares del Bajo Simacota y Puerto Parra, apoyados por del Brigadier General Farouk Yanine Díaz, conocido como “el pacificador del Magdalena Medio”, y miembros del Batallón Bárbula.

A poco tiempo de haberse separado del resto del equipo para recaudar pruebas en la vereda Pueblo Nuevo, tres miembros del Cuerpo Técnico fueron interceptados por un grupo de quince hombres fuertemente armados que dijeron estar al mando de “Ernesto”, comandante del Frente 23 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Se trataba, en realidad, de “Los Masetos”(1) y de Julián Jaimes Rodríguez, jefe de esta organización paramilitar en la vereda Campo Capote del municipio de Puerto Parra.

Con la promesa de aportarles importantes testimonios, los hicieron devolver al lugar donde estaba el resto de la comisión y esperar durante más de una hora al comandante “Vladimir”, por quien se hizo pasar Alonso Baquero, reconocido terrateniente y comandante del grupo paramilitar “Los Gavilanes”.

El engaño fue minuciosamente planeado en diferentes reuniones que antecedieron a la masacre y en las que participaron Henry de Jesús Pérez Duran y otros miembros de la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (2) (ACDEGAM), el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, los jefes paramilitares Gonzalo Pérez, Ramón Isaza y el mismo Baquero Agudelo. “Si las autoridades caían en el engaño, y le imputaban los crímenes al grupo guerrillero, la operación se hubiera traducido en un doble golpe a favor del grupo paramilitar: habrían logrado desaparecer exitosamente la Comisión Judicial, enlodando para el efecto el nombre de su peor enemigo en la zona”, afirma el grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación en su informe sobre la masacre de La Rochela. 

Tras la espera, la comisión judicial vio llegar aproximadamente a 40 hombres armados y uniformados, dirigidos por Baquero. Aún sin percatarse de la treta que les habían tendido, accedieron a entregar los revólveres que portaban y permitir que los ataran de pies y manos para trasladarlos, en sus mismos vehículos, a un lugar más seguro puesto que, según afirmó “Ernesto”, el Ejército estaba cerca y podrían simular un secuestro en caso de toparse con ellos.

Habían recorrido cuatro kilómetros cuando los carros se detuvieron en un sitio conocido como La Laguna y los supuestos guerrilleros se bajaron. “Nosotros teníamos mucho miedo, estábamos muy nerviosos y la verdad es que sentíamos que algo malo nos iba a suceder. Entre los compañeros comentamos que era bueno bajarnos y dialogar con ellos a ver qué era lo que pasaba”, declaró días después Manuel Libardo Díaz Navas, uno de los tres sobrevivientes.

Formados a unos 10 metros, quince hombres empezaron a disparar indiscriminadamente contra las camionetas sus fusiles Galil, R-15, sub ametralladoras y pistolas 9 mm. Después de propinarles tiros de gracia a algunos de los cadáveres, rayar los vehículos con grafitis de la organización subversiva como “fuera el MAS – fuera los paramilitares”, y tomar veintitrés de los veinticinco expedientes (3)  que los funcionarios judiciales habían recogido en su recorrido por la zona; se fueron sin cumplir la orden de incinerar las camionetas con sus ocupantes dentro.

Manuel Libardo Díaz, Wilson Mantilla y Arturo Salgado sobrevivieron gracias a que simularon estar muertos y quedaron cubiertos por los restos de sus doce compañeros. Casi a las 4:00 de la tarde fueron auxiliados por periodistas de Vanguardia Liberal que iban a cubrir la noticia.

La Impunidad

Pocos días después de ocurrida la masacre se conformó una Unidad Móvil de Investigaciones con la participación de jueces de Bucaramanga y Bogotá, quienes se convirtieron en víctimas de amenazas, como ya venía ocurriendo con los testigos, los sobrevivientes, los familiares de las víctimas y sus representantes.

El expediente fue trasladado, entonces, a Pasto donde un juez dictó las primeras condenas contra dos militares y nueve paramilitares, entre ellos Julián Jaimes y Alonso Baquero, capturados el 15 de febrero en Puerto Nuevo y el 16 de agosto de 1989 en Puerto Berrío.

El teniente Luis Enrique Andrade, comandante de la base de Campo Capote, y el sargento de inteligencia Otoniel Hernández, quienes le indicaban a Jaimes Rodríguez cómo evadirse para que no fuera capturado, recibieron condenas de cinco años por “auxilio a actividades terroristas”. Sin embargo la segunda instancia absolvió a Andrade y redujo la pena de Hernández a un año al condenarlo por encubrimiento.

Entre tanto a los paramilitares se les sentenció a 10, 15 y 30 años de prisión, entre otros, por homicidio agravado con fines terroristas y concierto para delinquir agravado.

Si bien los jueces que conformaron la Unidad Móvil de Investigación determinaron, un mes después de ocurrida la masacre, la responsabilidad del grupo paramilitar “Los Masetos” y su alianza con narcotraficantes, políticos, policías y militares de la región; con la captura de Baquero se desentrañó parte importante de la verdad sobre lo que en principio pareció una masacre contra el Estado y su institucionalidad judicial, y resultó ser una “masacre del Estado contra el Estado”, como la llamó uno de los familiares de las víctimas.

A pesar de que en sus declaraciones Baquero implicó a los generales Farauk Yanine Díaz, Juan Salcedo Lora, Carlos Julio Gil Colorado y Alfonso Vacca Perilla, al ex congresista liberal Tiberio Villarreal y a los jefes paramilitares Ramón Isaza e Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”, entre otros; el caso se fue dilatando entre los archivadores de la justicia penal ordinaria y la justicia penal militar. Algunos de los autores materiales fueron condenados, como Nelson Lesmes y Marcelino Panesso, miembros de la junta paramilitar de ACDEGAM y responsables, también, de la desaparición y homicidio de los 19 comerciantes.

No obstante, las autorías intelectuales del crimen resplandecen en la impunidad. Al político santandereano Tiberio Villarreal se le abrió investigación en agosto de 1996, pero en diciembre del 97 la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución inhibitoria a causa de un tecnicismo jurídico.

Ante la inercia de la justicia colombiana, el caso fue presentado al Sistema Interamericano en octubre de 1997. Luego de evaluar las pruebas, la Corte determinó que la masacre de La Rochela se ejecutó en un contexto de violencia generalizada contra funcionarios judiciales (4)  y en medio de un entorno normativo (5)  que permitió la creación y fortalecimiento de grupos paramilitares. Concluyó, además, que el Estado colombiano había violado los derechos a la vida, la integridad y libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial de las víctimas directas e indirectas de la masacre; y que durante el desarrollo de los procesos no se garantizó el acceso pleno a la justicia y al derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas.

El 11 de mayo de 2007 la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano en el caso de la masacre de La Rochela por acción y omisión en los “hechos perpetrados por los paramilitares con la aquiescencia, colaboración y apoyo de miembros de la Fuerza Pública”.

Ante la orden de la Corte de reabrir el proceso y juzgar a los autores materiales e intelectuales de este crimen, en junio de 2008 fueron llamados a indagatoria los generales retirados del Ejército Juan Salcedo Lora, Alfonso Vacca Perilla y Farauk Yanine.

El general Yanine, quien murió a finales de 2009, no sólo no alcanzó a comparecer ante las autoridades judiciales, sino que se fue sin enterarse de que el proceso no prosperó y nuevamente reinó la impunidad.

Entre tanto, los sobrevivientes de la masacre de La Rochela se ocultan de Alonso Baquero lejos de las fronteras nacionales, quien al quedar libre juró que los mataría así fuera lo último que hiciera en la vida.

Pese a la preexistencia de una condena de la Comisión Interamericana que obliga al Estado colombiano a garantizar la seguridad de los familiares de las víctimas, tras 23 años de ocurrida la masacre y de haber emprendido el camino de la lucha por la memoria y contra la impunidad, continúan recibiendo llamadas amenazantes, siendo perseguidos y amenazados, y el Estado hace caso omiso y los deja a su merced.

Dispuestos a continuar enfrentándose a la desidia estatal, los familiares entablaron una tutela que debió recorrer un extenso camino hasta la Corte Suprema de Justicia para que, finalmente, se lograra un fallo favorable a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran. No obstante, durante los últimos días han podido escucharse entrevistas radiales en las que los familiares y las organizaciones sociales que los acompañan le exigen a la Fiscalía cumplir con la determinación de la Corte, aún echada al saco roto.

La Memoria

En Colombia la violencia estatal no sólo se ha manifestado mediante asesinatos selectivos, promoción del paramilitarismo, limpieza social, masacres. También es violencia estatal la desidia y negligencia de los funcionarios frente al deseo y la necesidad de las víctimas de encontrar a sus familiares desaparecidos, de retornar a sus tierras con garantías de bienestar, de que los responsables de sus crímenes sean sancionados por ellos.

La Memoria, no como el mero acto de recordar, sino de entroncar los episodios del pasado con las luchas sociales y populares que se tejen a su alrededor, ha sido el camino recorrido por las víctimas y las organizaciones para evitar que atrocidades como la masacre de La Rochela sean enterradas bajo la tierra del olvido y se consolide como un episodio redundante en la historia nacional.

Por esta razón diversas organizaciones sociales de la región del Magdalena Medio, reivindicando los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, invitan a un acto de conmemoración, denuncia y reconstrucción de la memoria colectiva, que aglutinará a diferentes sectores de la sociedad, las instituciones judiciales y gubernamentales y las víctimas, para no olvidar la historia y las personas que han hecho parte de ella.

Este acto conmemorativo tendrá lugar el 18 de enero de 2012 en la vereda La Rochela, Simacota, donde desde las 9:00 am hasta las 4:00 pm se les rendirá un homenaje a las víctimas de la masacre con el descubrimiento de un monumento en su honor  y el desarrollo de expresiones artísticas y culturales para mantener viva la memoria.

1. Varios de los declarantes en el proceso judicial que siguió a la masacre, contaron que el teniente Luis Enrique Andrade, comandante de la base de Campo Capote, era el jefe de “Los Masetos”. En razón de estos testimonios se ordenó la captura de Andrade, quien se presentó meses después ante jueces de Barrancabermeja y dijo, en medio de la ira, que “en tanto tiempo de todos esos comandantes que han estado allá, yo soy el único caballito de montar”, refiriéndose a los vínculos entre los comandantes que lo precedieron y las estructuras paramilitares.
2. De acurdo a los testimonios de algunos campesinos de la región y paramilitares capturados en los meses siguientes a la masacre, ACDEGAM tenía dos juntas: una administrativa y una paramilitar.
3. De acuerdo a las declaraciones de Alonso Baquero, el ex congresista liberal Tiberio Villareal fue el que comenzó a presionar, a través del mayor Oscar Echandía, el robo de los expedientes que cargaba la comisión porque creía que se relacionaban con la adjudicación de unos contratos públicos que él había facilitado a favor de los paramilitares de la zona.
4. El grupo de Memoria Histórica ha documentado 1.487 casos de ataques contra empleados de la administración de justicia, entre 1979 y 2009. Es decir, aproximadamente cada semana es violentado un funcionario judicial por parte de los actores vinculados al conflicto armado.
5. En la Ley 48 de 1968 se concedía a grupos privados, por ejemplo, la misión de restaurara “la normalidad” del orden central.