Martes 3 de octubre de 2023
El Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (MOVETE), la Corporación Jurídica Libertad, y la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño radicamos una Alerta Temprana Ambiental ante el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, la Defensoría del Pueblo, y la Procuraduría para Asuntos Ambientales y Agrarios, por los grandes riesgos socio-ambientales que puede generar el licenciamiento masivo de proyectos hidroeléctricos en la subregión del Oriente Antioqueño. Como organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, el ambiente y el territorio, pretendemos que luego de esta Alerta Temprana Ambiental el Estado tome las acciones necesarias tendientes a evitar la materialización de daños irremediables en los territorios.
Desde la segunda mitad del siglo XX, la subregión fue proyectada como una despensa energética del país. Actualmente, existen 15 proyectos hidroeléctricos que desvían, captan y explotan las aguas del Oriente Antioqueño. Según datos entregados por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en 2022 las aguas del Oriente Antioqueño generaron 15,724.23 GWh de energía, lo que representa el 20,45 % de toda la energía que se produjo en Colombia.
Pese a que la región aporta una quinta parte de la energía producida en el país, las entidades gubernamentales proyectan un aumento en la capacidad instalada. Todo esto enmarcado en la política nacional de transición energética justa propuesta por el Gobierno Nacional, en la cual las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) jugaran un papel clave. Este argumento es utilizado por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) para justificar el licenciamiento creciente de PCH´s en su jurisdicción. La cantidad de proyectos hidroeléctricos en el Oriente Antioqueño podrían ascender a 37 si se suman dos pequeñas centrales hidroeléctricas que están en construcción; otros 18 proyectos de este tipo que cuentan con licencia ambiental de Cornare; y otros 2 proyectos licenciados por la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) en jurisdicción de Sonsón, sobre el río Arma.
Durante años, hemos documentado y denunciado los daños socio-ambientales que la industria hidroenergética ha causado a la región. Algunos de ellos son: la fragmentación de los flujos hídricos y la alteración de sus condiciones naturales, afectando la dinámica propia de los procesos ecosistémicos; la perdida de la economía, la cultura campesina y la soberanía alimentaria; la formación de microclimas en algunos territorios aledaños a los proyectos, los cuales afectan la productividad de la tierra y provocan enfermedades en los cultivos tradicionales; mercantilización de los cuerpos de las mujeres, y sobre carga en los trabajos de cuidado del hogar; interrupción de procesos de retorno y restitución de tierras a víctimas del conflicto armado; estigmatización y amenazas a quienes se oponen a este tipo de proyectos en la región.
Con esta Alerta Temprana Ambiental también queremos exigirle al Estado colombiano que garantice un debate amplio e incluyente sobre la carga histórica asumida por el Oriente Antioqueño; realice un estudio sobre los impactos acumulativos de las hidroeléctricas en la región del Oriente Antioqueño, haciendo un énfasis en las afectaciones diferenciales a las mujeres; audite y evalúe el papel administrativo que ha cumplido la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) en los últimos 20 años, entidad que, entre 1993 y junio del 2023 ha recibido $ 623.169.714.615 del sector eléctrico; reglamente y aplique el Acuerdo de Escazú y todas las demás acciones pertinentes y necesarias para garantizar la vida y protección de las y los líderes ambientales en el Oriente Antioqueño.
¡Por el agua, la vida, las mujeres y la defensa del territorio, MOVETE PUES!
Lee y descarga la Alerta Temprana Ambiental aquí