El principio del fin de la impunidad: el ex congresista liberal César Pérez García, condenado a 30 años de cárcel por la masacre de Segovia

Después de 19 años de haber sido vinculado al proceso por la masacre de Segovia[1], el expresidente de la Cámara y exdiputado de Antioquia, César Pérez García fue condenado por unanimidad de la Honorable Corte Suprema de Justicia, a 30 años de prisión, por los delitos de homicidio agravado,  lesiones personales agravadas y concierto para delinquir, los cuales fueron calificados como delito de lesa humanidad en tanto fueron ejecutados de manera sistemática, develando “una compleja operación criminal que tuvo como objetivo el grupo de la Unión Patriótica”.
 

Tras un largo trasegar por diferentes despachos judiciales, la Honorable Corte Suprema de Justicia avocó el proceso el 13 de mayo de 2010, luego que la Fiscalía Tercera de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de Bogotá lo trasladara por competencia, en tanto que al momento de los hechos, César Pérez García era Representante a la Cámara por Antioquia.
 

Para la Corporación Reiniciar en su condición de parte civil en el proceso, la sentencia constituye un precedente al condenar a un alto agente del Estado como determinador de un grave crimen contra la UP, superando deficiencias que han propiciado que las condenas se limiten a los ejecutores materiales de los crímenes, lo que contribuye a develar la responsabilidad de otros determinadores que aún continúan vinculados al Estado.
 

La decisión evidencia que cuando la administración de justicia tiene voluntad para realizar investigaciones efectivas como lo hizo la honorable Corte Suprema de Justicia, es posible superar la impunidad. El fallo debe animar a la Fiscalía General de la Nación a investigar de manera efectiva de la mano de las víctimas de la UP y de la Corporación Reiniciar, que los representa, a fin de esclarecer los demás crímenes, cuya cifra de víctimas asciende a más de 6000.
 

Lo decidido por la Corte constata además, lo que la Corporación Reiniciar, como peticionaria del caso de la UP, ha reiterado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: la Unión Patriótica fue perseguida y exterminada por constituirse rápidamente, a mediados de los ’80, en la tercera fuerza política del país, alcanzando varios escaños en el Congreso de la República y el poder político en municipios como Segovia.
 

Para las víctimas de la Unión Patriótica, esta decisión representa el comienzo del fin de la impunidad en que se hallan sus casos.