“Ellos son el silencio del  tiempo, porque nadie los ha visto”, Amparo Cano

Del 29 de mayo al 2 de junio se conmemora la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. #VamosAEncontrarlesYA

Desde 1984, la última semana del mes de mayo se conmemora internacionalmente la Semana del Detenido Desaparecido, con el propósito de hacer memoria, visibilizar la sistematicidad de este crimen de lesa humanidad, y exigir y reivindicar los derechos de las víctimas de desaparición forzada en América Latina. Es por esto que se conmemora como una exigencia por parte de las organizaciones sociales para insistir en la búsqueda incansable de sus familiares y velar por la no repetición.

A lo anterior, se suma el reconocimiento de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzada, aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992, la cual enuncia en uno de sus artículos que:

Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro.

En Colombia, el Estado tipificó como delito la desaparición forzada mediante la ley 589, que establece: “El particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de 25 a 40 años, multa de 500 a 2.000 salarios mínimos legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de 5 a 10 años”. Esta ley es el resultado de las luchas y la resistencia de diversas organizaciones, entre ellas la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos – ASFADDES, la Fundación Nidya Erika Bautista, Familiares Colombia y de víctimas y organizaciones que actualmente hacen parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE. 

Asimismo, la declaración se ratificó en el país con la ley 1408, artículo 58, la cual expone en su primer artículo el objeto de rendir homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada, adoptar medidas para su localización y plena identificación, y brindar asistencia a los familiares de las mismas durante el proceso de entrega de los cuerpos o restos exhumados. 

Para este contexto, según la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2016 existen alrededor de 121.768 personas que fueron desaparecidas forzosamente en Colombia; sin embargo, por medio de modelos estadísticos, que analizan igualmente el subregistro potencial, se estima que el universo de víctimas puede llegar a ser alrededor de 210.000. Con el fenómeno de desaparición forzada y los escenarios de verdad que han develado las prácticas, Colombia es reconocido por ser uno de los países con el mayor número de crímenes de desaparición forzada en el continente, llegando a sobrepasar en decenas de miles a los desaparecidos y desaparecidas en el marco de las dictaduras del Cono Sur. 

Por otro lado, 103.955 es el universo de personas registradas por la la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, (entidad naciente tras el Acuerdo final de Paz y el surgimiento del Sistema integral para la paz), encargada de dirigir, coordinar y contribuir a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado. 

Como se miren las cifras, en representación de la vida, la historia y perpetración de un crimen sobre una persona, y al mismo tiempo toda una familia y una comunidad, los números son escabrosos; sobre todo si se considera el subregistro de los casos (como lo ha mencionado la CEV) y los tantos más que han acontecido tras la firma del Acuerdo de paz, que no se encuentran en los periodos de búsqueda de la UBPD, lo que ha llevado a la constitución de colectividades que aportan a la búsqueda de personas desaparecidas, como es el caso del colectivo de víctimas Buscadoras con fe y esperanza.

A este punto, las familias víctimas de este delito continúan en la búsqueda de sus seres queridos, batallando en contra de la impunidad y reivindicando su memoria; esperando ser reparad@s y solicitando acciones que garanticen la no repetición, anhelando el día en que la desaparición desaparezca; mientras en las plazas, los parques, los campos, las montañas y las ciudades sus voces se siguen expandiendo por medio de acciones e intervenciones que interpelan la vida en común y exigen la verdad para el beneficio de la historia y la sociedad.