Es obligación del Estado “garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.
Esta obligación no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”
Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, conformada en noviembre de 2010, ha venido investigando y reflexionando sobre el desarrollo de esta problemática en Colombia, y difundiendo sus análisis y propuestas para superar la impunidad y hallar a las personas que continúan desaparecidas.
En su último informe se afirma que el Estado colombiano “no está cumpliendo con las obligaciones que se derivan de la Convención para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”. No está adelantando investigaciones exhaustivas e imparciales alrededor de la desaparición forzada de personas hasta conocer la suerte de las víctimas, y no le está ofreciendo a sus familiares mecanismos judiciales rápidos y efectivos para hallar a sus seres queridos y atención integral para superar los daños causados. “Mientras subsista esa situación, el Estado seguirá siendo responsable por la comisión de este tipo de violaciones y por la profundización de la grave situación de derechos humanos que vive el país”, agrega.
La Coordinación denuncia que la comisión de este delito no sólo se ha mantenido en el tiempo, sino que en la actualidad sigue ocurriendo. De acuerdo a la información registrada por la Mesa, entre enero a diciembre de 2011, ocurrieron por lo menos 28 desapariciones forzadas, incluyendo tres personas defensoras de derechos humanos.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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