Estado de los Derechos Humanos en Antioquia 2014

254 casos de agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos en Antioquia (enero a noviembre de 2014); al menos 81.919 personas desplazadas de los 6 municipios que producen el 83% del oro en el departamento (entre 1985 y 2012); y el riesgo de 4.083 familias de ser expulsadas de sus hogares a causa de proyectos de infraestructura en el Noriente de Medellín; son algunas de las cifras reveladas en el informe de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), sobre el estado de los derechos humanos en Antioquia para el año 2014.

El balance, que por segundo año consecutivo se tituló: “Entre el sueño de la paz y la continuidad de la guerra”, fue presentado en Medellín el 10 de diciembre, cuando se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos.

El documento está compuesto por siete informes que comprenden la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Antioquia, la violencia contra el movimiento sindical, la situación de DDHH en el Nordeste Antioqueño, la extorsión en el Bajo Cauca, la locomotora minera y su afectación a los derechos humanos, los impactos del POT en el Nororiente de Medellín y la violencia feminicida en la capital antioqueña.

Estos informes fueron elaborados por algunas de las 23 organizaciones que conforman el Nodo Antioquia de la CCEEU, plataforma nacional de Derechos Humanos. Descargue aquí el informe completo

1. Defensores y defensoras de DDHH

El informe presentado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Sumapaz, revela que entre los años 2010 y 2014 en Antioquia se han registrado 1.375 casos de agresión contra la labor de defensores y defensoras de derechos humanos.

Del total de agresiones, 362 casos corresponden a amenazas individuales, 192 a detenciones arbitrarias, 113 a asesinatos, 105 a desplazamientos forzados individuales, 75 a hostigamientos colectivos, 71 a personas heridas, 66 a judicializaciones y 54 a persecución.

Para el periodo 2014, entre enero y noviembre, el número agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos es de 254 casos, entre ellos 9 asesinatos ocurridos en las regiones de Urabá (2), Bajo Cauca (1), Norte (2) y Valle de Aburrá (4), situación que preocupa a la CCEEU.

Los sectores más vulnerados son los campesinos; seguidos de los reclamantes de tierras, principalmente en Urabá; los periodistas; los líderes comunitarios; los líderes estudiantiles; los líderes de víctimas; y los defensores de DDHH en su definición tradicional.

Como presuntos responsables de las agresiones en 2014, aparecen en primer lugar personas o grupos sin identificar, luego la Policía Nacional (69 casos), el Ejército Nacional (56 casos), Estructuras paramilitares (46 casos), guerrilla de las FARC (2 casos), Fiscalía (2 casos), Alcaldía de Bello (2 casos) y Alcaldía de Medellín (1 caso).

El vocero de la CCEEU en Antioquia para la presentación del informe, José Girón Sierra, manifestó que el problema con estas agresiones es que las políticas del Estado para garantizar la protección y labor de los defensores y defensoras de derechos humanos son poco efectivas porque están centradas en brindar esquemas de seguridad pero no avanzan en la investigación y judicialización de quienes generan las agresiones.

Girón Sierra criticó el desmonte de esquemas de protección que ha anunciado en reiteradas ocasiones la Unidad Nacional de Protección. “Se viene hablando de un desmonte sin que por otro lado exista una política eficaz en erradicar la política de señalamientos desde el Estado contra los defensores, y en identificar a los autores de las amenazas.”

2. Locomotora minera y DDHH en Antioquia

Con este informe, el Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), pretende mostrar los efectos negativos que tiene la política nacional de la Locomotora Minera sobre los derechos humanos en el departamento de Antioquia.

El estudio indica que el oro, como principal producto de exportación del departamento, paradójicamente no parece haberse constituido en una locomotora para la equidad, la inclusión y la calidad de vida. Por el contrario, las disputas por controlar la extracción y comercialización de este mineral, estarían ligadas a problemas de violencia como homicidios y desplazamientos forzados en las regiones productoras.

Entre 1985 y 2012, al menos 81.919 personas fueron desplazadas de los 6 municipios que producen el 83% del oro en Antioquia: El Bagre, Caucasia, Segovia, Remedios, Tarazá y Zaragoza.

3. Impactos del POT en la zona Nororiente de Medellín

Este informe de la Fundación Sumapaz, según Juan Fernando Zapata, investigador de esa organización, trata sobre la afectación del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín en la zona Nororiental y aborda en específico el megaproyecto Río del Norte.

Este proyecto, que afectaría principalmente a las comunas Aranjuez y Manrique, está centrado en la renovación urbana y “por las condiciones en que está planteado suponemos que va a generar una gran cantidad de problemas para las personas que habitan allí”, agregó Juan Fernando Zapata.

Según Sumapaz, las obras impactarían a unas 4.083 familias de escasos recursos que se verían obligadas a salir de la zona, bien sea porque tendrán que ceder espacio a las construcciones de renovación urbana o porque luego de las intervenciones los costos de vida se incrementaran.

4. Violencia neoliberal feminicida en Medellín

La Red Feminista y Antimilitarista de Medellín, revela en su informe que en lo corrido de 2014 se han registrado 66 feminicidios en la capital antioqueña y relaciona este tipo de violencia contra las mujeres, con la explotación del capital trasnacional y de los recursos naturales.

La mayor parte de feminicidios se sitúa precisamente en los territorios que quieren ser despojados y controlados, y donde se encuentran las principales redes de explotación, trata y prostitución en la ciudad como la Comuna 10, la comuna13, la comuna 4, y la comuna 8. Estos territorios son de vital importancia, porque ellos se ubican en la parte central de la ciudad, son fronteras entre la ciudad rica y la ciudad pobre, donde cada vez más se quiere re-estratificar en el marco de la economía financiera y turística de servicios que ha adoptado la ciudad.

El estudio indica que para erradicar este tipo de violencias, es necesario transformar positivamente las condiciones sociales de la ciudad y el país, ya que vienen acrecentando las posibilidades de explotación de las mujeres, en trabajos que están totalmente desarticulados de estructuras estables laborales, que no cobijan seguridad social, prestaciones, ni oportunidades futuras de cambio.

5. Violencia contra el movimiento sindical

Una vez más, evidenciando el alto riesgo que continúan sufriendo en Colombia las personas sindicalizadas, la Escuela Nacional Sindical, presenta un informe que para el periodo 2013 y 2014 deja dos conclusiones centrales: el aumento de homicidios y atentados contra sindicalistas y la violencia dirigida principalmente contra dirigentes sindicales.

Entre el 1 de enero y el 23 de noviembre de 2014, se han presentado, por lo menos, 301 casos de violaciones a la vida, libertad e integridad de las y los sindicalistas, entre ellos 20 asesinatos, 22 atentados con o sin lesiones y 181 amenazas.

El estudio advierte finalmente que hasta ahora el gobierno no logra proteger la vida de los líderes sindicales, porque la estructura actual del programa de protección a sindicalistas presenta falencias en su formulación, efectividad y seguimiento. Por ello reclama una política pública de protección para las personas sindicalizadas y las organizaciones sindicales.

6. Extorsión en el Bajo Cauca

En esta investigación, realizada por la Agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación (IPC) en la subregión antioqueña del Bajo Cauca, se encontró que a través de la extorsión se vulneran derechos como la vida, el trabajo, la libertad, la seguridad, la libre locomoción en el territorio, la salud –física y mental-, y la educación, entre otros.

Los sectores más afectados en esa subregión son la minería, la ganadería, la agricultura extensiva, el comercio y el transporte. Los montos de las extorsiones irían desde los $70.000 hasta los $800.000 mensuales para pequeños mineros y para comerciantes pequeños y medianos. Y desde $1’000.000 hasta 3’000.000 para medianos mineros y comerciantes al por mayor.

Entre los actores ilegales que incurrirían en estas prácticas en la región, están “Los Urabeños” o “Clan Úsuga”, que bajo una estrategia de alianzas y franquicias agrupa a otras bandas pos-paramilitares como “Los Paisas”, “Las Águilas Negras” y “Las Autodefensas Gaitanistas”. Así mismo las guerrillas de las FARC y el ELN. Y, en algunos casos, la fuerza pública a través del peaje o cobro forzado.

7. Situación de DDHH en el Nordeste Antioqueño

El informe de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), presenta un balance sobre los casos de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario registrados en su monitoreo y seguimiento a la situación en lo corrido de 2014 en el Nordeste del Departamento.

En el campo de las violaciones a los derechos humanos, las cifras de la organización indican que en este periodo ocurrieron en esa subregión antioqueña 10 casos de detenciones arbitrarias, 3 amenazas individuales, 3 amenazas colectivas, 2 situaciones de tortura, 2 hechos de persecución política y 1 restricción a la libre locomoción

Respecto a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, el balance indica que hubo 2 homicidios en persona protegida, 2 ametrallamientos indiscriminados, 1 confinamiento poblacional y 5 infracciones al principio de distinción.

De acuerdo con el informe, los presuntos responsables de estos hechos son el Ejército, la guerrilla del ELN y los grupos paramilitares, respectivamente.