Con el evidente propósito de deslegitimar y descalificar la protesta social y estudiantil, una vez más líderes y voceros de la Universidad de Antioquia se ven envueltos en investigaciones previas que buscan vincularlos con organizaciones insurgentes, como método fundamental de la campaña emprendida contra el movimiento estudiantil y contra todo aquel que se aventure en oposición al gobierno.
Sin esperar a ser llamados por la Fiscalía, quien mantuvo oculta la investigación previa basada en informaciones suministradas por Inteligencia Militar, un grupo de estudiantes afines a los distintos procesos organizativos y de investigación académica de la Universidad de Antioquia ha comparecido ante la Fiscal Setenta y Cuatro, delegada ante la IV Brigada, para reivindicar sus derechos fundamentales a la libertad de opinión, expresión y participación, y en el escenario jurídico confrontar la criminalización de la protesta social.
“Desde ya manifestamos a la señora Fiscal nuestra disposición a comparecer a la investigación previa, e igualmente predicamos que contrario a las posibilidades que tiene la inteligencia militar de recopilar de manera tendenciosa en nuestra contra pruebas de cargos, nosotros no tenemos opción distinta que respaldar nuestra ajenidad con organizaciones armadas en contra del Estado”, han afirmado los estudiantes, quienes aclararon que de ninguna manera están legitimando “los arbitrarios procedimientos que organismos de seguridad del Estado, con el aval del ente acusador, han realizado en contra de reconocidos dirigentes estudiantiles”, como la injusta privación de la libertad de que fueron objeto quince estudiantes de la Universidad de Antioquia, el 5 de mayo de 2005, por su supuesta participación en los disturbios del 10 de febrero de ese año, durante la jornada nacional de protesta contra el TLC, quienes fueron presentados ante los medios de comunicación como presuntos integrantes de redes subversivas de las FARC y el ELN en Medellín, y absueltos en el transcurso de un año..
Esta y otras experiencias de criminalización de las acciones realizadas por opositores deliberantes del gobierno, son el sustento de los estudiantes que hoy se presentan ante la Fiscalía para exigirle que se garantice su derecho a la defensa y se respete la presunción de inocencia que protege a todo ciudadano vinculado a una investigación preliminar.
Convocan, además, al ente acusador a “no dejarse presionar por los sectores de opinión que de tiempo atrás vienen orquestando desde distintos escenarios una campaña de desprestigio y estigmatización de las personas y expresiones organizativas que osan controvertir las medidas políticas y económicas del actual gobierno”.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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