*Foto tomada de radiomacondo.fm
El pasado viernes 25 de septiembre, se otorgó la sustitución de la medida de aseguramiento al jefe paramilitar Ramón Isaza Arango. Esta libertad se da al considerar, los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que el Postulado cumplió sus compromisos con las víctimas, al haber permanecido privado de la libertad por 8 años, al haber contribuido con la verdad y denunciado bienes para la reparación de las víctimas.
Sin embargo, sus víctimas siguen clamando justicia, como los campesinos de la vereda ‘La Esperanza’ del municipio El Carmen de Viboral en el Oriente Antioqueño, quienes luego de 19 años de espera aún no saben el paradero de sus seres queridos: se trata de 12 labriegos que desaparecieron luego de ser sacados violentamente de sus viviendas y lugares de trabajo en acciones que se ejecutaron durante el segundo semestre del año 1996 por tropas combinadas de ‘Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio’ comandadas por Ramón Isaza y efectivos del Ejército Nacional acantonados en la base militar La Piñuela y comandados por los Mayores Carlos Alberto Guzmán Lombana y Jairo Enrique Hernández Alonso.
¿Dónde están nuestros familiares?, es el clamor que las víctimas hacen a Ramón Isaza. Exigen saber dónde están los cuerpos de sus seres queridos para darles una sepultura digna de acuerdo a sus creencias religiosas y que integrantes del Ejército Nacional participaron en estos hechos y apoyaron la estructura criminal responsable de estas graves violaciones de los derechos humanos en contra de los campesinos de su comunidad.
Esta es la verdad que durante más de una década los familiares de las víctimas de la vereda La Esperanza han exigido en los estrados judiciales a Ramón Isaza y sus hombres.
El compromiso con la verdad es requisito para que el Postulado pueda acceder a la pena alternativa de 5 a 8 años, y en caso de no hacerlo debe ser excluido de la justicia transicional para ser juzgados por la justicia ordinaria. A pesar de que este jefe paramilitar no ha contado la verdad, desarrollando una estrategia de encubrimiento a los responsables de la Fuerza Pública, y que sus hombres en las versiones libres han evidenciado cómo Ramón Isaza ha mentido a la justicia, la Fiscalía General de la Nación no ha solicitado su exclusión.
Mientras el proceso de justicia transicional avanza y los hechos de la vereda La Esperanza van quedando cubiertos por una estela de impunidad judicial, las víctimas continúan esperando, resistiendo y exigiendo la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos.