El año 2018 ha sido uno de los años con la más alta agudización en las agresiones y los más altos niveles cuantitativos de los recientes años. En Antioquia se presentaron 470 agresiones; de las cuales 282 fueron contra hombres líderes, 121 contra mujeres lideresas y 3 contra líderes y lideresas LGTBI. Más de la mitad de este porcentaje ocurrió en el Bajo Cauca lo que representan un incremento de 249% con respecto a la misma categoría ocurridas durante el año 2017, de un fenómeno que busca también silenciar e impedir la labor de las y los defensores.
36 núcleos familiares de líderes y lideresas fueron desplazados forzadamente de sus territorios y obligados a abandonar todas sus labores, sus proyectos de vida, su cotidianidad, sus costumbres, su cultura, toda la dimensión y la complejidad de sus realidades, de su territorio y territorialidad. Las víctimas de este crimen provienen del Bajo Cauca y el Norte del departamento.
La dimensión de los asesinatos contra las y los defensores de derechos humanos en el país no tiene precedentes en ningún país del mundo, un exterminio generalizado y sistemático que deja en Antioquia a 31 homicidios contra defensores y defensoras de derechos humanos sin vida; tan solo el departamento de Antioquia supera con estas fatales cifras a países enteros como Venezuela Honduras, Guatemala, India y se acerca en un digito a Brasil, país de 210 millones de habitantes.
Durante el 2018 también se presentaron 21 amenazas colectivas, 14 hostigamientos colectivos, 12 detenciones arbitrarias, 9 señalamientos y 6 casos de hurto de información.
Preocupa también los casos de desaparición forzada que se presentaron en el 2018 contra defensores y defensoras. En primer lugar el caso de José Herrera, líder campesino co-fundador de la Asociación Campesina del Bajo Cauca y Marcha Patriótica, al de los hechos se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Mesetas del corregimiento Puerto Valdivia y era uno de los voceros municipales del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos fue encontrado a orillas del Río Cauca varios días después. El segundo caso ocurrió el 04 de mayo del 2018 en el municipio de Envigado Antioquia, fecha en la que se presenta la desaparición de la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Obrero la lideresa Mónica Janeth Castro Rodríguez, de 38 años, desde entonces se desconoce su paradero. Y el tercer caso ocurrió en el municipio de Peque el día 5 de septiembre del 2018 contra la Secretaria JAC de la vereda Guayabal de Pená, la lideresa Leidy Juliet Correa Valle de 25 años de edad, fue encontrada sin vida en una fosa al interior de su propiedad bajo signos de tortura. En este marco de señalamiento y agresión contra los y las defensoras de DD.HH. las agresiones contra ellas sufrieron se incrementaron en un 83%, en ellas estas agresiones elevan el riesgo hacia su integridad sexual, física y psicológica por su condición de género y por extensión el riesgo se traslada al entorno familiar. Así mismo, debido a los índices de violencia intrafamiliar que afectan mayoritariamente a las mujeres, y el riesgo de agresión al que están expuestas por el liderazgo en sus comunidades, ni los hogares, ni lo público en relación a la participación de ellas proporcionan a las mujeres entornos positivos para mejorar su condición histórica de discriminación por razones de género.
El intento por silenciar los espacios de participación es evidente, sin distingo de género o sexo, la brutalidad del agresor se concentra en la amenaza y condena al destierro. Para el caso de las lideresas comunales existe un aumento del 429% de las amenazas y el desplazamiento forzado. Este crecimiento desproporcionado en la agresión conlleva una afectación directa sobre la dignidad de las mujeres, su sentido de humanidad, el derecho a ejercer sus liderazgos, así como a vivir una vida libre de violencias.
Presentamos a continuación el informe completo sobre la difícil situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Antioquia.
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Cra. 47 # 53-45 Ed.
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