Judicialización de las organizaciones sociales en Antioquia

“Los jueces no pueden gozar de un estatuto social alto si no son independientes. Si son simplemente funcionarios que cumplen las órdenes de los burócratas, serán tenidos en baja estima por aquellos que tienen los hilos del poder”
(Meter Schuck)

La tesis del enemigo interno, desarrollada por políticos y militares del país, que ubica la peligrosidad de la ideología de izquierda, catalogada como criminal y terrorista, se ha desdoblado a lo largo de las cuatro últimas décadas y se refleja en la criminalización de la protesta social y de la oposición política; en el equiparamiento del delito de rebelión al delito de opinión, en la calificación de las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles, partidos políticos de oposición u organizaciones de derechos humanos como “fachadas de la subversión”, “voceros del terrorismo que se escudan en la bandera de los derechos humanos”, según palabras del propio presidente de la República Alvaro Uribe Vélez.

Dicha tesis implementada a través de los manuales de inteligencia militar, los Estatutos para la democracia y otra seria de normas diseminadas en la legislación colombiana, permitieron, entre otros males, la creación, impulso y fortalecimiento de los grupos paramilitares cuyas acciones hoy poco a poco son conocidas, o mejor aceptadas por el conjunto de la sociedad.  Esta tesis es la responsable de miles de crímenes atroces como las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres y torturas cometidas contra los miembros de la UP y el Partido Comunista, entre otros.

Lo dicho no es retórica pasada, es simplemente la constatación de que lo que sucede en la actualidad en el departamento de Antioquia dista mucho de ser un fenómeno nuevo o aislado, por el contrario, la política de señalamiento, persecución y represión de la disidencia política ha cobrado la vida de miles de hombres y mujeres que debieron enfrentar la sospecha generalizada y los métodos de terror institucional sólo por negarse a repetir el discurso oficial o por exigir el cumplimiento de sus derechos y de las garantías constitucionales. Pero, la represión se ha perfeccionado y ya no sólo aplica a aquellos o aquellas que estén por fuera de los partidos tradicionales, sino a todo aquel no que piense como sus gobernantes de turno. La llamada “polarización del país” no es tal. Se trata en realidad de un planificado método autoritario que se aleja de los principios democráticos y promueve el pensamiento único y la ilegitimidad e ilegalidad de todo lo que sea contrario al establecimiento. En esta lógica es fácil comprender los titulares de los medios de comunicación señalando que “la fiscalía investigará los presuntos vínculos con la guerrilla de las FARC”. Es decir, ya no se investiga la comisión de delitos, sino la sospecha de posibles delitos, la presunción de inocencia ha desaparecido del marco jurídico. 

La tesis del enemigo interno a partir del año 2002 pasó a denominarse “guerra contra el terrorismo”, aplicada mediante la doctrina de la Seguridad Democrática que establece un concepto restringido y arbitrario de seguridad y de aplicación de los derechos humanos. A juicio del gobierno actual, ya no se trata de proteger y defender a los ciudadanos y ciudadanas del país, por el contrario éstos adquieren la obligación de proteger al Estado y a su gobierno de la amenaza terrorista, por lo que niega todos los derechos de la oposición y de la disidencia social, lo cual vuelve a dejar como consecuencia la persecución contra la oposición política y la privación de la libertad de un gran número de personas. Sólo entre el 2002 y 2004 fueron detenidas arbitrariamente 6.332 personas, que luego de varios meses fueron dejadas en libertad sin ningún asomo de vergüenza por parte de la justicia. 

Esta política de criminalización, comprende la implementación de un conjunto de estrategias y acciones político jurídicas, por parte del Estado para colocar en el terreno de la ilegitimidad e ilegalidad a las comunidades, organizaciones y personas que luchan por el ejercicio y defensa de los derechos humanos, las libertades políticas y los principios democráticos establecidos en los marcos internacionales y nacionales. Por ello se impulsan campañas que pretenden:
    Difamar la labor en la defensa de los derechos humanos, de la oposición política y la disidencia social con declaraciones falsas, lanzando acusaciones de delincuentes contra líderes sociales, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos, asociándolos con grupos armados irregulares. Para ello cuentan con los medios de comunicación que reproducen la voz oficial e invisibilizan la posición de los primeros.
    Adecuación de marcos institucionales y legales para penalizar la protesta social y posibilitar la aplicación discrecional de la ley.
    Persecución sistemática a través de procesos judiciales a los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales que se fundamentan en hechos y pruebas falsas.
    Fortalecimiento de grupos privados de ajusticiamiento que operan con altos niveles de permisividad.
Esta criminalización de la oposición política y de la protesta social se realiza desde diferentes frentes: mediante acciones encubiertas de los grupos paramilitares y de agentes del Estado, acciones de represión de la fuerza pública – bien conocido y denunciado han sido los actos del llamado Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD- señalamiento indiscriminados por parte de funcionarios del Estado, en especial del mismo presidente de la república. Pero además se ha avanzado en el perfeccionamiento de una legislación antiterrorista que otorga facultades especiales a la fuerza pública y a la fiscalía para que puedan perseguir los supuestos delincuentes. Ustedes deben recordar como el gobierno ha intentado otorgar facultades especiales a las fuerzas militares para que realicen allanamiento, interceptaciones telefónicas y detenciones sin previa orden judicial, desconociendo el derecho fundamental a la libertad, la intimidad y la dignidad, entre otros. La preocupación de este gobierno es permitir que la fuerza pública tenga funciones de policía judicial. Como no lo han logrado entonces se firman acuerdos de cooperación entre la fuerza pública y la fiscalía que finalmente permiten el cometido de legalizar la arbitrariedad y el desconocimiento de las garantías constituciones por parte de aquellos.

El cuestionamiento público por parte de los funcionarios estatales de la legitimidad y legalidad de las acciones de los partidos políticos de oposición y las organizaciones sociales son el primer paso para la judicialización de los miembros de estos colectivos, que deben comparecer a un proceso penal estructurado mediante pruebas infundadas o testimonios viciados de arbitrariedad e ilegalidad con los cuales se suele privar de la libertad por meses a dirigentes en todo el país. La opción que el gobierno nacional pretende dejarnos es que estamos con él o contra él, no hay punto intermedio, sus palabras lo dejan claro: 

“Aparecen muchas voces bravuconas contra la Seguridad Democrática y mansurronas frente al terrorismo. Mucha firmeza para maltratar la Seguridad Democrática, total debilidad para condenar el terrorismo. (…). Por eso el país va a tener que escoger, ahora si vamos a seguir por el mejoramiento de la Seguridad Democrática como camino a la paz, o vamos a retroceder para que con el comunismo disfrazado le entregue la Patria a la FARC”, advirtió Uribe el 8 de mayo de 2006.

Una prueba última de que asistimos a una política oficial y de Estado de persecución a la oposición política la constituye el reconocimiento del presidente de la República en aceptar la interceptación de los teléfonos de la oposición política. El último de estos episodios ha sido denunciado por dirigente del Polo Democrático Alternativo con documento que prueban como desde el DAS se pidió investigar este partido político: buscar información de contactos del Polo Democrático Alternativo “con movimientos clandestinos y organizaciones al margen de la ley (…) alianzas con organizaciones sociales y sindicales (…) proyecciones estratégicas para desestabilizar al Gobierno”. Pero también ahora sabemos que no fue sólo al Polo, sino a todo aquel de quien se sospechara algo, sin importar su calidad: desde magistrados de las altas Cortes, expresidentes de la república, hasta los líderes estudiantiles, sindicalistas y periodistas, entre otros. Ni más ni menos que un verdadero Estado policivo.

Los Estados totalitarios se caracterizan, entre otros aspectos, porque los ciudadanos no saben jamás cuáles serán las consecuencias de sus acciones políticas. Por el contrario, uno de los principios de la democracia reza que cada ciudadano debe poder hacer todo aquello que no es contrario a las leyes, sin preocuparse de otro inconveniente que de aquel que pueda resultar del acto mismo, este es entonces el dogma político en el que los pueblos deberían creer y al que los jueces y magistrados deberían proclamar y mantener con el mismos  cuidado que las leyes”.

Por todo lo anterior es que denunciamos que la política oficial de persecución contra la oposición política, la disidencia social y la defensa de los derechos humanos también se logra cuando la administración de justicia y los órganos de control no cumplen cabalmente sus funciones o deciden ponerse al servicio de la arbitrariedad. Tal es el caso de las Fiscalías adscritas ante las guarniciones militares, que hemos denunciado en diversas ocasiones. No es posible que se predique independencia cuando la fiscalía que investiga lo hace al lado de los funcionarios de inteligencia militar que ha realizado seguimientos y pesquisas sin orden judicial. Además en los lugares donde son llevados los testigos que artificiosamente declaran lo que se les pidan a cambio de recibir prebendas económicas o jurídicas. En una práctica nefasta, como lo señala el padre Javier Giraldo, se permite la arbitrariedad de la persecución contra líderes sociales mediante la negociación y la delación, dando paso a lo que él llama la Justicia transaccional. Testigos cuestionados, pero que sin pudor algunas son reciclados en diversos procesos penales que no tienen control ni del ministerio público, ni de la propia fiscalía.

“La perversidad con la que se maneja la prueba testimonial en las instituciones judiciales en Colombia no mira solamente a ocultar la responsabilidad en los crímenes de los agentes del Estado o Para/Estado y a garantizarles plena inmunidad frente a la justicia, sino también a inventar falsos culpables; a arruinar la libertad de innumerables inocentes; a desactivar grupos, organizaciones o movimientos críticos, o simplemente a neutralizar o aterrorizar a denunciantes o testigos, convirtiéndolos de acusadores en acusados.” (Javier Giraldo)

Resulta absolutamente cuestionable el papel de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo que no se ha pronunciado, no realiza investigaciones y permanecen pasivos en procesos penales donde la arbitrariedad es la ley.

A esto se suma el poco control político de esta situación. En el caso de Antioquia, las autoridades de la gobernación y la administración municipal han guardado absoluto silencio frente a los señalamientos, persecución y amenazas hacía las organizaciones y los miembros de éstas. Silencio que puede ser considerado como cómplice cuando se conoce la posición de dichas administraciones en relación con la labor que realizan en el campo de la defensa de los derechos humanos y de la oposición política las organizaciones investigadas. Recientemente cuando circuló un documento apócrifo de la Corporación Jurídica Libertad, donde se señalaba, entre otros, a la esposa del secretario de gobierno municipal, sólo pudimos advertir de éste una preocupación personal, legítima en todo caso, pero insuficiente si se tiene en cuenta el cargo que ostenta y la gravedad del hecho que ponía en riesgo a otras personas y organizaciones.

Finalmente, queremos señalar que en ningún caso las organizaciones y personas investigadas han solicitado inmunidad o desconocimiento de las obligaciones de la administración de justicia para investigar, juzgar y sancionar las conductas delictivas. Pero lo que sí exigimos es el reconocimiento de la legitimidad de nuestra labor social, política y jurídica, además del cumplimiento de nuestros derechos fundamentales, entre ellos el de poder organizarnos, disentir, defender los derechos humanos y por supuesto el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la libertad.

No podemos aceptar que la fiscalía y los militares realicen una labor de inteligencia y de judicialización de conductas totalmente legales como es el caso de la Corporación Jurídica Libertad donde se señala como “sospechosa” sus demandas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o las investigaciones e informes sobre la situación de derechos humanos, entre ellas el tema de las ejecuciones extrajudiciales. En el colmo de la estigmatización la fiscalía cuestiona el que abogados de nuestra institución sean a la vez profesores de universidades públicas. Toda nuestra actividad es señalada y cuestionada como conductas delictivas. Igual sucede con otras organizaciones. Por ello es inaceptable que la fiscalía insista en negar la persecución y decir que sólo es una investigación contra algunas personas.

Seguimos predicando la importancia de garantizar un sistema judicial independiente y autónomo que atienda las garantías de todos los habitantes de este país y no sólo sirva como arma jurídica en el marco del conflicto armado que padece el país.