Las garantías para la movilización social pasan por el hacer

Foto: Alianza de Medios Alternativos 

Como Proceso Social de Garantías hemos estado en constante interlocución con la institucionalidad, tanto la municipal como la departamental, buscando gestar espacios y escenarios donde se respeten los derechos humanos de manera integral. Ese camino nos llevó a participar de la Mesa Territorial de Garantías (MTG), en ella dialogamos con la fuerza pública, la gobernación y el ministerio público principalmente, esto ha permitido acciones humanitarias de emergencia y generar unas rutas para atender coyunturas que se presentan en el departamento, no obstante hay acciones en las que debemos buscar avanzar, que son pilares fundamentales para hablar de derechos humanos y democracia. Por eso hoy les escribimos para sentar una postura clara de nuestra participación en la MTG.

Primero, recordamos que la protesta social es un derecho consagrado constitucionalmente en el artículo 37, también se encuentra amparado y protegido por normas internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de la OEA; debido a esto, su garantía y protección es un deber del estado y sus instituciones. La llamada ‘colición de derechos’ no puede ser un argumento para la disolución de una manifestación pacífica y la intervención de la Policía y el ESMAD, cuando existan focos de violencia, deben dirigirse a controlar dichos focos y no a disolver la manifestación.

Nuestro papel nunca ha sido negociar las exigencias de las comunidades ni de los movimientos sociales, por ello pese a la coyuntura actual no haremos referencia al pliego y las reivindicaciones departamentales, pero si seremos claros en exigir una veeduría, control, vigilancia, investigación y sanción frente a los excesos que se han presentado por parte de la fuerza pública, principalmente en la ciudad de Medellín.

La intervención de la policía y el ESMAD los días 21 de noviembre y 4 de diciembre evidenciaron un abuso en el uso de la fuerza, retenciones arbitrarias e ilegales, desconocimiento a la labor de defensores y defensoras que han estado en constante interlocución en escenarios como MTG y en general las pocas garantías otorgadas para la protesta social. Dichas intervenciones, que violan los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, son responsabilidad del alcalde Federico Gutiérrez y el secretario de seguridad Andres Tobón, como encargados de la ciudad en estos temas.

Así mismo, desde el inicio de esta coyuntura hemos visto como se abusa de la aplicación del Traslado Por Protección (TPP), de la atención agresiva a la protesta social, que se encuentra protegida constitucionalmente, y de ejercicios autoritarios por parte de la fuerza pública, sin que ello se haya traducido en acciones disciplinarias. Para nosotros es importante saber quiénes son los responsables directos de dichas acciones, por eso hoy haremos la pregunta que tanto les incomoda ¿quién dio la orden? ¿Quién ordeno el accionar del ESMAD para atacar una manifestación pacífica en Parques del Río el 4 de diciembre? ¿Quién ordeno el accionar de ese mismo escuadrón el 21 de noviembre? ¿Quién está detrás de la persecución a las personas que llevan propaganda de apoyo al Paro Nacional?

Todas estas acciones contrarias a los principios democráticos han traído consigo víctimas, que si bien algunas pueden señalar a uniformados concretos, la situación no puede seguir siendo tratada desde la teoría de las manzanas podridas, necesitamos como sociedad, como procesos de defensores y defensoras de derechos humanos, y, como país que se nos diga de que escritorio sale la orden, porque aunque sea verbal es realizada por parte de funcionarios y funcionarias públicas, las cuales sin importar qué deben respetar la Constitución y la Ley, por lo cual ninguna acción puede quedar fuera de dicho control, aunque el mismo sea posterior.

Por lo anterior hoy, antes de iniciar cualquier discusión en la MTG, exigimos un compromiso real en cabeza del ministerio público, con fechas y metas de que se adelanten las debidas investigaciones, con todas las garantías y respeto al debido proceso, pero que nos permitan esclarecer las responsabilidades del accionar de la fuerza pública, para poder avanzar como sociedad, porque quizá ese sea nuestro mejor papel y nuestro aporte para atender la inconformidad que se expresa en las calles.