El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) hace un llamado al Gobierno Nacional, en cabeza de Juan Manuel Santos, para que tome medidas ante decisiones e incumplimientos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que ponen en riesgo a defensores y defensoras de DDHH que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Mientras las amenazas contra miembros del Movice en todas las regiones del país, así como contra integrantes de otras organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos no cesan, la UNP levanta esquemas de protección a quienes se encuentran en grave situación de vulnerabilidad, no autoriza acompañamiento de escoltas ni gastos de peajes, combustible y parqueaderos de los vehículos asignados a defensores amenazados.
Estos incumplimientos de la UNP frente a su obligación de garantizar la integridad de las personas amenazadas se presentan en casi todas las regiones del país. Miembros de los capítulos del Movice en Nariño, Sucre, Valle del Cauca, Caldas, Atlántico y Magdalena Medio que han sido amenazados y se encuentran en un alto nivel de riesgo no han recibido la protección necesaria.
Uno de los casos más recientes es el de Martha Giraldo, coordinadora del Movice en Valle del Cauca, quien el 12 de febrero aproximadamente a las 4:00 p.m. fue contactada por Andrés Wagner funcionario de la UNP, quien le informó el retiro de su esquema. Ante esto, la defensora de derechos humanos le manifestó que por ser una decisión inconsulta, que pone en riesgo su integridad física y la de su familia.
De otro lado, hoy se informó que al señor Andrés Narváez, líder de restitución de tierra de la finca La Europa, se le retiró un escolta y se le excluyó del esquema de seguridad. Para el Movice-Capítulo Sucre esta situación es preocupante, dado que Narváez fue víctima de un atentado el 12 de julio del año pasado y es uno de los líderes con el nivel de riesgo más alto.
“Indudablemente toda la gente de La Europa tiene problema de seguridad, toda, pero hay unas personas que tienen un mayor nivel de riesgo que otros y entre esas personas está Andrés Narváez. No entendemos cómo de la noche a la mañana le decretaron riesgo ordinario a él, cuando sufrió un atentado de una persona que está detenida y de la que él es testigo principal en el proceso”.
De otro lado, la secretaria técnica del Movice Capítulo Sucre, Ingrid Vergara, quien ha recibido reiteradas amenazas de grupos paramilitares y tiene actualmente medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha denunciado en muchas ocasiones que la UNP le está negando el acompañamiento de los escoltas fuera de Sucre, por lo que se ha visto en la obligación de desplazarse a sitios de alto riesgo sin esquema de seguridad.
Esta misma situación la viven otros miembros del Movice Sucre. La UNP hace más de un año incumple su compromiso con el costo de peajes, parqueaderos y gasolina de los vehículos de protección. Por lo menos tres personas del Movice Sucre que han recibido amenazas no tienen ningún tipo de protección o sólo les han entregado un chaleco antibalas y un celular.
El Movice hace un llamado al Gobierno Nacional para que tome medidas al respecto y se garantice la integridad física de las y los defensores de derechos humanos y sus familias, así como para que tengan garantías para desarrollar su labor.
Para los integrantes del Movice y de otras organizaciones sociales, de víctimas y de DDHH, que acompañan procesos sobre temas como los de restitución de tierras, corrupción, víctimas y continuidad del paramilitarismo y que trabajan por la paz con justicia social, quienes deben afrontar amenazas, hostigamiento y persecución, representa un riesgo mayor los incumplimientos de la UNP y sus recientes decisiones de levantar esquemas de seguridad a personas altamente vulnerables.
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