Declaración política del cuarto encuentro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

DECLARACION POLÍTICA
“En M6VIDA con los pies por la tierra”

Durante los días 10, 11 y 12 de marzo del 2011, nos encontramos delegados del MOVICE de todo el territorio colombiano y en resistencia al olvido y a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, hermanados en el sueño de una Colombia en Paz con Justicia Social, convocados en la memoria de nuestras víctimas, fortaleciendo nuestra unidad y convocando a otros y otras, Movimientos y sectores sociales y políticos.

Deliberamos sobre la actual situación frente a Derechos Humanos, Ley de Víctimas, tierra y territorio y Conflicto Social y Armado junto con su solución política y negociada:

CONSTATAMOS

Sobre la situación de Derechos Humanos:

Que en desarrollo de la “Política de Seguridad Democrática” se han generado y se siguen presentando graves crímenes de Lesa Humanidad como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desplazamiento forzado, violencia sexual, entre otros.

Que a través de la persecución realizada por el DAS, se han generado parte de estos crímenes y se ha desarrollado una campaña contra el MOVICE, en particular en la realización de su segundo encuentro nacional, de donde podemos afirmar que crímenes y judicializaciones cometidas contra miembros del Movimiento se han hecho bajo esta estrategia.

Que en desarrollo de la Política de Prosperidad Democrática la persistencia de los Crímenes de Lesa Humanidad se encubre bajo la denominación de Bandas Criminales – BACRIM, que es parte de la reingeniería paramilitar y la falsedad del espectáculo de las desmovilizaciones. Persistiendo el poder mafioso, político y empresarial en las estructuras paramilitares.

Que el cambio en el lenguaje del discurso gubernamental de Seguridad Democrática a Prosperidad Democrática, de supuesta concertación y respeto a los derechos humanos, no ha trascendido a los hechos y se mantiene la violencia sociopolítica, impunidad y el conflicto social y armado.

Que continúa la criminalización de la protesta social, estudiantil, con el uso desmedido de la fuerza represiva del ESMAD, la judicialización de líderes campesinos, comunales, estudiantiles y defensores de derechos humanos, con la prolongación de la práctica de la desaparición forzada, la violencia sexual, del control militar de la vida y del pensamiento crítico.

Que los crímenes se desarrollan en regiones del país donde persisten grandes intereses económicos, de la agroindustria, de la infraestructura comercial hacia el desarrollo de megaproyectos de extracción de recursos naturales.

Que los crímenes de violencia sociopolítica se agudizan con la ausencia de garantías a los derechos fundamentales a la vida, la salud, la vivienda, el trabajo, el medio ambiente y a un desarrollo autónomo desde las prácticas tradicionales de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas.

Que se mantiene la crítica situación de los presos políticos y en particular de las mujeres recluidas en cárceles bajo procesos de persecución judicial.

Que se evidencia la decisión del Gobierno por generar división al interior de las víctimas y organizaciones sindicales, de derechos humanos y sociales, a través de diferentes propuestas como la de una conferencia nacional de derechos humanos que como está planteada no responde a las propuestas del movimiento señaladas desde su creación.

Sobre el proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

Que después de 5 años de aplicación de la Ley 975 de 2005, los avances en materia de verdad siguen siendo irrisorios y con ausencia de justicia. Por ello nos preocupa que se estén planteando reformas que profundizarían el desconocimiento de los derechos de las víctimas, como es el caso de la Ley de Justicia Transicional y reformas en procedimientos judiciales.

Que el proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha sido presentado sin consulta y su trámite avanza sin brindar garantías de protección a los derechos de las víctimas, incluyendo además falencias fundamentales con respecto a los estándares internacionales.

Que el Estado colombiano se niega a reconocer su responsabilidad en los crímenes cometidos negando con ello los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la no repetición. Sobre la situación de Tierras y Territorio.

Que persiste el despojo de tierras y territorios, con ausencia de procesos de restitución que resuelvan la situación integral de los desplazados en el país. Manteniéndose las violaciones a los derechos humanos y falta de protección de quienes se atreven a reclamar su derecho a restitución y retorno a la tierra y territorio.

Que la restitución planteada desde el plan de choque del ministerio de agricultura pretende legalizar el despojo, entregando una ínfima parte de las tierras y profundizando el modelo de agroindustria, extracción de recursos y de infraestructura con extranjerización de la propiedad de la tierra en función megaproyectos.

Que al despojo violento de tierras y territorios se suman mecanismos legales como el Plan de Desarrollo 2010 – 214, Política minero energética, planes de reordenamiento territorial y ampliación de la frontera agrícola.

Sobre la profundización del Conflicto Social y Armado

Que persisten estrategias militares de la fuerza pública de arrasamiento, de restricción de derechos, de consolidación de zonas militares, en el control de la vida civil y el territorio.

Que es este contexto las FARC-EP y el ELN han expresado públicamente su disposición hacia un diálogo y negociación de Paz en medio de la guerra. Parte de esta voluntad se evidencia en la entrega unilateral de retenidos con la mediación de Colombianos y Colombianas por la Paz.

Que ante esta voluntad de paz, el gobierno ha dicho que tiene la llave de la paz, sin embargo aún no se concreta éste escenario, el cual no sería solo de interés de las partes sino de la sociedad en general.

Atendiendo a las anteriores consideraciones, a sus estrategias y al mandato de las víctimas organizadas en los veinticuatro capítulos que integran nuestro movimiento, el V Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado,

RESUELVE:

1. Continuar oponiéndonos a la política de “Seguridad Democrática”, hoy en su nueva versión llamada de “Prosperidad Democrática”. Denunciar, la estrategia de múltiples falsos positivos que ha incluido, no solo las ejecuciones extrajudiciales de miles de personas, sino además el encubrir la reingeniería paramilitar con falsas desmovilizaciones y reinserciones así como la realización de montajes judiciales. El Movice no ha reconocido, ni reconocerá denominar las estructuras paramilitares, como bandas criminales o asimilar estrategias de criminalidad de Estado con la delincuencia común.

2. Adelantar todas las acciones jurídicas y políticas, frente a la persecución ejercida por el DAS, que conlleven a desenmascarar y judicializar ante los tribunales a los máximos responsables de estos crímenes, principalmente al ex Presidente Álvaro Uribe Vélez.

3. Emprender acciones conducentes a que los funcionarios involucrados en la suplantación de las desmovilizaciones, beneficiarios del despojo y de reinserciones respondan patrimonialmente para restituir los recursos dilapidados por parte del Estado en estos montajes.

4. Incidir en la propuesta presentada ante el Congreso de la República de modificaciones estructurales al proyecto de ley de víctimas y de restitución de tierras, no sin antes advertir que este ha sido inconsulto con las víctimas. Esperamos que dichas propuestas sean incorporadas, pero al mismo tiempo advertimos que de persistir en el proyecto el carácter abiertamente inconstitucional y contrario a los estándares internacionales en esta materia, demandaremos esta norma ante la Corte Constitucional.

5. Persistir en la movilización y fortalecimiento de los procesos organizativos, tal como lo hemos hecho, con la ley 975 de 2005, decreto 128 de 2003, con las extradiciones, el estatuto de desarrollo rural y todas aquellas normas que violan o limitan los derechos de las víctimas. El MOVICE considera que la fuerza social principal para acabar con la impunidad y los crímenes de Estado en Colombia reside en la capacidad organizativa y en la iniciativa de las víctimas.

6. Convocar a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional en el acompañamiento y apoyo de todas las acciones que en materia de restitución, retorno, recuperación, resistencia y redistribución de la tierra emprendan las comunidades indígenas, afro descendientes, campesinas, (desplazadas o en resistencia) y habitantes de zonas rurales, que han sido víctimas de prácticas de despojo. Llamar a la realización del Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías como una expresión de la unidad de agendas de acción de campesinos, indígenas, afro descendientes, desplazados, pobladores urbanos, sindicalistas, estudiantes y demás víctimas del despojo.

7. Exigir al Estado Colombiano y a la insurgencia concertar mecanismos para una pronta solución política y negociada al conflicto social y armado. En ese sentido, respaldar las iniciativas de Paz de la sociedad civil como la de Colombianos y Colombianas por la Paz, que persiguen mediante una agenda humanitaria llegar a la mayor brevedad a una mesa de negociación que ponga punto final al conflicto armado y que ofrezca una solución con justicia y democracia a la larga confrontación que ha sufrido el país. El MOVICE anuncia la decidida voluntad de construir una agenda propia con propuestas desde las víctimas hacia la paz.

8. Anunciar la inauguración del centro de memoria sobre el genocidio político contra la Unión Patriótica, como paso trascendental hacia la construcción de un Centro de Memoria contra la criminalidad estatal. El MOVICE saluda y fomenta continuar con las distintas iniciativas de memoria constituidas a la fecha.

9. Expresar solidaridad con las personas detenidas y judicializadas por motivos políticos o de conciencia, especialmente a Carmelo Agamez, Nelson de Jesús Gómez, Winston Gallego, David Ravelo, Imber Barrio, Harry Castillo y Carolina Rubio, integrantes del MOVICE víctimas de persecución judicial.

10. Ratificar la necesidad de construir una estrategia de lucha contra el exilio y apoyar los esfuerzos de los capítulos de víctimas que desde el exterior han trabajado por la construcción de esta nueva estrategia.

11. Exigir al Gobierno colombiano la aparición con vida de la ambientalista SANDRA VIVIANA CUELLAR GALLEGO, quien fue desaparecida el 17 de febrero del 2011 en la ciudad de Cali.

12. Finalmente, llamar al Movimiento Social, de Derechos Humanos y Paz a responder de manera unitaria a la actual política gubernamental de concertación sin garantías reales. La unidad debe constituirse en el pilar fundamental de los movimientos sociales en Colombia. El MOVICE saluda y corrobora su voluntad de trabajo conjunto al lado de expresiones como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Minga de Resistencia social y comunitaria, el Techo Común, la CUT, la Gran Coalición democrática, los procesos indígenas y afrocolombianos.

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
Bogotá, marzo 12 de 2011