NINGUNA CIRCUNSTANCIA PERMITE TOLERAR LA TORTURA

Manifiesto contra la tortura

Advertidos por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)[i] de que un número creciente de gobiernos permiten que se desarrollen prácticas de tortura y de malos tratos, y de la tolerancia con ellas de la opinión pública, afirmamos con fuerza que el respeto de la dignidad de la persona humana exige que la tortura esté prohibida en toda circunstancia.

Sabemos que la tortura ha sido siempre extensamente practicada, pero habíamos fundado nuestra esperanza que desaparecería con los compromisos adoptados por los 146 gobiernos de Estados partes en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Sin embargo, parece que muchos gobiernos tanto del Sur como del Norte, están utilizando ciertos miedos y tensiones para justificar lo que antes negaban o escondían.

La alegación de especificidades culturales alienta a gobiernos a negar la universalidad de determinados valores éticos, y a controvertir que los Derechos Humanos puedan ser los mismos en todas partes. Las exigencias del desarrollo sirven de pretexto para justificar el irrespeto de los derechos fundamentales en la búsqueda de objetivos económicos colectivos considerados superiores a la defensa de los derechos individuales. Así, la seguridad, convertida en valor absoluto, justifica derogar obligaciones definidas como absolutas.

Nos duele que la mayoría de las víctimas de la tortura sean los pobres cuyos derechos económicos o sociales han sido violados. Si protestan, ellos y quienes los defienden son objeto de violencias, tortura o simplemente desaparecen para siempre. La criminalización de la protesta social se extiende y borra siglos de progreso.

Rechazamos las argucias jurídicas y técnicas que hacen de esta violencia una tortura o de esta otra una “presión aceptable”. El torturador, al infligir deliberadamente dolores o sufrimientos físicos o psíquicos agudos a otro ser humano, busca obtener de éste una confesión o hacerlo callar, humillarlo y aterrorizarlo. Consideraremos responsables de estas violencias a aquellos gobiernos que dejan actuar a grupos paramilitares, a escuadrones de la muerte, a milicias privadas o que no controlan los abusos de poder de la policía.

Corresponde a las autoridades y a las instituciones judiciales o cuasi judiciales velar para que el derecho no sólo sea proclamado, sino también respetado en la cotidianidad. Las opiniones públicas y los medios de comunicación tienen la esencial responsabilidad de apoyarlas en esta tarea y de interpelarlas si fallan en sus obligaciones. Desgraciadamente en la década que termina, esa opinión pública, garante de un mayor respeto de los derechos humanos, frecuentemente se ha dejado convencer, en nombre del “realismo y la eficiencia”, de aceptar prácticas que constituyen tortura o malos tratos.

La seguridad, el derecho a un nivel de vida económico y socialmente decente y el respeto de la cultura, pertenecen a todos los miembros de la sociedad.

No solamente a los inocentes cuya integridad y libertad son inviolables por parte del Estado y a los que se debe garantizar el respeto por su integridad física, psíquica y moral, sino también a los delincuentes que deben tener la certeza de que serán juzgados por tribunales independientes, y con penas fijadas por la ley.

Esos derechos pertenecen también a los policías y a los jueces cuya tarea consiste en la construcción de una sociedad segura por cualquier modo legítimo que honra su profesión. Pertenecen también a las víctimas que, exigiendo justicia y reparación, deben renunciar a la venganza.

Pertenecen también a las mujeres que en su vida profesional y doméstica deben poder actuar con la certeza de ser tratadas permanentemente en igualdad con los hombres. Pertenecen a los indígenas y a las minorías étnicas, que gozan de los mismos derechos que cualquier otro miembro de la familia humana. Pertenecen a los pobres, cuyo derecho a luchar para cambiar su condición no será criminalizado. Pertenecen a los migrantes y desplazados que buscan en otra tierra la seguridad que se les negó en su lugar de origen. Pertenecen a los defensores de derechos humanos cuya lucha merece ser reconocida y apoyada, porque todo atentado a sus derechos afecta a los de las víctimas que ellos defienden. Pertenecen, finalmente, a la sociedad entera cuyo desarrollo es imposible si, individual y colectivamente, no estamos todos convencidos que es posible construir un mundo en que todos los derechos de todos estén garantizados a cada uno.

Nosotros, Premios Nóbel, suscribimos esta declaración y reafirmamos que la prohibición de la tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes es un absoluto, cuya puesta en duda socava los valores fundamentales de la dignidad humana, fundamento de toda sociedad regida por el derecho.

Afirmamos que esta ley es universal y que el derecho a no ser torturado no puede estar aislado de las otras violaciones de los derechos humanos.

Apelamos a los líderes políticos, a las instancias de toma de decisiones y a la opinión pública de odas las realidades continentales a estar vigilantes y activos para defender y promover estos derechos.

Apelamos también a las instituciones judiciales o cuasi judiciales a respetar el derecho en su integridad, consientes de su obligación de proteger las víctimas quien quiera que ellas sean y cualesquiera sean sus creencias o sus acciones.

Apoyamos la campaña que la OMCT lanza para alertar a la opinión pública que la tortura es una negación de la dignidad humana que afecta a todo el mundo.

Ginebra, Nueva York, marzo de 2010