LA AGENCIA DE INTELIGENCIA DE COLOMBIA: ESPIANDO A LA DEMOCRACIAWOLA
U.S. Office on Colombia
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
Tras el escándalo de los “falsos positivos” en el que soldados mataron ciudadanos y los vistieron de guerrilleros, se está desarrollando otro escándalo, peor que el de Watergate, que involucra al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la agencia de inteligencia del presidente colombiano. Expuesto por la revista semanal Semana y el enfoque de una investigación de la Fiscalía General de Colombia, el DAS las había estando espiado ilegalmente a numerosas personas: políticos de oposición, grupos dedicados a la defensa de los derechos humanos, periodistas, el clero, sindicatos y jueces de la Corte Suprema. La operación iba más allá de actividades de vigilancia, empleando una variedad de trampas, buscando “restringir y neutralizar” las actividades de grupos de derechos humanos y toda oposición a la administración de Uribe.
Recientemente, el Presidente Uribe accedió a disolver la agencia. Sin embargo, la perseverancia de actividades de vigilancia ilegal, realizadas por el DAS y otras agencias, confirmó que cualquier reforma debe incluir una supervisión sistemática para asegurar que los abusos no continúen. A pesar del furor de los medios de comunicación y la investigación de la Fiscalía General, casos de espionaje ilegal han continuado e incrementado este año, particularmente hacia este año el espionaje ilegal, el cual enfocando en los jueces, abogados de derechos humanos, y ahora, en candidatos presidenciales y miembros del Congreso. Se grabaron, por ejemplo, las conversaciones entre un juez de la Corte Suprema y un oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hasta los fiscales investigando al DAS fueron vigilados ilegalmente. La administración de Uribe ha dicho que una nueva agencia continuara siendo vinculada al presidente, uno de los problemas estructurales que permitió que el tema de la inteligencia se politizara.
Antecedentes. Una división especial del DAS, conocida como el G-3, fue creada para realizar esta misión. El G-3 se hallaba bajo la responsabilidad del Director del DAS, coordinaba actividades con otros subdirectores del DAS y oficinas regionales y estaba situado convenientemente al lado de las oficinas de planificación y disciplina del DAS. La investigación de la Fiscalía General divulga que varios subdirectores del DAS acudieron a las reuniones del G- 3 y que las actas de estas reuniones se diseminaban generosamente. El DAS está directamente al servicio del presidente colombiano y sus asesores. El Fiscal General de Colombia, quien tiene la potestad de investigar cargos disciplinarios pero no criminales, ha abierto una investigación de los asesores presidenciales quienes pudieron haber ordenado la inteligencia, información y beneficiado de ésta. Incluyendo, el secretario general del presidente, su portavoz, su secretario judicial y un secretario de prensa.
La vigilancia fue intrusa y obsesiva. Según la Fiscalía General, el DAS sistemáticamente escuchó conversaciones ajenas y leyó sin previa autorización la correspondencia electrónica de los grupos más prominentes de derechos humanos de Colombia, periodistas reconocidos, miembros de la Corte Suprema, políticos de oposición, líderes afro-colombianos y la federación sindical principal. También fueron afectados los líderes y virtualmente todos los empleados del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el premiado documentalista Hollman Morris. En cuanto a los sindicatos, se hallaron afectados el CUT y el CTC; y el sindicato de trabajadores de hospitales (ANTHOC), el de trabajadores judiciales (Asonal Judicial), el de trabajadores de salud y seguridad social (SINDESS) y el de trabajadores telefónicos (SINTRA TELEFONOS).
El DAS investigó las casas, las rutinas cotidianas, los viajes internacionales y la situación financiera de múltiples personas, agregando información recabada a través de interrupciones telefónicas ilegales obtenida del sistema bancario, inmigración y la oficina que administra los permisos de conducir. No se conformaron con espiar únicamente a sus blancos, sino que también espiaron a sus familiares. Tomaron fotos de sus hijos, averiguaron en dónde quedaban
sus escuelas y escucharon conversaciones ajenas de los padres, hermanos e hijos. El DAS tenía un manual de la metodología del espionaje, para el uso de su personal. Las acciones del DAS superaron la vigilancia. La información en los archivos de vigilancia sugiere que el DAS colocó varias personas en manifestaciones de la oposición para “armar un caos”, y que éstas se disfrazadas de periodistas y proporcionaron información falsa a la prensa, entre otras medidas para interrumpir y desacreditar las actividades de la sociedad civil.
La información en los archivos del DAS sugiere que el DAS pudo haber estado detrás de varias amenazas a defensores de derechos humanos. Entre ellas, el envió de una muñeca ensangrentada a la líder del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Zoraya Gutiérrez, amenazando a su hija. Un objetivo de la vigilancia del DAS parece haber sido la recopilación de información que pudiera ser utilizada para iniciar cargos sin fundamento contra defensores de derechos humanos.
Todo lo relacionado a los derechos humanos era un blanco legítimo. De hecho, el objetivo principal de esta vigilancia parecía no estar dirigido a investigar supuestos enlaces entre estos grupos y guerrilleros, ni investigar, otras amenazas a la seguridad nacional. Más bien tenía como objetivo investigar y frustrar las actividades de individuos y grupos percibidos como hostiles a las políticas del Presidente Uribe. Por ejemplo, el director de contra inteligencia Carlos Alberto Arzayús Guerrero, según una acta de octubre de 2005, ordenó “la vigilancia de organizaciones e individuos que se opongan a las políticas del gobierno, con el ánimo de restringir o neutralizar sus acciones”. Según la investigación de la Fiscalía General, organismos e individuos se vieron afectadas por haber realizado actividades como producir un libro critico de la política “seguridad democrática” de Uribe; presentar casos de derechos humanos ante la Comisión Inter-americana para Derechos Humanos; producir documentales acerca de la masacre en San José de Apartadó y llamar la atención a los derechos humanos en Colombia a través de actividades en Washington, D.C. (EEUU). Todo lo relacionado a los derechos humanos, era un blanco legítimo. Así cuando el consejo municipal de Bogotá abrió una enmienda autorizando la inclusión de un currículo de derechos humanos en los colegios de la ciudad, el DAS ordeno investigar a todos los miembros del consejo que votaron a favor de la enmienda.
La vigilancia ilegal también fue dirigida hacia grupos internacionales y estadounidenses. Misiones dirigidas por la Comisión Inter-americana para Derechos Humanos y la ganadora del Premio Nobel Shirin Ebadi fueron sometidas a esta vigilancia, al igual que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Correspondencia electrónica, faxes y posiblemente conversaciones telefónicas entre organizaciones colombianas de derechos humanos y periodistas y organizaciones de derechos humanos en los Estados Unidos, entre los cuales, el Grupo de Trabajo de Latinoamérica (LAWG), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Amnistía Internacional y Human Rights Watch, sobre las actividades regulares de defensores de derechos humanos, fueron interceptadas por el DAS. Uno de los documentos del DAS expone el objetivo de “definir actividades de inteligencia ofensiva” en contra del director de la división de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
Los magistrados de la Corte Suprema también fueron objeto de la vigilancia ilegal del DAS. Uno de los principales blancos fue Iván Velásquez, el investigador principal del escándalo de la parapolítica, a quien Presidente Uribe acusó de calumnioso. Durante un plazo de tan sólo tres meses, el DAS interceptó 1.900 de sus llamadas telefónicas, muchas de ellas con magistrados, fiscales y testigos de la investigación sobre la parapolítica. Otros miembros de la Corte Suprema fueron sometidos a una vigilancia constante. Semana relata las palabras de un detective del DAS: “Cuando empeoró la confrontación entre la corte y el presidente, hace un año y medio, el objetivo era conocer todo lo posible sobre todos los jueces, usando toda manera necesaria, de fuentes humanas hasta medidas técnicas. Cuando se empezaba a disminuir la confrontación, la vigilancia se concentraba en los que eran de prioridad alta, como, por ejemplo, Velásquez”. Miembros de la rama ejecutiva, inclusive el visé-presidente y el ministro de defensa, también fueron sometidos a esta vigilancia.
En una sorprendente revelación, la Fiscalía General encontró información sobre el programa de protección del gobierno colombiano en los archivos donde estaban los resultados de esta vigilancia ilegal. Este programa de protección, sostenido con el apoyo de los EEUU, brinda guardaespaldas, chóferes, equipo de comunicación y vehículos blindados y otros mecanismos de protección a los defensores de derechos humanos y líderes de sindicales más amenazados. Información del programa de protección sobre los guardaespaldas, medidas de protección y rutinas diarias fueron eventualmente divulgadas a la oficina del DAS que realizaba la vigilancia ilegal.
El G-3 realizó sus operaciones durante el período 2004-2005, este último año siendo cuando se disolví tras el descubrimiento de que el debido a que el director del DAS, Jorge Noguera, había entregado los nombres de líderes sindicales y otros activistas designados a ser asesinados al líder paramilitar Jorge 40. No obstante, otras divisiones, incluyendo el Grupo de observación y verificación nacional e internacional (GONI), siguieron con la vigilancia ilegal. Revelaciones aportadas por Semana sobre la continuidad de estas actividades hasta el día de hoy sugieren que es una práctica bastante corriente dentro del DAS. En el 2009 ocurrió un gran encubrimiento de esta vigilancia ilegal (vea abajo).
Además del DAS, otras agencias de inteligencia tomaron parte en la vigilancia ilegal. Entre ellas se encuentran la inteligencia militar y algunas unidades policíacas. Por ejemplo, en el 2008 se supo que la agencia de inteligencia policíaca SIJIN, interceptó, sin autorización, 150 cuentas de correo electrónico de defensores de derechos humanos incluyendo en esta categoría se incluyen los líderes de sindicales, organizaciones internacionales de derechos humanos, académicos y periodistas.
La investigación de la Fiscalía General de Colombia. Un paso positivo es la apertura de una investigación al DAS realizada por la Fiscalía General, a través de la cual se investigan a cuatro ex-directores y a otros 30 miembros del personal del DAS. Sin embargo, en enero del 2009, poco antes de que realizara un allanamiento a la oficina del DAS, las cámaras de seguridad del DAS encontraron a oficiales removiendo cajas grandes y equipos de computadora de sus oficinas. Por consiguiente, la investigación de la Fiscalía General no pudo examinar gran parte de las pruebas. Por otro lado el traslado repentino de las mismas a otro lugar sugiere que alguien de la oficina de la Fiscalía General le alerto al DAS, o que bien el DAS estaba espiando a la Fiscalía General. Además, el enfoque de la investigación parece limitarse al período 2005-2006, sin ningún énfasis, por ahora, en las más recientes actividades ilegales. Finalmente, el estatus de la investigación de la Fiscalía General está en juego debido a que el ex Fiscal General Mario Iguarán ya no dirige dicha institución. Su plazo terminó el 31 de julio del 2009, y la “terna” de los tres candidatos recomendada a la Corte Suprema por el presidente fue designada como inapropiada por la Corte Suprema, dejando así el liderazgo de la oficina en una condición insegura.
Ayuda estadounidense y el DAS. Según el embajador estadounidense, William Brownfield, Estados Unidos proporciono al DAS equipo de vigilancia. El embajador relató en junio de 2009 que si bien los Estado Unidos había dado este equipo al DAS, este no fue utilizado para llevar a cabo tareas ilegales de espionaje. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía General sugiere que el G-3 no tenía su propio equipo para las intercepciones; más bien dependía de los recintos comunes de intercepción, equipos de TI las unidades de intercepción que compartía con la oficina del DAS. Es importante comprobar si uso equipo y capacitación estadounidense fueron utilizados para estas operaciones ilegales y establecer garantías que no se usará ningún tipo de equipo ni capacitación de EEUU para fines ilegales en el futuro.
Recomendaciones para la política estadounidense:
1. Prohibir todo tipo de asistencia al DAS e investigar si fondos, equipo, o Capacitación estadounidense fueron utilizados en las operaciones ilegales.
2. Insistir en el establecimiento de medidas para que fondos, equipo, capacitación, o inteligencia proporcionada por las EEUU no será empleada para fines ilegales.
3. Vigilar y insistir que la investigación a la vigilancia ilegal realizada por la Fiscalía General y el Inspector General, urgiendo a esta investigación que abarque actividades hasta el presente e incluir todos aquellos fuera del DAS quienes mandaron y beneficiaron de inteligencia ilegal.
4. Alentar al Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Embajada estadounidense dar declaraciones públicas y privadas demuestren preocupación sobre la vigilancia ilegal, y demostrar públicamente un apoyo a los afectados, como, por ejemplo, grupos de derechos humanos, periodistas y jueces, a través de eventos públicos, incluyendo visitas a las oficinas de las organizaciones e individuos más afectados por la vigilancia ilegal.
5. Urgir al gobierno colombiano garantizar el acceso a los defensores de derechos humanos a la información obtenida sobre ellos que se encuentra en los archivos de inteligencia, según lo establecido en la Ley de Data Habeas de 2008. Urgir al gobierno colombiano permitirle al Fiscal General, con la supervisión de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, revisar regularmente los archivos de inteligencia y deshacerse de materiales infundados y dañinos, particularmente los concurrentes a los defensores de derechos humanos.
6. Promover reformas en las operaciones de inteligencia de Colombia para deshacer las capacidades del presidente y sus asesores para mandar operaciones de inteligencia sin salvaguardias o supervisión, y de una manera que promueve la politización de la inteligencia. Fortalecer la supervisión del Congreso colombiano de operaciones de inteligencia. Estas reformas son esenciales independientemente de si el DAS es devuelto o reestructurado.
Escrito por: Lisa Haugaard, Fondo de Educación del Grupo de Trabajos para Asuntos Latinoamericanos; Kelly Nicholls, Oficina en los Estados Unidos sobre Colombia; Gimena Sánchez-Garzoli, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
9 de septiembre, 2009
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