Medellín, 11 de abril de 2014. Medellín, una pintoresca ciudad de Colombia, reconocida por medios de comunicación internacionales como la ciudad más innovadora del mundo, se convirtió en epicentro de la opinión pública durante varios días debido al megaevento que se realizó entre el 5 y el 11 de abril: el VII Foro Urbano Mundial ONU-Hábitat.
Esta ciudad fue elegida como sede del Foro por los incalculables logros que últimamente ha conseguido en materia de innovación y emprendimiento.
Incalculables logros porque los habitantes de Medellín no entienden cómo la Alcaldía, la Gobernación y algunos sectores de la sociedad hablan sobre innovación, transformación y desarrollo si en la ciudad un gran porcentaje de la población vive en condiciones deplorables, se siguen violando los derechos humanos, persiste el narcotráfico en una urbe dominada por combos y bandas delincuenciales y se continúa matando sin pudor. En otras palabras, ¿cómo pueden hablar de innovación en Medellín, la ciudad de la guerra?
¿Alguien todavía cree en cuentos de hadas?
Sí, eso es lo que quieren hacernos creer. La innovación, el emprendimiento y el desarrollo en infraestructura son palabras bonitas.
Bonitas para los que se benefician de ellas, y cómo se ha evidenciado, el sector privado y los grandes emporios financieros e inmobiliarios de la ciudad han sido los favorecidos en una ciudad que se fragmenta en dos.
Por un lado, un pequeño sector de la población es dueño de grandes empresas que se benefician directa o indirectamente de las políticas de la Alcaldía, y por otro se encuentra la mayor parte de la población en situación de exclusión e invisibilización debido a las barreras de desigualdad y la escasa participación en la construcción de políticas públicas.
A pesar del panorama, los entes gubernamentales justifican que sí hay inclusión pues a estas personas se les permite el acceso a las grandes infraestructuras del capital privado. Claro, siempre y cuando se tenga recursos económicos suficientes para pagar ese acceso.
En el VII Foro Urbano Mundial, la inversión económica fue gigantesca. “Este foro tuvo tres fuentes de financiación. Una pública con el Gobierno local y nacional, segundo la financiación privada de todos los patrocinadores, y tercero unos organismos internacionales que se ven representados en 122 expositores. La suma de todo esto es de 20.000 millones de pesos” indicó el gerente de Plaza Mayor, Gabriel Jaime Rico.
Cifra que se vio reflejada en el despliegue de publicidad y marketing en los medios, en la intervención de los espacios públicos en la ciudad y en los ‘adornos’ que se colocaron en las calles.
Y no es el primer evento en el que gastan increíbles sumas de dinero. Cabe recordar el presupuesto invertido en el concierto de Madonna, de Beyoncé y los Juegos Suramericanos.
Entonces me pregunto, ¿de dónde sale todo el dinero si cuando se le pide a la Alcaldía cumplir su función de garantizar una vida digna a todos los habitantes afirman que ‘no hay presupuesto’?
Los ‘desconectados’ de los servicios públicos por EPM (Empresas Públicas de Medellín), deben sentir una inmensa alegría al saber la exorbitante cifra que Medellín gastó en este evento.
Asimismo, durante el Foro ocurrió otra situación que trataron de tapar, de esconder y de silenciar, pero una vez más fue un fracaso. Por más que intenten, el maquillaje tarde o temprano se termina cayendo.
Todo comenzó el 22 de marzo de 2014, cuando una explosión en un centro de atención al habitante de calle llamado ‘Centro Día’, cercano a la Minorista causó la muerte de 4 personas y 16 heridos.
ONG’s, medios de comunicación, concejales de Medellín y la Defensoría prendieron las alarmas cuando se empezó a rumorear que los responsables de esa explosión eran agentes de policía ; pues semanas antes la policía venía intensificando las intervenciones a las llamadas ‘ollas de vicio’ y estuvo presente durante la explosión.
Días después, el 26 de marzo el portal de Noticias RCN afirmaba que el número de víctimas mortales ascendía a 7 personas.
Además de las 4 muertes ocasionadas por la explosión, se encontró el cuerpo de un habitante de calle en el río Medellín y dos mujeres, también habitantes de calle, murieron baleadas.
Ese mismo día, Hora 13 Noticias manifestaba que la cifra de víctimas incrementaba en 8 personas.
Es decir, en 5 días se asesinaron a 8 habitantes de calle de forma cruel y violenta.
Justo en ese momento, el concejal Luis Bernardo Vélez se pronunciaba: ‘Como ciudadano quisiera saber quien los mató y si esto quizás obedece a una limpieza social’.
Pese a las investigaciones, a día de hoy aún se desconocen los culpables de tales crímenes.
El 28 de marzo, el mismo concejal denunció que habitantes de la calle en Medellín estaban siendo enjaulados.
En una visita a uno de los centros de atención de habitantes de calle ubicado en Barrio Triste el concejal Vélez pudo comprobar que se estaban reteniendo alrededor de 170 personas de manera ilegal en un sitio indigno, con rejas, donde pasaron hasta 24 horas sin recibir alimento.
También se encontró el caso de una persona adulta, que no era habitante de calle, y se encontraba recluida en ese lugar por haber discutido con un agente de tránsito a causa de una infracción que cometió.
Igualmente, había personas con lesiones graves y un hombre psicótico habitante de calle compartía espacio con las demás personas tras en las rejas.
Ante esta situación, la Defensora del Pueblo de Antioquia Gloria Elena Blandón advertiría sobre una posible ilegalidad del decreto que autoriza estas detenciones y cuestionaría la falta de garantías y condiciones en los operativos, procedimientos y en los sitios donde estaban siendo trasladados los habitantes de calle.
Por otra parte, el Personero Rodrigo Ardila manifestó su posición a favor de los operativos: ‘La norma dice que la retención puede darse en un plazo máximo de 24 horas siempre y cuando el motivo sea proteger la vida de estos habitantes’ aseveró el Personero.
En la misma dirección, la Alcaldía ratificó que se estaba cumpliendo con los procedimientos y protocolos de atención integral para los habitantes de calle. (Extraído de Telemedellín)
Pero, para el concejal Vélez, se trata sólo de un manejo asistencial de atención básica sin una ruta de intervención clara. Y afirma: ‘Veníamos insistiendo en que se construyera una política pública, que se actualizara el Censo, que se caracterizara la población en situación de calle. Hoy no contamos con nada de esto, sólo existe un Censo de 2010 que revela la existencia de aproximadamente 3500 personas en condición de habitantes de calle. Al no haber política pública es difícil avanzar en una intervención diferenciada, que haga énfasis en prevención, atención y rehabilitación.’
También el Concejal Vélez denunció que en los centros de atención al habitante de calle de la Alcaldía, se estaba conduciendo a personas en contra de su voluntad y se violan flagrantemente derechos fundamentales, como:
– El Derecho a la libertad, Artículo 28
– El Derecho al debido proceso, Artículo 29.
– El Derecho a la dignidad humana, Artículo 12.
– El Derecho al libre desarrollo de la personalidad, Artículo 16.
Todos los anteriores conforme a la Constitución Política de Colombia.
(Extraído de la página web del concejal)
¿Entonces, me pregunto, es coincidencial que se intensificaran las intervenciones y retenciones a habitantes de calle ad portas de un megaevento como el Foro Urbano Mundial?
¿Durante estos 7 días que duró el Foro, dónde estuvieron los habitantes de calle que normalmente plagaban la ciudad?
Bajo la hipótesis de limpieza social se podría responder a estas preguntas, entendiendo el fenómeno de limpieza social como:
‘Un conjunto de mecanismos extrajudiciales de depuración criminal ejecutados a pequeña y gran escala, y puestos en práctica en sociedades cuyo contrato social, al erosionarse, permite la instauración de gobernanzas totalitarias, fusionando en la cotidianidad ciudadana una sensación paralizante de miedo y terror. En países como Colombia la limpieza social adquirió matices de barbarie; se amalgamó, además, con una aureola mediática que sublimaba en la figura del Ejecutivo al hombre providencial y mesiánico que gobernaba a sangre y fuego y con puño de hierro.’ según el antropólogo, profesor-investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Juan Cajas.
Esta hipótesis también se puede fundamentar en la manera en la que sociedad antioqueña se ha encargado de relegar a los habitantes de calle catalogándolos como seres indeseables, al referirse a ellos como “desechables” a los cuales hay que excluir del contexto social. (Tomado de artículo investigativo del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario).
Entonces, estamos ante una sociedad, que bajo los términos anteriores legitima, dentro de la cultura, la exclusión y la violencia contra personas que viven y piensan diferente
De esta manera, el Foro Urbano Mundial que se desarrolló en la ciudad nos deja muchas incógnitas en materia de la notable desigualdad social que aún padecemos, de la exclusión de ciertos sectores de la población y la constante violación a los derechos humanos.
Y nos encontramos ante un Foro cuyos compromisos no se construyeron con la participación de todos los sectores sociales ni con aquellas personas que han denunciado los atropellos que se han cometido.
Un Foro donde se vendió internacionalmente una imagen de ciudad que dista de la realidad.
Un Foro que premia un modelo de ciudad donde prima el capital privado incluso sobre la vida de las personas.
Por último, un Foro que, indirectamente, aplaude una sociedad que justifica la guerra y la violencia dentro de su propia cultura.