PREOCUPA LA ALTA MILITARIZACIÓN DE LA CIUDAD

 “¿Seguridad es igual a militarización o seguridad es que cada persona disfrute de la garantía de sus derechos?”, fue la inquietud alrededor de la cual se desarrolló la Asamblea Ciudadana convocada por el Comité Municipal de Derechos Humanos, dentro de la VIII Jornada por los Derechos Humanos y Contra la Impunidad.

Durante la mañana del miércoles se evidenció la preocupación de las organizaciones sociales y populares, asistentes a la Asamblea, con respecto a la creciente militarización de la ciudad en el marco de una política regional armamentística, que va en detrimento de inversiones sociales que combatan la miseria, el desempleo, las diversas formas de violencia, la contaminación ambiental y demás.

También fue clara, mediante el diagnóstico presentado por Corpades, la Corporación Jurídica Libertad, el IPC, la Red Juvenil de Medellín y la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, la nula proporcionalidad entre el aumento de la fuerza pública – y de adulaciones a su favor- y la inseguridad y vulneración de los Derechos Humanos en la ciudad.

Mientras el alcalde Alonso Salazar y el nuevo Ministro de Defensa, Gabriel Silva, exaltan la labor de la Fuerza Pública como parte de la estrategia de ocultamiento de la realidad local y nacional, los barrios de Medellín padecen el incremento de una violencia que sólo falazmente pudo controlarse.

Ya en repetidas ocasiones Corpades ha denunciado los pactos establecidos entre las últimas Administraciones Municipales –desde la alcaldía, incluso, de Luis Pérez- y el extraditado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Berna, para lograr el descenso de la tasa de homicidios en la ciudad.

Pero el artificial proceso de desmovilización con los paramilitares permitió la llegada de otros jefes que vieron en la ciudad una “apetecida plaza para la ilegalidad”. Y con tantos interesados en la mayor tajada del pastel, ha sido difícil para la Administración establecer nuevos pactos que le permitan mostrar resultados en torno a la seguridad en la ciudad.

Tenemos, entonces, una duplicación de cifras de homicidios y desapariciones forzadas. Mientras en el primer semestre de 2008, por ejemplo, en La Comuna 10 de Medellín (Centro) se registraron 78 asesinatos, durante el mismo período de 2009 se contaron 104 homicidios.

Este crecimiento desmedido ha sido unas constante en toda la ciudad. En el 12 de Octubre, para citar otro ejemplo, pasaron de 36 a 115 homicidios, según cifras oficiales.

Preocupa también el aumento de bandas delincuenciales al servicio del paramilitarismo. Hasta el momento el Comité Municipal de Derechos Humanos ha logrado identificar plenamente a 166 de una lista de 400. Tan sólo en la Comuna 13 hay 22 de ellas.

Ha sido claro el interés de la Administración Municipal y de organismos nacionales de enfrentar esta situación desde el silenciamiento, el ocultamiento y la militarización.

Algunas de las medidas aplicadas han sido la restricción al parrillero y al porte de armas, el cierre de establecimientos públicos a la 1:00 am, la militarización de instituciones educativas, las zonas especiales de intervención militar, el aumento de pie de fuerza y, como olvidar, el controversial toque de queda para menores de edad en las comunas 3, 4, 5, 6 y 10, pese a que gran cantidad de homicidios se cometen en las horas de la tarde: 289 fueron registrados en el primer semestre de 2009, más del doble del año pasado.

En definitiva el problema se viene atacando, desde tiempo atrás, mediante la restricción de derechos a la población, pero no existe una política de Estado que apunte al desmantelamiento definitivo de las redes paramilitares y los vínculos de la Fuerza pública con ellas.