San José de Apartadó histórica y lamentablemente ha sido reconocido como una de las poblaciones más golpeadas por la violencia en el país, allí todos los actores del conflicto han puesto su cuota de violencia (sangre). A pesar de ello la comunidad ha sabido resistir, organizarse y desarrollar procesos que le permitan sacar adelante sus libertades democráticas, civiles, y buscar un mejor desarrollo, puesto que más allá de la violencia que se presenta, también existe un abandono casi total por parte del Estado Colombiano.
El Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó y la Asociación de Campesinos de San José de Apartadó, han indicado que cuando se habla del Estado colombiano, este está ausente para invertir y preocuparse por la comunidad, pero que cuando de acusar, reprimir y estigmatizar se trata, llega con todo su rigor.
Recientemente San José de Apartadó volvió a ser golpeado, esta vez los montajes judiciales, las capturas indiscriminadas a sus líderes y la violación a los derechos humanos se hicieron presente.
Jesús Arley Cartagena, defensor de derechos humanos, miembro de la Cumbre Agraria y en ese entonces presidente de la Junta de Acción Comunal de San José de Apartadó, fue el primer capturado y acusado por el delito de rebelión el 22 de diciembre de 2015, posterior a su captura siguió la de Laura Cataño, de 50 años, quien padece problemas cardiacos y de tensión que le obligan a consumir medicamentos de manera permanente, además de llevar una rigurosa dieta. Cataño quien también hace parte de la Junta de San José de Apartadó fue capturada cuando se dirigía a averiguar por la situación de Arley, actualmente está acusada por el mismo delito.
“Lo que está pasando en San José de Apartadó, hace parte de una estrategia militar y judicial, para restar y cooptar la autonomía de las organizaciones campesinas y democráticas” indica Oscar Zapata, miembro de la Asociación Campesina de San José de Apartadó ACASA.
Durante el mes de enero también se han presentado algunas capturas como la de Juan Bautista, Oscar Muñoz y Silvia Rosa Sepúlveda. Cuentan los habitantes de San José que la más reciente se presentó el domingo 24 de enero del presente año, cuando algunos presuntos funcionarios del CTI y la Fiscalía, llegaron en aparente estado de alicoramiento hasta el establecimiento comercial del señor Pedro Pablo Rivera, allí intentaron capturarlo, cuando algunos vecinos se percataron del hecho, corrieron a preguntar por la orden de captura y el motivo, pero los funcionarios nunca les mostraron nada. “… ellos nunca se identificaron, nunca mostraron una orden de captura por más de que se las pedimos varias veces” aseguró Zapata.
La comunidad que estuvo presente en lo que parecía ser un procedimiento de captura han reiterado y asegurado que nunca pudieron ver la identificación de quienes llegaron a este lugar, además de confirmar que estaban acompañados por el Ejército Nacional, también aseguran que la manera de dirigirse a la comunidad fue grosera, arrogante y violenta, que grabaron a menores de edad presentes allí y que estigmatizaron y amenazaron a los habitantes. Por estas conductas presentadas la comunidad procedió a proteger a su vecino e impidió que se lo llevaran, recordando que históricamente este tipo de retenciones ilegales terminan en asesinatos paraestatales o ejecuciones extrajudiciales.
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han cuestionado la poca atención que el gobierno local y nacional ha prestado a la situación que vive esta comunidad, además de rechazar enfáticamente estas persecuciones de carácter político contra el campesinado, el movimiento social, las expresiones sociales que buscan fortalecer los procesos de democracia y la evidente represión contra toda muestra de organización en la región.
Habitantes y líderes de la comunidad aseguran que pese a la estigmatización y persecución continuaran haciendo sus denuncias, trabajando por el restablecimiento de sus derechos y organizándose para construir procesos democráticos que ayuden al desarrollo de este golpeado municipio.