VARIAS ORGANIZACIOS DEL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS DE ANTIOQUIA EN RIESGO DE SER JUDICIALIZADAS DE MANERA ILEGAL CON BASE EN FALSAS IMPUTACIONES DE LA IV BRIGADA DEL EJÉRCITO

COMITÉ MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes del Comité Municipal de Derechos Humanos, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que organismos de seguridad del Estado y la Fiscalía, pretenden mediante temerarios informes de inteligencia, estructurar procesos penales que tienen como propósito criminalizar el ejercicio legítimo de garantías fundamentales como la libertad de opinión, de expresión, de conciencia y de participación.

Este proceso, iniciado a finales del 2006 por la Fiscalía Setenta y Cuatro Seccional Delegada ante la IV Brigada del Ejército, está plagado de irregularidades desde su inicio, y demuestra que más que un proceso penal normal construido con base en indicios y evidencias, se trata de una acción hostil en contra de personas y organizaciones sociales, políticas y no gubernamentales que han asumido una posición de denuncia legal en contra de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado Colombiano. Estas acciones colocan en duda la intención de la acción en defensa de los derechos humanos, y pueden ser utilizadas como excusa para atentar contra las personas ilegalmente señaladas.

Las organizaciones que suscribimos este documento, ejercemos la promoción y defensa de los derechos humanos desde una concepción integral, exigiendo condiciones de dignidad para los ciudadanos y las ciudadanas y en especial de las víctimas, en los marcos previstos por normativas de carácter internacional y nacional, situación que ha conllevado a la estigmatización desde las altas esferas del Gobierno, la cual es replicada por integrantes de la inteligencia militar y de la Fiscalía.

Este nuevo intento por judicializar el legítimo accionar de la defensa de los derechos humanos, evidencia que existe una política de criminalización de esta labor, del derecho de opinión y de oposición política, para colocarlas en el terreno de la ilegitimidad e ilegalidad, generando además, desconfianza en la población de nuestra región. No reivindicamos para nuestras organizaciones ni para quienes hacemos parte de ellas inmunidad ni mucho menos impunidad; pero si exigimos de manera categórica que las acciones judiciales en contra nuestra se hagan con base en la legalidad, la presunción de inocencia, el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa.

Peticiones:
Por lo anterior, hacemos un llamado a las organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos nacionales e internacionales para que expresen su solidaridad con las organizaciones y personas que están siendo hostigadas y en tal sentido exijan del Gobierno Nacional y las autoridades judiciales, plenas garantías y respeto de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la libre asociación y opinión.

Así mismo exigimos de los organismos judiciales y de control, el cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas en cuanto a la vida, la seguridad e integridad de los líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos, entre ellas que “la Procuraduría General de la Nación cumpla con el compromiso de revisar los archivos de inteligencia militar y policial. Que además sancione disciplinariamente a aquellos agentes del Estado que con sus acciones u omisiones pongan en riesgo la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos.

Igualmente, a la autoridades judiciales, en particular a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades de control a fortalecer las investigaciones y el control disciplinario para mejorar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y sindicalistas, incluidas las investigaciones de los casos de estigmatización de su labor, y combatir la impunidad. En particular, la Alta Comisionada ha animado al Gobierno y a la Procuraduría General de la Nación a que impulsen y apoyen de manera decidida las investigaciones que se inicien contra funcionarios públicos¨.

Insistimos nuevamente en la validez del principio de imparcialidad e independencia del órgano judicial que se ve cuestionado con la injerencia del poder militar en la dirección de las investigaciones criminales, ya que son quienes, sin tener funciones de policía judicial, inciden en el desenvolvimiento de las pruebas. Por ello urge desmontar las Fiscalías seccionales y especializadas destacadas en las guarniciones militares y policiales, ya que su actividad, en la mayoría de los casos ha dado lugar a las violaciones flagrantes del debido proceso y el derecho de defensa.

Finalmente, demandamos que las visitas previstas para este año por parte del Relator Especial de Naciones Unidas para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, el Relator para Ejecuciones Extrajudiciales y la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, incluyan reuniones de trabajo con las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de Medellín, e incorporen la situación de la ciudad de manera específica en sus informes.

Asociación Campesina de Antioquia, Asociación de Institutores de Antioquia, Asociación de Mujeres que Aman Mujeres, Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ, Brigadas Internacionales de Paz Medellín, Cemcaba La Moña, Central Unitaria de Trabajadores Antioquia, Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, Comisión de Derechos Humanos ADIDA, Comité de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, Corporación para la Paz y el Desarrollo Social – CORPADES, Corporación Para la Vida Mujeres que Crean, Corporación Vamos Mujer, Corporación Convivamos, Corporación Educativa Combos, Corporación El Solar, Corporación Jurídica Libertad, Corporación Nuevo Arco Iris, Corporación Penca de Sábila, Corporación Nueva Gente, Escuela Nacional Sindical, Fundación Sumapaz, Grupo Estudiantil Kavilando, Grupo de Trabajo Estudiantil Contracorriente, Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, Habeas Corpus, Instituto Popular de Capacitación IPC, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Redepaz, Red Juvenil de Medellín, Ruta Pacífica de las Mujeres, Universidad San Buenaventura, Unidad Permanente de Derechos Humanos – Personería de Medellín.