1987, Reiteración del asesinato político

“En este país el gobierno tiene para los colombianos, la metralla homicida; y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano”.

Jorge Eliécer Gaitán, 1928

Tras un año de diálogos entre el gobierno de Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), que propendían por una salida negociada al conflicto armado, nace -en noviembre de 1985- la Unión Patriótica (UP), plataforma política desde la que se buscaba impulsar transformaciones sociales, políticas y económicas indispensables en la consolidación de una paz con justicia social.

En medio del compromiso de cese al fuego y tregua, resultado de los Acuerdos de la Uribe, se desarrolla una fuerte actividad organizativa y de sensibilización en veredas, municipios y zonas periféricas de las ciudades hasta reunir a más de tres mil personas de todos los resquicios del país en el Primer Congreso Nacional de la Unión Patriótica, donde se construyó un rompecabezas sociopolítico del país y se delinearon los avances de la UP en cada uno de sus departamentos.

A la propuesta, respaldada por el Partido Comunista Colombiano y algunas vertientes democráticas de los partidos tradicionales, se adhieren sindicatos, grupos estudiantiles, artistas e intelectuales, organizaciones cívicas, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y otras organizaciones populares, así como los guerrilleros de las FARC-EP que se incorporaban a la vida civil.

En marzo de 1986 los Acuerdos de la Uribe son ampliados para incluir explícitamente la obligación del Gobierno de brindar todas las garantías a la Unión Patriótica, prolongar la tregua, y reiterar la voluntad de paz acordada dos años atrás.

El Gobierno, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y las leyes, otorgará a la Unión Patriótica y a sus dirigentes las garantías y seguridades indispensables para que puedan desarrollar, en forma idéntica a la de las demás agrupaciones políticas, su acción tanto proselitista como electoral. El Gobierno hará recaer todo el peso de la ley sobre el ciudadano o la autoridad que conculque sus derechos o niegue, eluda o desconozca las garantías que les corresponden. También otorgará el Gobierno a las FARC las garantías y libertades que requieran para el proceso de incorporación de sus efectivos a la actividad política (1).

La UP participa, entonces, en la contienda política de 1986 logrando posicionar a 14 congresistas para Cámara y Senado, 18 diputados, y 335 concejales. Y dos meses después su primer candidato a la Presidencia de la República, Jaime Pardo Leal, alcanza el 10% de la votación del país, la más alta lograda en la historia de Colombia por un partido independiente.

No obstante los compromisos adquiridos por el Gobierno, meses después de firmar el Acuerdo de Prolongación de La Uribe comenzó el exterminio de militantes, familiares y simpatizantes de la UP. Dos candidatos presidenciales, nueve congresistas, setenta concejales, decenas de diputados, alcaldes, dirigentes de juntas comunales, líderes sindicales, estudiantiles, del sector de la cultura y el magisterio, profesionales y centenares de militantes de base, fueron asesinados y condenados a la indiferencia y el olvido por parte de las instituciones estatales (2). Entretanto los sobrevivientes se han convertido en desterrados, exiliados, refugiados, en fin, en perseguidos por sus filiaciones políticas.

Incansable guadaña

Corría el año de 1987 y cientos de líderes, estudiantes, profesores, políticos y simpatizantes de la UP se movilizaban por la ciudad de Medellín contra los crímenes de lesa humanidad, y al ritmo que se movilizaban eran asesinados de uno en uno, de dos en dos.

El 13 de agosto los principales dirigentes del Comité de Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia, los profesores universitarios Carlos Gaviria Díaz, Leonardo Betancur Taborda, Héctor Abad Gómez, Pedro Luis Valencia Giraldo, y los líderes del magisterio sindicalizado, entre otros, encabezaban una marcha que salía de la Universidad de Antioquia, manifestándose a favor de la vida.

En la mañana siguiente fue asesinado, en su residencia cercana a la IV Brigada del Ejército, Pedro Luis Valencia Giraldo, médico y profesor de la Universidad de Antioquia, reconocido defensor de los Derechos Humanos, militante del Partido Comunista y Senador de la República por el movimiento Unión Patriótica.

El 25 de agosto siguiente fue asesinado el profesor Luis Felipe Vélez, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), cuando ingresaba a la sede sindical. Y en la tarde del mismo día, fueron acribillados en este mismo sitio los médicos y profesores de la Escuela Nacional de Salud Pública y de Medicina de la Universidad de Antioquia, Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur Taborda.

La crudeza de la violencia política cobró la vida de cientos más durante el segundo semestre del 87. Fueron asesinados también Darío Garrido Ruiz y Edison Castaño Ortega, profesor y estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia; José Abad Sánchez, estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Antioquia; Yowaldin Cardeño Cardona, estudiante del Liceo Autónomo de la Universidad de Antioquia; José Ignacio Londoño y Francisco Gaviria, estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Antioquia; John Jairo Villa Peláez, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia; Carlos López Bedoya, profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia; José Ignacio Uribe Londoño, estudiante de la Universidad de Antioquia; Gustavo Franco Marín, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia; Rodrigo Guzmán, médico internista del Hospital San Vicente de Paúl; Orlando Castañeda Sánchez, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia; Marina Ramírez, estudiante de la Facultad de Química Farmacéutica de la Universidad de Antioquia; y el humanista Luis Fernando Vélez Vélez, profesor e investigador de la Universidad de Antioquia.

Hace ya dos décadas y ninguna persona ha sido detenida, juzgada o condenada por estos homicidios, razón por la cual las organizaciones sociales, sindicales y defensoras de los Derechos Humanos continúan denunciando ante la opinión pública los crímenes que vienen cometiéndose desde años atrás en Colombia contra toda oposición posible, y reclamando que se investigue, juzgue y sancione a los responsables.